Argentina reclama a la Corte Penal Internacional acelerar la causa Venezuela y pide detener a Maduro y Cabello
En la apertura de la conferencia anual en La Haya, el gobierno de Javier Milei exigió medidas urgentes ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen chavista y reiteró su pedido de arresto para los máximos dirigentes venezolanos. Hubo un cruce diplomático con el representante de Caracas.
En un pronunciamiento inusualmente duro frente a la comunidad internacional, Argentina reclamó en La Haya que la Corte Penal Internacional (CPI) avance sin demoras en la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y ejecute las órdenes de arresto pendientes contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, señalados como jefes del régimen chavista.
El mensaje fue transmitido por el embajador argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, durante la apertura de la conferencia anual del tribunal, donde los Estados parte debaten el estado de las causas en curso y los desafíos en materia de cooperación judicial. Su intervención dejó a la Argentina por fuera del consenso general del plenario, una posición que el diplomático justificó por la falta de avances concretos en el expediente venezolano desde que la fiscalía cerró el examen preliminar en 2021.
Sadofschi advirtió que la situación se agravó luego de las elecciones de julio de 2024, consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional. Remarcó que las detenciones arbitrarias, torturas y otros crímenes contra la población civil continúan sin que haya respuestas efectivas del tribunal. "La gravedad del cuadro exige acciones inmediatas, entre ellas el dictado de órdenes de arresto para los responsables máximos", sostuvo.
El embajador aclaró que la decisión de Argentina de no bloquear la declaración general de la asamblea no debía interpretarse como un gesto hacia Venezuela. "Nuestro país no puede ser considerado parte de una resolución que relativice lo que ocurre allí. Pedimos que esta disociación conste en actas", enfatizó en un segundo uso de la palabra.
La firme postura argentina generó una reacción inmediata del representante venezolano en La Haya, Héctor Constant Rosales, quien acusó al gobierno de Milei de "politizar" la conferencia. El diplomático chavista calificó a la delegación argentina como "falso defensor de los derechos humanos" y llamó a concentrarse en los debates técnicos del tribunal.
Sadofschi respondió de manera tajante, rechazando las acusaciones y reiterando que la Argentina no puede ignorar "la realidad de los crímenes que se cometen en Venezuela", donde persisten denuncias de persecución política, represión y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Subrayó que la postura argentina es una reafirmación de su compromiso con la CPI y con los mecanismos multilaterales para evitar la impunidad.
El gobierno argentino insistió en que la actuación del tribunal es clave para impedir que el caso venezolano se convierta en un ejemplo de inacción internacional. También reclamó que los Estados miembros aceleren los procedimientos para hacer efectivas las órdenes de arresto que pueda dictar la Corte.
El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo
Al margen de las intervenciones formales, la situación bilateral entre Buenos Aires y Caracas continúa atravesada por el encarcelamiento del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela bajo acusaciones consideradas infundadas por su familia y organismos de derechos humanos. Gallo permanece en prisión en condiciones poco claras, y su caso es motivo de preocupación constante para la Cancillería argentina. El país reiteró la necesidad de que se garantice su integridad física y se avance hacia su liberación, un reclamo que también apunta a sumar presión internacional sobre el gobierno de Maduro y Cabello.
