Tettamanti defendió la reforma del sector eléctrico

La secretaria de Energía, María Tettamanti, presentó los ejes de la reforma estructural que impulsa el Gobierno nacional para el sector eléctrico, durante la apertura del Renewables & Electricity Day organizado por EconoJournal.

Ante empresarios y referentes del rubro, la funcionaria explicó que los cambios apuntan a restablecer la gestión privada y la competencia en un sistema que, según dijo, "terminó estatizado por exceso de intervención estatal".

"Durante los últimos años, la propiedad quedó en manos privadas, pero la gestión no. Eso derivó en un modelo regulado y descapitalizado. La meta es volver a una privatización plena, con previsibilidad y reglas estables", sostuvo Tettamanti.

La secretaria insistió en que la transformación energética "solo será sostenible si se alinea con una macroeconomía ordenada". En ese sentido, remarcó que las reformas responden a un programa que "cuida el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria".
Consultada por el contexto financiero, afirmó que la volatilidad cambiaria "es transitoria y más política que económica". "No estamos ante un escenario como el de 2018: hoy no hay emisión descontrolada ni riesgo de hiperinflación", aseguró.

Competencia y eficiencia en la cadena eléctrica

Tettamanti explicó que la nueva estructura separará con mayor claridad las áreas monopólicas de aquellas que pueden funcionar bajo competencia. "La energía debe ser accesible, pero no a cualquier costo. Para lograrlo, hay que regular con apego a la ley los segmentos naturales de monopolio y dejar que el resto opere con libertad de mercado", afirmó.

Según la funcionaria, la forma más eficiente de lograr precios competitivos es "a través de la gestión privada y la competencia entre oferentes". Para ello, consideró fundamental garantizar previsibilidad regulatoria y respeto a los contratos: "Los privados necesitan reglas del juego claras para invertir y desarrollar el sector a largo plazo".

Un esquema de doble descentralización

Uno de los pilares de la reforma será la doble descentralización del sistema eléctrico: por un lado, la gestión de los combustibles, y por otro, la contractualización de la energía. "Esto implica redefinir el rol de Cammesa, que dejará de ser el comprador principal, y trasladar mayor responsabilidad a las distribuidoras y a los grandes usuarios", explicó.

En la transición, las distribuidoras tendrán asignada una parte de la generación para abastecer la demanda residencial, pero deberán salir a contratar energía en el mercado para cubrir picos estacionales o segmentos comerciales.
Tettamanti garantizó, sin embargo, que los contratos vigentes del Plan Gas y los PPA actuales serán respetados, y que los nuevos esquemas incluirán opciones voluntarias de migración al ámbito privado.

Cammesa, los grandes usuarios y el rol del Estado

Sobre el rol de Cammesa, la secretaria planteó que la empresa estatal podría intervenir de manera acotada solo en caso de que el sector privado no asuma plenamente el rol de comprador ("offtaker").
"Los grandes usuarios tienen que gestionar su energía. Si vemos que no se mueven en esa dirección, podríamos tomar medidas para garantizar el cobro a los proveedores, pero el objetivo final es que el mercado funcione sin dependencia del Estado", explicó.

La funcionaria insistió en que "la viabilidad de esta reforma depende de mantener la coherencia entre la política energética y la política macroeconómica". Si no hay estabilidad de precios ni disciplina fiscal, advirtió, "ninguna política pública puede sostenerse en el tiempo".

Infraestructura bajo concesión

Tettamanti identificó al sistema de transporte eléctrico como el principal cuello de botella y adelantó que las obras de ampliación se ejecutarán bajo el régimen de concesión de obra pública.
"Próximamente saldrá un decreto presidencial que habilitará este esquema. El adjudicatario deberá conseguir financiamiento, construir y operar la línea, y recuperar la inversión a través de un cargo tarifario pagado por los beneficiarios", detalló.

De este modo, las nuevas obras no se financiarán con fondos del Tesoro, sino con tarifas específicas una vez que entren en servicio. "No serán los impuestos los que paguen la expansión del sistema, sino los usuarios que se beneficien directamente de esas inversiones", precisó.

Para la titular de Energía, la reforma eléctrica representa una de las transformaciones más profundas de las últimas décadas. "No somos dogmáticos, pero estamos convencidos de que el Estado debe dejar de gestionar lo que el mercado puede administrar mejor. El objetivo es recuperar la inversión, la previsibilidad y la eficiencia que el país necesita para crecer con energía competitiva", concluyó.