Superávit en riesgo: la baja de impuestos y la reforma laboral achican el margen fiscal

Para la administración de Javier Milei, el equilibrio de las cuentas públicas sigue siendo el eje central de su programa económico. El objetivo para 2026 es alcanzar un superávit primario del 1,5% del PBI, un nivel levemente superior al registrado en 2025, cuando el resultado fiscal había cerrado con un 1,4% del producto.

Sin embargo, ese objetivo se enfrenta a dos factores que presionan sobre las cuentas públicas: una caída sostenida en la recaudación tributaria y el impacto fiscal de algunas medidas incluidas en la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso.

Aunque en enero el sector público registró superávit -impulsado en buena medida por la venta de las hidroeléctricas del Comahue-, distintos analistas advierten que sostener ese resultado durante el resto del año requerirá nuevos recortes en el gasto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó por ahora avanzar con una reforma tributaria integral. Según explicó durante el 7º Foro de Inversiones & Negocios realizado en Mendoza, cualquier reducción de impuestos dependerá de que aumenten los ingresos fiscales.

"Para bajar impuestos necesitamos que crezca la recaudación", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Siete meses de caída real en los ingresos

El problema es que los recursos tributarios vienen mostrando una tendencia descendente en términos reales. De acuerdo con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la recaudación acumuló siete meses consecutivos de caídas interanuales reales.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que asume una inflación mensual del 2,8% en febrero, estima que ese mes la recaudación habría registrado una caída real del 9,7% interanual.

Si se excluyen los tributos vinculados al comercio exterior, la contracción habría sido del 7,8% en términos reales.

En el acumulado del primer bimestre del año, los ingresos tributarios habrían disminuido 8,7% real interanual, según el análisis elaborado por el instituto que dirige el economista Nadin Argañaraz.

Entre los tributos que más retrocedieron se destacan:

• Derechos de exportación: -40,2%

• Aranceles a las importaciones: -19,6%

• Impuestos internos coparticipados: -17,6%

A su vez, los impuestos vinculados a la actividad económica también registraron bajas en términos reales:

• IVA neto: -12,5%

• Impuesto a los créditos y débitos bancarios: -3,9%

• Contribuciones a la seguridad social: -4,4%

El costo fiscal de la reforma laboral

A la caída en los ingresos se suma el impacto fiscal de algunos cambios introducidos en la Ley de Modernización Laboral.

Según estimaciones de la consultora Invecq, la eliminación de determinados impuestos internos implicaría una pérdida de recursos equivalente a 0,1% del PBI.

Por su parte, la consultora LCG calculó que la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) -que absorberá recursos que actualmente recibe la ANSES- tendría un costo fiscal cercano a 0,28% del PBI.

En conjunto, ambas medidas representarían un impacto de alrededor de 0,38% del PBI, es decir, cerca de 0,4% del producto, lo que reduce el margen disponible para mantener el superávit.

Ajuste del gasto para sostener el resultado fiscal

Frente a ese escenario, el Gobierno continúa profundizando la reducción del gasto público.

Un informe de la consultora Analytica indica que el gasto primario devengado cayó 7,6% real interanual.

Las mayores reducciones se registraron en:

• Programas sociales: -44,8% (sin contar Asignación Universal por Hijo ni asignaciones familiares, que crecieron 6,6%)

• Transferencias a provincias: -29%

• Gasto en personal: -11,8%

Si se analiza el primer bimestre del año, el gasto primario acumula una baja real de 6,1%.

Dentro de ese período, los principales recortes se concentraron en:

• Programas sociales (sin AUH ni asignaciones familiares): -40,7%

• Transferencias a provincias: -39,6%

• Gasto en personal: -8,3%

La apuesta del Gobierno: más actividad y formalización

En este contexto, Caputo sostiene que el aumento de la recaudación deberá provenir de una mayor actividad económica y de la formalización del empleo.

Según el ministro, no fue casual que el Ejecutivo enviara al Congreso en simultáneo la reforma laboral y la llamada Ley de Inocencia Fiscal, destinada a facilitar la regularización de capitales.

El objetivo oficial es que el crecimiento de la economía -sumado a la incorporación al sistema financiero de dólares que hoy permanecen fuera del circuito formal- permita ampliar la base tributaria.

La estrategia del Gobierno apunta a que la recuperación de la actividad llegue antes de que el margen para seguir reduciendo el gasto público se vuelva más estrecho, una condición clave para mantener el superávit fiscal que el equipo económico considera el pilar del programa económico.