¿Universidades blindadas? Vaivenes de un sistema esquivo
Ocultamiento de información pública por parte de la Universidad, en el foco del análisis de este domingo de Isabel Bohórquez.
La mejor defensa de la educación pública universitaria radica en un debate honesto, transparente y realmente público de la realidad educativa superior en Argentina.
Y para ello, la gente, los de a pie, los que no son expertos en educación, los que no tienen acceso privilegiado a los datos, el conjunto completo de la sociedad, tiene que saber de qué estamos hablando cuando nos referimos al sistema universitario argentino.
Hace poco más de un mes, el 4 de abril de 2025, se firmó un convenio de colaboración entre el CIN (Consejo Interuniversitario Argentino) y la ONG Argentinos por la Educación. El acuerdo plenario es el 1235-25 y se encuentra en la página web del CIN si se lo sabe buscar... (les sugiero que si va a abrir el link referenciado a pie de página llenen los campos correspondientes con las opciones Convenios- Acuerdo Plenario-N° 1235- año 2025).
Al enterarme de la noticia me puse contenta porque si bien considero que la información pública no debe restringirse a algunas organizaciones que ya tienen suficiente peso como para obtenerla, si no que, por el contrario, debe estar al alcance de todos y ser difundida por medios de acceso popular; el hecho de empezar a discutir sobre datos concretos y transparentar la situación educativa es un buen comienzo para cualquier mejora en la calidad educativa que se procure.
Concretamente el texto del convenio en su anexo, cláusula segunda dice:
El punto F de la cláusula segunda establece que anualmente el CIN se compromete a brindar la base de datos anonimizada (o sea, sin datos personales ni de estudiantes ni de docentes) del sistema SIU Guaraní con el objetivo de realizar investigaciones y aportes a la mejora del sistema educativo. Esta información podría abarcar los últimos 10 años y es de orden público.
¿Qué es el sistema Guaraní?
Un sistema informatizado de gestión académica, que condensa toda la información sobre el registro de los estudiantes, sus actividades, ingreso, cursada, exámenes, etc., así como de la oferta académica y sus docentes.
Esa información del Guaraní de cada universidad se vuelca a un sistema denominado SIU Araucano que es un sistema de información que recolecta y procesa los datos estadísticos de todas las universidades y que es coordinado por la Sub Secretaría de Políticas Universitarias dependiente de la actual Secretaría de Educación de la Nación. Anualmente debiera tenerse acceso a un informe estadístico que es adonde los de a pie con algún interés de acceder a datos públicos, buscamos los mismos para enterarnos de lo que pasa en las universidades argentinas.
No siempre está todo lo que se busca...
A menos de un mes de haberse firmado el convenio, los rectores de las universidades públicas acordaron dar marcha atrás con el convenio y no darán los datos del SIU Guaraní a la Fundación Argentinos por la Educación.
Lo curioso es que se ha dado muy poca difusión tanto al convenio como a la marcha atrás sobre el mismo...
Y aunque hay gente que se pone contenta con esto porque identifica en ello una reacción protectora del sistema y por eso mismo digna de la defensa de la educación pública, yo pienso lo contrario.
¿Por qué no mostrar toda la información, es más, por qué no esmerarse en difundir toda la información concerniente a la oferta académica?: su distribución geográfica (dónde y en cuántas universidades se dicta abogacía por ejemplo), las carreras más elegidas y las menos elegidas, las carreras que se vinculan entre sí (y que pueden ser una reiteración o superposición), las carreras referidas a las nuevas demandas laborales, las carreras tradicionales, las carreras cortas o que se ensamblan con otras de larga duración...los estudiantes que eligen dentro de esa distribución de la oferta, un mapeo estudiantil, su curva de retención o deserción por campo disciplinar y por región, etc.
¿Por qué eludir convenios con organizaciones del sector privado frente a las cuales se las sospecha de mal intencionadas, porque tienen vinculación con algunas empresas o pueden según algunos pretendidamente puristas ideológicos tener un sesgo en la promoción de algunas ofertas? Como si el sesgo solo fuera el empresarial...
La información no debe ser un privilegio de unos pocos.
La información pública debe ser eso, pública. Accesible, amigable para la comprensión de todos, transparente para su análisis y discusión sincera.
Y ya es tiempo de que los sectores privados, las organizaciones civiles y todo cuanto empeño sea útil para la mejora del sistema educativo argentino puedan intervenir en el debate de cómo mejoramos lo que en definitiva pide a gritos un cambio.
Las soluciones no tendrían que apelarse exclusivamente desde el financiamiento educativo para que las cosas sigan como están. Nos debemos una discusión pedagógica, disciplinar, de horizonte productivo, tecnológico, industrial, horizonte de país y de mundo por el bien de todos, principalmente las generaciones más jóvenes.
La universidad pública debe hacer públicos sus datos sin retaceos y abrirse al debate fecundo.
¿Por qué los rectores de las universidades públicas esconden la cabeza como el avestruz?
