Invasión de tierras: en Mendoza, no

La invasión y usurpación de tierras es impulsada en la agenda informativa por los verdaderos batallones de invasión que se están produciendo en el conurbano bonaerense, otros sectores de la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia. En Mendoza, Seguridad ya frenó 10 tomas.

Memo

El respeto por la propiedad privada es una de las bases de la convivencia y está consagrado por la Constitución Nacional. Por supuesto que hay corrientes filosóficas e ideológicas que propugnan la colectivización en sentido contrario, pero mientras no cambien la Carta Magna, no cuentan con plafón constitucional: resultan insurgencias delictuales, para quienes el Código Penal les dedica parte de su texto normativo.

La invasión de tierras que se está produciendo en forma organizada en unos casos y por contagio, en forma espontánea en otros lugares del país, acepta una discusión en torno a la carencia habitacional, pero ello no justifica el avance ilegal, sin programación estatal ni palnificación de modo de que el resultado sea positivo para todas las partes en disputa.

En concreto: aquella consigna de "la tierra para quien la trabaja" no vale cuando se trata solo de tomas para instalar habitáculos para gente que no solo no trabajará en esa tierra ni producirá nada, sino que además termina siendo carne de cañón de batallas de otros, ajenas, de dirigentes políticos, sociales o religiosos que los utilizan, una vez más.

Hay que tener en cuenta que no siempre las invasiones que terminan en el delito de usurpación, corren por cuenta de sectores populares, que desconocen la ley y solo saben de sus necesidades insatisfechas y son empujados a actuar. La práctica ha corrido por cuenta de sectores perfectamente informados que se han apropiado de lonjas de tierra precisamente por eso: por manejar con precisión de cirujanos la legislación. Son sectores poderosos, ocultos por lo general a la discusión pública.

En Mendoza han sucedido de las dos. Deben frenarse. Ambas tendencias resultan un escándalo que pone en riesgo la seguridad jurídica y, por lo tanto, la convivencia, las reglas del juego de la democracia.

La Justicia debe estar alerta como lo está el Ministerio de Seguridad que en las últimas semanas ya le puso freno a una decena de tomas, que se centraron en Guaymallén, Las Heras y Luján de Cuyo. Casualidad o no, los tres municipios son gobernados por intendentes de Cambia Mendoza: Marcelino Iglesias, Daniel Orozco y Sebastián Bragagnolo, que no lo han permitido y han reaccionado ante la advertencia del vecindario en torno a estos sucesos.

Pero nada indica que se vayan a frenar, sobre todo cuando la cuestión es impulsada en la agenda informativa por los verdaderos batallones de invasión que se están produciendo en el conurbano bonaerense, otros sectores de la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia.

Hay argumentos de todo tipo en torno al tema y un debate en superficie. Pero no hay posibilidad alguna de legalidad en que se avance en permitir las usurpaciones. Mendoza lo está dejando en claro. En Mendoza, no.

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