Boric dejaría a 54 mil empleados estatales nuevos

La propuesta del Ejecutivo para modificar las condiciones de desvinculación de funcionarios públicos continúa generando controversia política. El punto más cuestionado es la norma que el Gobierno busca incorporar en la ley de reajuste del sector público y que establece nuevas exigencias para la no renovación de contratos en organismos estatales.

El cambio central es que la decisión de poner término a un contrato deberá estar respaldada por un acto administrativo debidamente fundado, con exposición clara de hechos y argumentos jurídicos. Además, la medida exige que los criterios utilizados sean objetivos y comprobables, descartando que baste una referencia genérica a "necesidades del servicio" sin sustento concreto.

Actualmente, la mayoría de las desvinculaciones en el sector público se formalizan justamente bajo esa causal, sin necesidad de acompañar antecedentes específicos. Con la nueva redacción, ese mecanismo quedaría acotado, elevando el estándar para justificar despidos.

La iniciativa también incorpora un nuevo derecho para los funcionarios con al menos dos años continuos de servicio, quienes podrán recurrir a la Contraloría General de la República para reclamar eventuales vicios de legalidad si su contrata no es renovada.

Desde la oposición -y también desde sectores del oficialismo- surgieron críticas que apuntan a que la norma busca blindar a funcionarios incorporados durante la administración del presidente Gabriel Boric, dejando un margen reducido de maniobra a un eventual próximo gobierno.

Un cálculo elaborado por el centro de estudios Horizontal, a partir del Informe Trimestral de Recursos Humanos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), estima que 32.767 funcionarios a contrata ingresaron al Estado durante la actual administración y serían directamente beneficiados por la medida.

De ese total, 22.949 corresponden al sector Salud, 4.688 a Educación y 1.825 a gobiernos regionales. También se registran 988 incorporaciones en el Ministerio de Obras Públicas, 693 en Desarrollo Social, 398 en Defensa, 327 en Agricultura, 291 en Trabajo y 154 en Vivienda.

El Ministerio de Hacienda muestra un incremento de 818 funcionarios a contrata durante este período, mientras que Medio Ambiente suma 119. En Energía ingresaron 113 personas, en Relaciones Exteriores 93, en Economía 88, en Deporte 80, en Cultura 79, en Transporte 77 y en la Segegob 62. Bienes Nacionales registra 29, Segpres 24, Justicia 20, Mujer 9 y Minería 4.

En contraste, el Ministerio del Interior presenta una reducción neta de 1.305 funcionarios a contrata, mientras que Presidencia registra una baja de 10. El Servicio Electoral disminuyó su dotación en nueve personas. En el Congreso, en cambio, se sumaron 41 funcionarios bajo esta modalidad, y en la Contraloría General de la República, 65.

Si se considera el total de funcionarios a contrato incorporados en la actual administración -incluidos quienes no cumplirían los requisitos para acceder al reclamo- la cifra asciende a 54.699 personas, de las cuales 29.216 están en Salud y 17.884 en Educación.

"El 59,9% de los funcionarios a contrato que ingresaron durante este gobierno cumpliría el requisito de dos años de antigüedad en marzo de 2026, por lo que, de aprobarse la norma, podrían alegar vicios de legalidad en sus desvinculaciones", explicó Alfonso España, investigador de Horizontal.

Para el analista, el acuerdo entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público no solo condiciona a la próxima administración, sino que además deja sin resolver el problema estructural: la falta de actualización del Estatuto Administrativo, que rige el empleo público en Chile.