La modernización del Estado frente al amedrentamiento sindical
El caso de ATE refleja la decadencia del modelo sindical argentino: resistencia a la modernización, prácticas autoritarias y defensa de intereses corporativos antes que de los empleados públicos. La ciudadanía, en cambio, exige instituciones democráticas, transparentes y al servicio del bien común.
En nuestro país, el modelo sindical vigente data desde mediados del siglo pasado, y hoy atraviesa una profunda crisis de legitimidad y representatividad. Una herramienta que nació para organizar y defender derechos de trabajadores, se ha transformado en un aparato que sirve, en la mayoría de casos, para defender intereses particulares, partidarios y totalmente ajenos a la realidad de los y las trabajadores.
Mendoza cuenta con un caso que manifiesta y ejemplifica esta realidad nacional: la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Hoy esta organización se opone y busca frenar la reforma del Estatuto de Empleado Público impulsada por el ejecutivo provincial, que ya obtuvo media sanción en Diputados y debe ser tratada por el Senado. El foco está en modernizar una norma de 1973, eliminando privilegios basados en la herencia, ordenando indemnizaciones y reconociendo una figura existente pero no reconocida por la norma, la del personal interino. Además, refuerza la necesidad de concursar cargos cumpliento con lo establecido por el marco constitucional de nuestro país, poniendo fin a la idea del Estado como "botín" político del gobierno de turno.
La reacción sindical fue, lamentablemente, la esperada. Amenazas de paros, intento de judicialización y, un despliegue de violencia simbólica a través de "escraches" a legisladores que acompañaron la medida. Con banderas y acusaciones públicas, ATE promueve una práctica de amedrentamiento que se aleja del debate democrático y se asemeja más a métodos fascistas de señalamiento y persecución. Rechazar reformas con argumentos, datos y movilización legítima es parte de la democracia; hostigar y atacar públicamente a representantes electos no lo es. Esta oposición responde así más a la defensa de privilegios y su amenaza de movilización, que a una preocupación genuina por la estabilidad laboral o el funcionamiento de la administración provincial.
La real falta de interés por los trabajadores del Estado por parte del sindicato también se puede ver en el rechazó al aumento anunciado por el Gobierno Provincial (Decreto 1815) de un 3% en septiembre y 3% en noviembre, superior a los de la administración nacional. Frente a la urgencia del contexto, el decreto viene a dar respuestas claras, sin pasar por el capricho político de ATE.
Cabe mencionar que la ciudadanía mendocina ha dado muchas señales que no está dispuesta a tolerar extorsiones y mañas sindicales. Lo vemos, por ejemplo, cuando el transporte provincial no se plegó al paro nacional, garantizando el derecho de estudiantes, trabajadores y familias a cumplir con sus tareas. Mendoza apuesta institucionalmente al orden, a la gestión eficiente y a priorizar el interés general por sobre los privilegios corporativos.
En el fondo de esta discusión, no se trata de eliminar a los sindicatos. El voto no miente, hay un claro descontento con las instituciones tradicionales, con la forma en que funcionan y el cumplimiento insatisfactorio de sus fines. En ese sentido, necesitamos organizaciones democráticas, con transparencia en el manejo de sus recursos y con una verdadera vocación de servicio hacia los trabajadores. El sindicalismo argentino y mendocino deben modernizarse, abrirse a la competencia, terminar con la perpetuidad de dirigentes y abandonar sus métodos de presión autoritaria.
