Adaro le respondió a Cornejo y explicó el porqué de la litigiosidad dentro del sector público

Desde que el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo presentó el proyecto que reforma el Estatuto del Empleado Público, hubo varias críticas al mismo, sobre todo de sectores sindicales y partidos de la oposición. En paralelo, el gobernador acusó a dos ministros de la corte, Omar Palermo y Mario Adaro, de ser "pro-vagos" por fallar siempre en favor del empleado público. Puntualmente Cornejo expresó: "Estamos cansados de que Palermo (Omar) y Adaro (Mario) de la Sala 2 pro-vagos y pro-empleados públicos nos saquen todos los juicios en contra. Nos estamos blindando con una ley para que haya un servicio público de exigencia en el Estado".

En diálogo con "Tenés que saberlo", por Radio Post 92.1, el ministro de la corte Mario Adaro le respondió al Gobernador y explicó el motivo de la litigiosidad de los casos entre empleados y el sector público.

"En otros momentos hemos tenido también la oportunidad, en otras situaciones similares, por otros fallos similares, siempre he pensado que es parte de la tensión entre los poderes y dentro de la democracia: visiones distintas, del equilibrio, la República. El tema es que cuando ya es tan reiterado me empiezo a preocupar un poco más. Siempre lo ponía en el marco de la normalidad, pero cuando es tan personalizado y focalizado es un poco más preocupante en el sentido del equilibrio y de la tensión que tiene que haber entre los poderes normales", señaló Adaro.

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Además, agregó: "Cuando es tan reiterado pasa a dejar de ser normal. Entonces por ahí puede ser un poco más preocupante, entendiendo también que estamos en el marco de una campaña electoral, que siempre en ese marco alguien elige determinados tipos de posturas sobre determinados temas y cree que va hacia un determinado electorado y es entendible", explicó Adaro sobre los dichos de Alfredo Cornejo.

El juez explicó que los funcionarios del Poder Judicial deben resolver en base a sus creencias apegado al derecho y no conforme a lo que necesita el poder político o lo que dicen las redes: "Hace poco tuvimos un encuentro de juicio por jurados y una de las testimoniales que tenía un ciudadano que había venido de Neuquén era lo difícil que había sido resolver un caso y no contaminarse con lo que dice la coyuntura de las redes sociales. No es sólo lo que pide el poder político, sino a veces la coyuntura cotidiana sobre un determinado tema en delitos muy complejos. Uno tiene que resolver conforme a lo que entiende aplicando el derecho. En este caso tiene que ver con empleados públicos, tenemos un gran porcentaje de sentencias que no les reconoce al empleado público la razón".

Adaro atribuyó la situación a la irregularidad existente en los vínculos laborales dentro del Estado: "El exceso del uso de las locaciones de servicio, el exceso del uso de ingresos y egresos que no son por concursos, que un poco también es el leitmotiv del gobernador, que ha tratado de impulsar eso. Nosotros en la justicia desde los noventa se ingresa por concurso, salvo casos particulares. Uno empieza a resolver sobre eso, sobre todas las locaciones: el exceso del uso de tener empleados públicos más de 10 años con una locación de servicio, sobre todo esto se produce cuando hay cambio de gobierno de signos políticos".

Además, señaló que muchos casos están vinculados a la forma en la que se aplican las sanciones o las remociones: "A veces el objetivo está bien, hay razón para remover tal empleado público, porque a veces es tan público y obscena la conducta, que está bien, hay que removerlo. Pero para llegar a ese fin, uno tiene que hacer un debido proceso: no porque el fin está bien, uno lo tiene que remover. Imaginemos que encontramos un empleado público robando o reiterado uso abusivo de su cargo cargando combustible, un caso típico. Lo puedo encontrar, pero yo tengo que constatar, tengo que darle derecho a defensa. Entonces esos pasos, que a veces parecen lógicos, se hacen mal. El Estado en general lo hace mal, lo hacemos mal. Entonces a veces pasa que nos llegan estos casos ‘¿y cómo puede ser que tengamos que reinstalarlo y pagarle salario por el tiempo perdido?'. Y sí, no lo dice Mario Adaro u Omar Palermo, lo dice un sistema legal de normas de protección".

El ministro de la Corte se mostró en línea con la reformulación del Estatuto del Empleado Público y propuso sumar otros actores como los gremios: "Creo que los estatutos lo que fijan son pisos mínimos de funcionamiento, pero también es muy interesante, aunque sé que a mucha gente no le gusta por formación, el proceso de complementar esas bases con un acuerdo democrático de debate entre los gremios. También el proceso de convenio colectivo ayuda a adaptar. El problema es que a veces las herramientas del convenio colectivo son más de conflicto que de ver el futuro para mejorar el servicio público y mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Corto camino, instalo un estatuto y no debato".

Frente a la amenaza de que esto se vuelva corporativo por la presión de los gremios, Adaro marcó que hay muchos que sí dan la posibilidad de pensar un modelo distinto: "El Poder Judicial de Mendoza tiene una ley orgánica que tiene más de 100 años, para otro tipo de servicios de Justicia. Ahora estamos en una etapa de debate, de convenio colectivo para complementar el Estatuto del Empleado Público, que puede prever trabajo por objetivo, trabajo híbrido, la posibilidad no sólo de la antigüedad, sino también de la capacitación y de la evaluación, tres ejes fundamentales".

Además, destacó que muchos empleados no saben cómo hacer carrera dentro del Estado: "¿Cómo hago yo para generar incentivos para que de verdad haya, como en cualquier lugar del mundo, una carrera del funcionariado público? ¿Es sólo antigüedad? No, tenemos que tener capacitación, nuevas habilidades, nuevos perfiles, también evaluación. Me parece que en esos caminos el Estatuto puede fijar las reglas básicas que todos queremos como sociedad, que tiene que tener el empleo público, y creo que la herramienta del convenio colectivo no sólo tiene que ser de protección del estatus quo, sino de pensar hacia dónde se tiene que ir porque si no, no hay carrera. Nadie puede decir hoy que cree que sabe cómo es su carrera dentro del Estado".

Finalmente, Adaro explicó que existen muchos casos de empleados contra el Estado porque no hay instancias intermedias luego de los procesos administrativos: "Sobre todo en los cambios de gobierno hay mucha litigiosidad, y la otra situación particular que se da en Mendoza es que todo reclamo de los empleados públicos, la única instancia judicial que hay es la Corte, no hay instancias anteriores. En otros lugares hay cámaras administrativas y después uno llega a la Suprema Corte. Si se agota la vía administrativa, el debate con el Estado, entra directo. Eso ha hecho un cúmulo de trabajo y también nosotros estamos con tiempos muy largos sobre resolución de estos conflictos. Estamos resolviendo conflictos hace tres, cuatro años, tendría que ser mucho más rápido", concluyó.