El oficialismo acelera la autonomía municipal y busca sancionarla la próxima semana

Con mayoría en comisión, Cambia Mendoza apunta a dictaminar en el Senado y llevar la enmienda al recinto el martes 12. El peronismo pide frenar el debate hasta que se expida la Corte.

La discusión por la autonomía municipal en Mendoza entra en una fase clave dentro de la Legislatura. Este miércoles, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado -recientemente conformada y con mayoría oficialista- se reunirá para avanzar con el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados. El objetivo de Cambia Mendoza es emitir despacho favorable y habilitar su tratamiento en el recinto el próximo martes 12, con la intención de convertirlo en ley.

Al igual que en la Cámara baja, el oficialismo apuesta a un trámite rápido para la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, que declara la necesidad de modificar el artículo 197 de la Constitución provincial. El cambio apunta a otorgar a los municipios la posibilidad de redactar sus propias cartas orgánicas, en medio de la controversia generada por el intento de San Rafael, actualmente suspendido por la Justicia tras una presentación del propio Gobierno.

El proyecto ya consiguió en Diputados los dos tercios necesarios para avanzar y fue girado al Senado con modificaciones relevantes. Entre ellas, se eliminó la obligación de que la Legislatura apruebe las cartas orgánicas municipales, estableciendo en su lugar un sistema de notificación dentro de los 30 días posteriores a su sanción. Además, se incorporó el compromiso de avanzar en una futura ley de regionalización que reorganice el esquema territorial de los municipios.

Este último punto fue clave para sumar apoyos del sector difonsista en la Cámara baja, un respaldo que el oficialismo ahora busca replicar en la Cámara Alta para garantizar la aprobación definitiva.

Desde el peronismo, que esta semana conformó el interbloque Encuentro Mendocino junto a La Unión Mendocina, no descartan presentar un dictamen en minoría. Sin embargo, su principal planteo es postergar el tratamiento hasta que la Suprema Corte resuelva el conflicto judicial abierto en torno a la autonomía en San Rafael.

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En ese espacio advierten que avanzar con la reforma mientras el tema está judicializado podría implicar una irregularidad institucional, al modificar un aspecto que aún está bajo análisis del máximo tribunal. El oficialismo, en cambio, sostiene que la iniciativa tiene un alcance general sobre los 18 municipios y que no interfiere con el caso puntual del departamento sureño.

Otra de las objeciones del PJ apunta a la inclusión de una futura ley de regionalización. Según esa interpretación, podría entrar en conflicto con disposiciones constitucionales vigentes, particularmente en lo referido a la conformación de los Concejos Deliberantes, lo que abriría la puerta a cuestionamientos de inconstitucionalidad.

Más allá de esas resistencias, el escenario en el Senado aparece favorable para Cambia Mendoza. La comisión LAC -la única ya integrada bajo la nueva correlación de fuerzas- cuenta con mayoría alineada al Ejecutivo, lo que permitiría avanzar con el dictamen sin mayores obstáculos.

Si ese paso se concreta, el proyecto quedará en condiciones de ser debatido el martes 12 en el recinto, donde requerirá nuevamente el respaldo de los dos tercios para su aprobación. Un número que el oficialismo asegura tener garantizado.

En caso de sancionarse, la enmienda constitucional no entrará en vigencia de inmediato. El siguiente paso será su ratificación mediante consulta popular, prevista para las elecciones provinciales de 2027. Solo si obtiene el aval de la mayoría del electorado, el Ejecutivo podrá promulgarla.

A partir de allí, cada municipio tendrá la potestad -no la obligación- de avanzar en la redacción de su carta orgánica. Ese proceso demandará mayorías especiales similares a una reforma constitucional, por lo que las primeras implementaciones concretas podrían recién materializarse después de 2029.

El texto en debate establece que las comunas podrán organizar sus instituciones y competencias dentro del ámbito local, sin invadir atribuciones provinciales ni nacionales. También fija límites a la creación de tributos municipales y garantiza la participación de los municipios en el régimen de coparticipación.

De este modo, la reforma busca sentar las bases de un nuevo esquema institucional para los gobiernos locales, en un proceso que, más allá de la inminente votación legislativa, todavía tiene varias etapas por delante antes de su aplicación efectiva.

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