Por qué es falaz el argumento de Argentina de no condenar en la OEA a Nicaragua

La Argentina argumentó que no condenó las atrocidades del régimen del matrimonio Ortega Murillo en Nicaragua por respetar el principio de "no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos". En un comunicado, condenó sin embargo a la OEA, que reclamó la liberación de los opositores encarcelados.

Argentina y México, integrantes de un nuevo eje político denominado Grupo de Puebla, subsidiario del Foro de Sao Paulo en el que abreva el chavismo, se negaron a condenar la violación de los derechos humanos en Nicaragua, en donde más de una docena de opositores fueron encarcelados en pleno proceso preelectoral para elegir a los sucesores de la pareja presidencial integrada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

La Organización de los Estados Americanos había dado curso al pedido en ese sentido planteado por Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú.

La propuesta consiguió el voto de 26 de los 34 Estados miembro y condenó las detenciones de los dirigentes opositores en la previa de las elecciones presidenciales, pero también condenó al gobierno de Daniel Ortega por no implementar las reformas electorales solicitadas desde la OEA.

Fue esto último lo que Argentina y México rechazaron. El gobierno de Alberto Fernández consideró que se trata de una injerencia en asuntos internos de otros países. Y el embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich, hermano del gobernador Jorge Milton, exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, se muestra en las redes en amistosos gestos con los gobernantes que están clausurando la vigencia de las normas de libertad democrática.

Sin embargo, este argumento no deja de ser una excusa, debido a que se exhibe y utiliza en unas ocasiones, y se lo olvida en otras.

- Este "principio de no intervención en asuntos internos de otros pueblos" no vale cuando es un organismo multijurisdiccional, como la OEA, la que lo esgrime justamente porque ha detectado un proceso tramposo en Nicaragua, en donde el régimen de Ortega acomodó la legislación a sus intereses de perpetuarse en el poder. Y justamente lo que las naciones democráticas de América están pidiendo es que se les permita a los opositores competir por la presidencia.

- Pero además, el presidente Alberto Fernández acaba de ser reprendido por el gobierno de Francisco Sagasti en Perú, ya que se metió en los asuntos internos de ese país al felicitar, por anticipado, a uno de los dos contendientes electorales, el maoísta Pedro Castillo, cuando esa nación debe resolver todavía el escrutinio de un empate técnico y afronta una crisis sociopolítica como consecuencia de este resultado. Allí Argentina evitó hacer uso del principio de no injerencia en asuntos internos de otros pueblos.

- Había sucedido algo similar cuando se metió en la campaña electoral de Uruguay. Es cierto que fue en noviembre de 2019 cuando ya era presidente electo de Argentina pero no había asumido. Sin embargo, la delicadeza de la normativa esgrimida con tanta fuerza para defender a Ortega no se sostuvo para evitar meterse con la campaña presidencial uruguaya, en contra -en este caso y por razones ideológicas- de Luis Lacalle Pou.

Los "principios" a los que se aferra la Cancillería para evitar condenar a regímenes que son evidentemente autoritarios, se vuelven resbalosos cuando tienen que respaldar a un aliado ideológico. Esto, sin embargo, debería ser un desliz institucional digno de ser analizado por algún tribunal ya que desde el momento en que el Presidente asume el cargo y sus responsabilidades, deja de ser solo el exponente de un partido o idea política, sino que es el gobernante del conjunto.

Alberto Fernández, a la vez de ser formalmente el presidente del Partido Justicialista, ejerce ese mandato desde el Sillón de Rivadavia, lo que vuelve confuso si sus decisiones son producto de las decisiones de un partido político o de la política exterior de toda la Argentina, algo que debiera superar las visiones y militancias sectorizadas.

Por ejemplo, el Partido Justicialista y el gobierno argentino acompañan el centenario del Partido Comunista Chino (PCCh) en donde sí gobierno y partido es la misma cosa, a diferencia de lo que establece la Constitución argentina. ¿Cómo podrá la Argentina al menos durante sus gobiernos condenar los abusos a los derechos humanos, las persecuciones y prohibiciones a su pueblo y hasta el no reconocimiento de derechos asumidos como propios por Argentina, como los del matrimonio igualitario y las cuestiones de género?

Igual con otras naciones contra las cuales los organismos internacionales como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU -con la socialista chilena Michel Bachelet al frente- han manifestado sus quejas por situaciones de violencia inusitada y organizada, sistemática, para perseguir a opositores, detener, asesinar y desaparecer personas, como Venezuela.

Representa, en palabras del periodista Carlos Pagni, "una falta de respeto a la evidencia" en función de levantar banderías partidarias, olvidándose del sufrimiento de los pueblos.

Es falaz la argumentación utilizada para justificar no haber condenado al gobierno de Nicaragua desde el momento en que no es una norma que funciona rígidamente con cualquier caso, sino en forma selectiva.

En su argumentación, la Cancillería deslizó un breve argumento en reclamo de la liberación de los opositores, pero dejó el núcleo de su comunicado para condenar al ente de control, la OEA, en una posición de activa militancia en contra de que se garanticen los procesos democráticos en los países que se salen del carril del respeto por los derechos humanos. Esta actitud, habiendo sido Argentina víctima de procesos similares e el pasado y habiendo requerido el apoyo de otros países para salir de las atrocidades de la dictadura cívico militar, no solo deja en evidencia lo falaz del argumento del gobierno argentino, sino de su cinismo.

Este fue el comunicado argentino al justificar su voto sobre Nicaragua:

La República Argentina y México, comprometidos con el respeto y la promoción de los derechos humanos desde una concepción integral dentro de la cual están contenidos los derechos civiles, políticos y electorales -además del inalienable valor de la igualdad y los derechos económicos y sociales-, manifiestan su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua. Especialmente, por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados. Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta.

No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia. Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales. En este contexto, no nos fue posible acompañar el proyecto de resolución puesto a consideración hoy en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es perentorio que la OEA retome el espíritu constructivo de su Carta. Agradecemos el esfuerzo negociador de algunos Estados miembros y hacemos un nuevo llamado a restablecer el diálogo interamericano.

Expresamos nuestra disposición plena para colaborar constructivamente. Estamos convencidos de que esta situación será superada por las y los propios nicaragüenses, resguardando la convivencia pacífica, la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto de todos los derechos humanos.

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