Si el voucher solo no alcanza... ¿qué hacemos?

El debate sobre el financiamiento educativo en Argentina ha puesto en agenda un tema solapado en todas las campañas... y gestiones políticas: el mejoramiento en la inversión educativa y la mejor distribución de los recursos.

Primer punto: cumplir la ley y gastar lo que se aprueba

Ya hemos planteado en otros textos[1] el problema del incumplimiento de la Ley de Financiamiento educativo N? 26075[2] sancionada en Argentina en el año 2005.

El voucher solo no alcanza 

Para afrontar la inversión necesaria en educación en principio necesitamos transparentar los datos referidos no solamente a lo que el Estado fehacientemente invierte año tras año en términos de gastos consolidados (salarios por ejemplo) así como nuevos consumos (obra pública por ejemplo) sino también qué proporción de lo aprobado anualmente por ley, tanto a nivel nacional como en las diferentes provincias, se ejecuta al final del ciclo lectivo. Sabemos que en demasiadas ocasiones los presupuestos en educación son sub-ejecutados, gastando por debajo de lo establecido.

Segundo punto: conocer con precisión cómo se distribuye la población estudiantil, qué resultados alcanza e invertir según las necesidades y con aporte privado.

Nuestro sistema educativo adolece de una opacidad significativa en todos los niveles educativos, incluso el nivel superior tanto universitario como no universitario.

Antes que financiar la demanda (los estudiantes) como se discute por estos días -con el tema instalado del voucher educativo- debemos tener un mapa lo más nítido y transparente posible de cuántos son y adónde van los estudiantes en términos de distribución de población educativa. Y si desertan... ¿adónde están? ¿y cómo hacemos para reintegrarlos al sistema?

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Para ello, las provincias tienen que hacer un trabajo minucioso y serio en conjunto con la ayuda de los municipios. Ya que respecto a la escolaridad obligatoria (desde nivel inicial a secundario completo), son las jurisdicciones provinciales las que tienen la responsabilidad de ofrecer el servicio educativo así como financiarlo y ejercer su gobierno.

La tan discutida propuesta del voucher educativo para los niveles obligatorios no tiene viabilidad de ser aplicado ya que no dependen del gobierno nacional. De la única manera en que se podría aplicar es si las provincias acceden a implementarlo y para ello se requiere una reforma legislativa.

Una dificultad adicional es, en ese hipotético caso, que la oferta educativa tiene una distribución geográfica que depende de los recursos de las provincias y en muchos casos la elección de una escuela en pueblos o zonas apartadas parece un absurdo ya que hay pocas escuelas quizá en muchos kilómetros....

Este tipo de elección evoca una idea propia de las grandes ciudades con una oferta mucho más diversificada. Igualmente en esos casos, las distancias entre un barrio y otro, las necesidades de las familias de que la escuela quede cerca de los hogares o del trabajo, etc. definen más la elección de una institución que una supuesta calidad educativa.

La libre elección que se espera alcanzar financiando al estudiante queda supeditada a todo un contexto socio-económico y familiar que el voucher no alcanza a resolver.

Sí me parece indispensable que los gobiernos provinciales y la sociedad en su conjunto acceda a la información sobre la población estudiantil: cuál es la tendencia de la matrícula (ingreso, egreso, repetición, deserción) y adónde deberíamos invertir más para alcanzar mejores resultados y en qué deberíamos invertir.

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Para ello, se requiere la transparencia pública de los datos de las pruebas de calidad educativa discriminados por institución y por ciudad.

Es muy importante saber qué pasa en las escuelas con pocos alumnos o dónde se aprende menos de los objetivos establecidos y si eso se debe a la dinámica interna de la institución o a qué factores. No todas las escuelas son iguales ni tienen la misma capacidad de repuesta a su entorno. Hay escuelas que funcionan bien y otras que no.

La igualdad y equidad no pasa por la indiferenciación. Todo lo contrario, debemos conocer mejor la realidad de cada una de nuestras instituciones y procurar poner en marcha mecanismos sociales tanto del Estado como del sector privado, ongs, etc. para trabajar en conjunto.

El financiamiento educativo debería hacer pie en la información y el seguimiento particularizado para definir responsablemente en qué invertir.

