Según el Cippec, los jóvenes son los más castigados por la falta de empleo

Manuel Mera, director de Protección Social apunta a la mejora de la educación, el desarrollo de habilidades blandas y medidas de incentivo al empleo para solucionar el problema

Desde hace años, los jóvenes enfrentan una crisis de empleo. Según los últimos datos publicados por el Indec, la tasa de desempleo es aproximadamente tres veces mayor entre los jóvenes y las jóvenes de 18 a 24 años (19,5%) en comparación con el promedio de la población (7%), llegando al 21,5% para las mujeres. Además, entre los jóvenes que tienen trabajo asalariado, la informalidad alcanza el 63%, casi el doble del promedio general (36%). Esta situación es preocupante por sus implicancias de corto plazo y por el impacto futuro que tendrá en sus vidas laborales.

¿Cómo podemos abordar esta problemática desde la política pública? La estabilidad macroeconómica no basta por sí sola, aunque constituye un requisito fundamental para avanzar en esta dirección. Abordar los desafíos específicos del empleo joven requiere respuestas diversas, pero coordinadas, dirigidas a superar las distintas barreras que limitan la inserción laboral y la formalización.

Hay varias razones que explican este problema. En primer lugar, las dificultades relacionadas con la educación: solo dos de cada diez estudiantes que comienzan la escuela primaria logran llegar al último año de la secundaria en el tiempo previsto y con un nivel satisfactorio en lengua y matemáticas. En segundo lugar, hay una falta de habilidades blandas, como la constancia, la responsabilidad y la capacidad de adaptación, que son necesarias para desempeñarse en un trabajo.

Para superar estos obstáculos es esencial que los jóvenes tengan la oportunidad de adquirir experiencia laboral y acceder a su primer empleo. Ante esta problemática, en el Cippec planteamos la necesidad de promover una política de empleo joven que coordine los recursos ya existentes en tres grandes áreas: la oferta formativa, los incentivos a la contratación y la coordinación entre el Estado y los actores económicos.

En cuanto a la formación profesional, debe tener lugar tanto en entornos educativos como en puestos de trabajo. Para esto, es necesario fortalecer y coordinar el ecosistema de formación profesional que involucra a centros educativos, empresas y sindicatos. También es crucial aumentar las oportunidades de aprendizaje práctico en ambientes laborales para quienes no están inscriptos en instituciones educativas formales.

La Argentina necesita una legislación eficaz para formar la nueva generación de trabajadores. En la actualidad, la ley 25.013, aprobada en 1998 y actualizada en 2008, establece el contrato de aprendizaje para jóvenes hasta 28 años. Concebida como un instrumento de formación teórico-práctica, su utilización es casi nula en la actualidad. Para que esta norma se convierta en una herramienta efectiva para fomentar la inclusión sin menoscabar los derechos laborales es necesario que la regulación de su uso (puestos de trabajo, cuotas, horarios, incentivos económicos, certificación, etc.) se acuerde a nivel sectorial en los convenios colectivos de trabajo.

Esto garantizará un uso apropiado del contrato de aprendizaje y permitirá adaptarlo a las distintas realidades de cada sector. Además, es fundamental regular y distinguir entre los abusos de la normativa y los errores administrativos, con el objetivo de reducir la litigiosidad injustificada y fomentar la correcta aplicación de la figura.

También es esencial revisar, ajustar y difundir la normativa relacionada con las pasantías en el nivel secundario, con el objetivo de ampliar su uso, especialmente en la oferta de educación secundaria general, garantizando su implementación rigurosa con un enfoque centrado en la protección del bienestar y los derechos de los estudiantes. Esto implica que tanto las empresas como las escuelas deben otorgar un mayor valor al rol del tutor, asignando horas específicas para el seguimiento y apoyo individualizado de cada estudiante durante su pasantía.

Facilitar la participación de estudiantes en entornos laborales reales no solo les brinda conocimientos técnicos específicos vinculados al mundo laboral, sino que también les inculca hábitos, desarrolla habilidades interpersonales, y les familiariza con los códigos y la dinámica organizacional, aspectos cruciales para su futura inserción en el ámbito laboral.

Desafíos inmediatos

Una estrategia de empleo dirigida a jóvenes debe diseñar un camino que, además de garantizar una sólida formación, incluya estímulos para la contratación. Ante los desafíos que plantea la baja empleabilidad juvenil, el Estado puede fomentar su inserción laboral mediante incentivos fiscales, como la reducción de las contribuciones patronales o a través de subsidios que complementen los salarios. Estas herramientas han demostrado su eficacia a través de leyes y programas de promoción a nivel nacional, provincial y municipal, así como en iniciativas similares a nivel internacional.

Dado el contexto de búsqueda de equilibrio fiscal en Argentina, la magnitud y duración de estos incentivos, así como su enfoque, deben ser calculados y consensuados con precaución. De esta manera, los recursos estatales pueden lograr una mayor eficacia y evitar gastos redundantes en grupos que no enfrentan obstáculos significativos para encontrar empleo.

Finalmente, en el Cippec planteamos que las estrategias para promover el empleo logran mejores resultados cuando existe una colaboración entre el Gobierno y los sectores productivos. Establecer un diálogo tripartito institucionalizado para las políticas de empleo es fundamental, debido a su capacidad para fomentar un enfoque inclusivo y equitativo en la toma de decisiones.

Al involucrar a funcionarios, empleadores y trabajadores en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas, se garantiza una perspectiva más amplia y se promueve la construcción de consensos. Esto no solo mejora la efectividad de las políticas al reflejar las necesidades y posiciones de todas las partes interesadas, sino que también contribuye a la sostenibilidad en el tiempo de esas políticas.

Crear empleo y mejorar las condiciones de trabajo son actualmente uno de los mayores desafíos que la Argentina debe afrontar en su lucha contra la pobreza. En un momento en el que se está discutiendo cuáles son los cambios estructurales para promover el crecimiento, consideramos que los jóvenes deben ser prioritarios. Su mejor desempeño redundará en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad.

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