El "pasamanos" minero en Malargüe

En la República y en el corazón de la nueva avanzada minera de Mendoza en particular, parecen haberse convertido en tierra fértil para el uso discrecional del poder.

El manejo de los proyectos mineros en Malargüe, bajo la órbita de la empresa estatal Impulsa Mendoza Sostenible S.A., expone una preocupante dinámica de puerta giratoria. Este mecanismo, que opera bajo amparo político, contraviene el espíritu de la Ley de Ética Pública Nº 8.993 y debilita la confianza de los mendocinos en sus instituciones. En este escenario, la gestión del gobernador Alfredo Cornejo aparece como el eje que sostiene estas prácticas supuestamente turbias.

Como advertía Maquiavelo, el interés propio es un motor natural del hombre; por eso exige vigilancia estricta en quienes gobiernan". El caso del Distrito Minero Malargüe Occidental (MDMO) exhibe justamente lo contrario, un distanciamiento profundo entre el deber y la práctica, donde el interés público se subordina al beneficio privado de unos pocos, en detrimento del bien general.

En Mendoza, un nombre se repite con insistencia en los expedientes del Malargüe Distrito Minero Occidental: APELEG S.A es el núcleo de la sospecha. Detrás de esta firma, no hay una trayectoria centenaria en la industria, sino una historia reciente de transiciones veloces entre el despacho público y el mostrador privado, que pone en jaque la transparencia institucional de la provincia.

El cuestionamiento recae sobre la empresa, cuyos dueños (Julio Pulisich y Antonio Torre) pasaron de ocupar cargos en organismos públicos vinculados a la minería como Potasio Río Colorado e Impulsa Mendoza, a integrar una firma privada que hoy concentra 19 de los 34 proyectos presentados a evaluación ambiental en el MDMO.

Este recorrido despierta legítimas dudas y roza, al menos éticamente, la incompatibilidad. Ex funcionarios con acceso privilegiado o información y contactos que los benefician inmediatamente de las políticas que ellos mismos impulsaron. Más aún, Impulsa Mendoza habría destinado fondos públicos (unos 8 millones de pesos) para estudios ambientales que terminan favoreciendo proyectos de quienes integraron la esfera estatal.

Este mecanismo responde al concepto clásico globalmente conocido de puerta giratoria. Permite que exfuncionarios utilicen información privilegiada y redes de contactos tejidas desde el Estado para beneficio propio. Mientras el Gobierno pregona "seguridad jurídica" y "orden", la arquitectura institucional parece haber diseñado un atajo para que el capital político se convierta, sin escalas, en capital económico es, como señala la doctrina, la negación del principio de imparcialidad y una de las raíces del "tráfico de influencias".

Aunque Mendoza cuenta con la Ley de Ética Pública Nº 8.993, su aplicación ha demostrado ser insuficiente, dejando un marco normativo debilitado. Los artículos referidos a honradez, transparencia y prohibición de obtener ventajas personales quedan vaciados de contenido cuando la experiencia adquirida desde el estado se transforma en recurso comercial inmediato.

La mayor falla es la ausencia de un período de enfriamiento que impida que altos funcionarios pasen directamente al sector privado realizando tareas que antes controlaban. Este vacío legal habilita transiciones rapidísimas como las de Pulisich y Torre.

Como advertía Sófocles: "Nada hay más pernicioso para el hombre que el dinero, semillero de todas las maldades."

La responsabilidad política del gobernador resulta inseparable de este proceso. Su peso político y capacidad de decisión lo posicionan como responsable de la arquitectura institucional, que habilita estos modelos de gestión, que defiende su política minera argumentando "orden" y "seguridad jurídica"

Impulsa Mendoza funciona como un híbrido, con flexibilidad empresarial, pero sin los mecanismos de control que rigen la administración pública tradicional. Esto facilita prácticas discrecionales y oscuras.

La crítica ética apunta a que el gobernador no haya intervenido para prevenir, investigar o sancionar estas situaciones, lo que implica una responsabilidad política directa. La realidad actual es, negocios acelerados y ganancias potenciales concentradas en un conjunto de amigos.

