Gasto rígido y margen acotado: los desafíos del Presupuesto 2026 para sostener el superávit

Tras semanas de tensión política y negociaciones cruzadas, el presidente Javier Milei confirmó que no vetará el proyecto de Presupuesto 2026 si es aprobado por el Congreso, pero dejó en claro que avanzará con recortes en las partidas necesarias para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas. El objetivo central, reiteró, es sostener el déficit cero el año próximo, una meta que, según economistas, enfrenta serias limitaciones estructurales en el gasto del Estado nacional.

El escenario se complejizó luego de que el oficialismo intentara incluir en el capítulo 11 del proyecto la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la emergencia en discapacidad. Esa maniobra fracasó en la Cámara de Diputados y, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esas normas implican un costo fiscal de entre 0,23% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y entre 0,22% y 0,42% del PIB en 2026.

En ese contexto, durante la madrugada del 18 de diciembre, en la Casa Rosada se evaluó incluso la posibilidad de que el Gobierno vetara su propio Presupuesto. Finalmente, esa alternativa fue descartada. El equipo económico consideró clave enviar una señal de gobernabilidad al mercado y preservar artículos estratégicos del proyecto, entre ellos los que habilitan operaciones de canje de deuda sin ajustarse a los límites de la Ley de Administración Financiera.

Las dudas terminaron de disiparse el domingo por la noche, cuando Milei aseguró en una entrevista televisiva: "Nosotros tenemos presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Esa es la política central". En el texto enviado al Congreso, el oficialismo proyecta para 2026 un superávit primario de 1,5% del PIB, pese a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece una meta más exigente, del 2,2% del PIB.

"Sin subir impuestos, no es trivial la forma de conseguir el superávit fiscal. Hay un límite moral de lo que se puede hacer y lo que no", agregó el Presidente en diálogo con LN+. Esa definición abrió el interrogante sobre qué rubros del gasto podrían ser ajustados para cerrar la brecha.

Desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) advierten que el margen es muy reducido. "No veo mucho espacio: es un desafío significativo encontrar dónde puede haber una reducción compensatoria sin generar desequilibrios", sostuvo Guido Rangugni, vicepresidente de la entidad. Según explicó, el resultado financiero del Presupuesto 2026 está prácticamente equilibrado, pero contiene partidas subestimadas, especialmente en el gasto previsional.

"El 50% del gasto está explicado por jubilaciones y pensiones, que tienen una lógica de actualización automática vinculada a la inflación. Es una estructura muy rígida", detalló Rangugni. Si bien la inflación actual ronda el 2% mensual -lo que implicaría cerca de un 25% anual-, el gasto previsional proyectado quedó por debajo de lo que efectivamente se ejecutará.

De hecho, el gasto previsional al cierre de 2025 ya supera el nivel previsto para 2026. "Incluso si la inflación del año próximo fuera la proyectada, que fue demasiado optimista, hay entre 5 y 6 puntos de subestimación en ese rubro", alertó el especialista. Por eso, el ajuste debería buscarse en otros componentes del presupuesto.

Los subsidios económicos, por ejemplo, ya registraron una fuerte caída durante 2025. Las transferencias a las provincias, en tanto, crecieron levemente este año, pero desde un piso muy bajo tras la fuerte retracción de 2024, por lo que tampoco ofrecen demasiado margen fiscal.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) analizó el impacto del rechazo del capítulo 11 en Diputados y calculó que el gasto primario inflexible pasaría de representar el 9,32% del PIB al 9,82% del PIB en 2026. Para compensar, el gasto primario flexible debería reducirse del 5% al 4,5% del PIB.

En un esquema de recortes proporcionales, la masa salarial del sector público sería el rubro con mayor aporte al ajuste, con una contribución estimada de 0,19 puntos porcentuales del PIB. Le seguirían los programas sociales y los subsidios energéticos, con 0,07 puntos del PIB cada uno, y luego los gastos en bienes y servicios, con 0,06 puntos del PIB.

Desde ASAP también señalaron posibles recortes por vía administrativa. "Hubo un intento de reducir transferencias al sector privado, como asignaciones familiares, que no se actualizan por inflación sino de forma discrecional", explicó Rangugni. Para otros economistas, el ajuste será una decisión más política que técnica. "Está claro que no habrá suba de impuestos", afirmó un analista de una consultora privada bajo reserva.

Si bien el Gobierno destaca públicamente que es el que más impuestos redujo, en el mercado advierten que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó medidas para sostener la recaudación, como limitar la actualización de quebrantos por inflación o elevar multas automáticas.

Hay, sin embargo, quienes creen que todavía existe margen si se mejora la gestión. "Se detectaron cientos de miles de pensiones por discapacidad cobradas por personas fallecidas. Corregir eso no depende de la ley, sino de una administración eficiente", señalaron fuentes del sector. La revisión de esas pensiones estaba a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo ex titular, Diego Spagnuolo, quedó envuelto en una causa judicial por presunto direccionamiento en la compra de medicamentos.

Otro capítulo sensible son los llamados gastos tributarios, es decir, los ingresos que el Estado deja de percibir por exenciones y beneficios impositivos. Para 2025, el Ministerio de Economía los estimó en 3,54% del PIB: 3,10% vinculados a normas impositivas y 0,43% a regímenes de promoción económica.

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, anticipó que la futura reforma tributaria pondrá el foco en ese punto. "Hay que revisar los regímenes promocionales, porque cada uno implica un gasto tributario que debe estar asociado a una política pública clara y a una necesidad concreta", afirmó la funcionaria.