Ahora bien, mientras el presupuesto educativo en Argentina consista mayoritariamente en pagar sueldos...jamás vamos a progresar en educación. Necesitamos invertir en tecnología, en infraestructura, en la mirada al presente y al futuro.

Podríamos considerar seriamente abrir el juego a la inversión privada de los sectores productivos, industriales y comerciales que están requiriendo mejores niveles de formación y capacitación para sus actividades. Un ejemplo de esto sería la derivación de cargas impositivas privadas con destino a la educación. Podemos acordar criterios de inversión donde quienes aportan el dinero también tengan participación social y colectiva.

Dejar al Estado tomar todas las decisiones financieras no nos ha resultado bien. Los acuerdos entre diferentes sectores podría equilibrar la inversión y potenciarla.

Tercer punto: ordenar y optimizar el sistema superior con un horizonte integrado al resto del sistema educativo así como a las regiones de pertenencia

El sistema universitario es el único que está bajo la órbita nacional. Ya dijimos que el presupuesto para su financiamiento se destina en un 85% a sueldos. Eso más los gastos inelásticos (servicios, limpieza, seguridad) dejan muy escaso margen de inversión en otros aspectos necesarios.

¿Qué hacemos?

En principio, también debemos sincerarnos y transparentar la información ante la sociedad.

Nuestro sistema universitario debe ordenar la oferta educativa sobredimensionada, superpuesta y que ha crecido sin mirar las necesidades regionales en muchos casos con carreras de larga duración que obstaculizan su culminación y que podrían tener ciclos básicos comunes con opciones de rápida inserción laboral.

Ya hemos afirmado en otras oportunidades que el problema pedagógico, curricular, de equivalencias dentro del mismo sistema nacional, etc. es el corazón del desafío a afrontar.

También, el cuerpo docente universitario puede protagonizar una ayuda clave para el mejoramiento de la calidad educativa en los niveles precedentes. Es tiempo de profunda crisis educativa y los claustros académicos no pueden mirar para el costado.

Las universidades pueden ser motores de desarrollo regional en más de un sentido y abrir sus recursos a las comunidades así como recibir financiamiento de los sectores privados interesados en algunas áreas del conocimiento.

Con esto quiero decir que más que un problema de inversión educativa, las universidades argentinas tienen que reorganizarse, funcionar mejor, elevar sus tasas de egreso, incorporar más jóvenes, dar respuestas concretas a los problemas de su entorno y mirar el futuro en conjunto.

Todo ello no es cuestión de una elección individual viabilizada a través de un voucher.

Si queremos un país con esperanza cierta de desarrollo necesitamos centros de formación, investigación e innovación fortalecidos y renovados. Necesitamos las universidades, funcionando mejor, menos politizadas y más eficientes. Y para ello, necesitamos invertir.

Los vouchers pueden ser un buen modo de aportarle fondos a las universidades que de todos modos no pueden quedar sin respaldo financiero. Habrá que ir buscando el modelo viable que nos sirva.

Otro punto es el sistema de becas que debe consolidarse para ofrecer reales oportunidades a los que de otra forma no acceden. Actualmente, solo el 2,1 % del presupuesto anual se destina a becas. Y ya sabemos que solamente el 12 % de los jóvenes entre 18-25 años ingresan a las universidades. Esto tiene que cambiar.

La discusión sobre arancel si o arancel no en las universidades estatales para los estudiantes que pueden pagarlo lo dejamos para otro texto.

Lo que sí creo que debemos afrontar entre todos es el desafío siguiente: financiar la educación pública como hasta ahora lo hemos hecho, no alcanza y no repercute en los resultados esperados. Desfinanciarla o vulnerar sus estructuras tampoco ayudará a resolver nuestros problemas.

Habrá que romper la ilusión de lo gratuito inacabable y empezar a construir alternativas que superen dogmas políticos y materialicen la educación que seamos capaces de construir como sociedad.

[1] https://www.memo.com.ar/opinion/el-voucher-solo-no-alcanza/

[2] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley26075-58ad93e7a4641.pdf

LA AUTORA. Isabel Bohorquez es doctora en Ciencias de la Educación.