En este Gran Flip Minero, el peligro reside en que estas estructuras, constituidas con capitales ínfimos, quedan posicionadas para "vender" o ceder estas concesiones ya saneadas y aprobadas a corporaciones internacionales por cifras astronómicas. El Estado pavimenta el camino, los exfuncionarios ponen el peaje, y la renta extraordinaria queda en manos privadas sin haber arriesgado capital propio.

Hagamos un repaso sobre la mecánica de las concesiones del MDMO que muestra un esquema que merece averiguación. APELEG SA se constituyó con un capital inicial de apenas 500.000 pesos; el costo de inscripción de sus concesiones rondó los 400.000 pesos. La evaluación de impacto ambiental fue financiada íntegramente por el estado, lo que implicó un costo cero para la empresa.

Resulta difícil ignorar la siguiente desproporción. Una empresa de capital mínimo (pesos 500.000) operada por exfuncionarios, captura 19 proyectos, una vez obtenida la validación estatal se dispara a niveles internacionales. Estimaciones extraoficiales del sector sugieren que cada área podría representar una excedente de hasta medio millón de dólares. El Estado no solo pone la infraestructura y el financiamiento de los estudios, sino que garantiza el escenario para que el capital político se transforme, mediante este pasamanos de concesiones, en una renta extraordinaria privada de dimensiones astronómicas.

Observemos que mientras el Estado invierte millones en estudios, el sector privado (liderado por exfuncionarios) queda posicionado para capturar una renta extraordinaria que, según fuentes del sector, multiplica por cien el capital inicial invertido, sin haber asumido el riesgo exploratorio inicial. Pregunto: ¿cuánto van a ganar ellos y cuánto deja de percibir el Estado?

Este es un proceso con validación de expertos, consultoras como APELEG S.A. intervienen para gestionar y dar forma a los expedientes. Al haber estado "del otro lado del mostrador", estos exfuncionarios supuestamente conocen exactamente qué puertas golpear y cómo sortear los filtros burocráticos que ellos mismos ayudaron a diseñar.

Otros nombres que operaron bajo un manto de impunidad añaden al clima de sospecha, Emilio Guiñazú, exfuncionario vinculado a Potasio Río Colorado e Impulsa Mendoza, mencionado en investigaciones en Brasil vinculadas al caso Odebrecht. Jerónimo Shantal Morsucci, cuya designación en la Dirección de Minería requirió modificar normativas debido a que no cumplía con los requisitos formales, un claro saco a medida. Estos antecedentes refuerzan la idea de un sistema diseñado para favorecer intereses particulares.

Ante este escenario, la mirada se posa sobre Fernando Simón, titular de la Fiscalía de Estado. Si bien el Fiscal ha intervenido ante denuncias ambientales, el foco sobre el conflicto de intereses y el cumplimiento estricto de la Ley de Ética Pública Nº 8.993 sigue siendo una deuda pendiente que lastima la credibilidad del sistema.

La salida requiere acciones concretas e inmediatas:

1) Reforma a la Ley 8.993: Incorporar un período de enfriamiento de al menos dos años para exfuncionarios vinculados a sectores estratégicos.

2) Control institucional efectivo: la Fiscalía de Estado y la justicia deben revisar y auditar las decisiones que beneficiaron a APELEG S.A., evaluando si existió parcialidad.

3) Exigir ética pública real: la ciudadanía debe demandar que el gobierno actúe en defensa del bien común, y no desde un doble rol en el mostrador de los negocios privados

En conclusión, la corrupción, aun cuando se disfraza de legalidad formal, erosiona el desarrollo democrático y deteriora la calidad de vida de los mendocinos.

El Estado no debe estar de los dos lados del mostrador. La ética pública no es un adorno ni una formalidad, es la barrera que protege a la República y la Democracia. Sin ella, lo que llaman "Progreso" no es más que un nuevo nombra para el viejo privilegio.