El negocio multimillonario de las cárceles privadas tras las deportaciones masivas de Trump
Las empresas privadas Geo Group y CoreCivic, encargadas de la gestión de la mayoría de los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, atraviesan una etapa de crecimiento acelerado. Sus acciones aumentaron un 76% y un 75%, respectivamente, tras la victoria del expresidente Donald Trump en noviembre, lo que anticipa una nueva ola de detenciones masivas.
Dulce Atahuaman Carhuancho, una joven peruana de 21 años, llegó al South Louisiana ICE Processing Center (SLIPC) en busca de asilo político tras ser detenida en Arizona. Sin embargo, lo que siguió fue una cadena de hechos preocupantes. Después de pasar un mes en detención, fue trasladada de urgencia al Hospital Oschner Lafayette General con una hemorragia cerebral y múltiples hematomas. Según una demanda presentada contra Geo Group, la empresa que gestiona el centro, los médicos encontraron indicios de abuso sexual y trauma físico significativo.
Aunque Carhuancho sobrevivió, sufrió daño cerebral severo. Actualmente, tiene dificultades para caminar sin ayuda y aún no recuerda lo sucedido dentro del centro de detención. Geo Group, valuada en 5.000 millones de dólares, ha negado cualquier responsabilidad y ha entregado a la justicia documentación mínima sobre el caso.
Denuncias reiteradas y fallas sistemáticas
El caso de Carhuancho no es aislado. Una revisión realizada por Forbes de más de 20 demandas presentadas contra Geo Group y CoreCivic en el último año revela acusaciones recurrentes de negligencia, escasez de personal y condiciones inhumanas en sus instalaciones. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) informó que, entre 2017 y 2021, al menos 31 inmigrantes murieron en centros gestionados por estas compañías, y que el 95% de esas muertes eran evitables.
En 2018, Geo Group fue sancionada por deficiencias en la atención médica en su centro de detención de Aurora, Colorado, tras la muerte de un detenido que no recibió tratamiento adecuado para su trastorno por consumo de opioides. Por su parte, CoreCivic ha enfrentado multas por incumplir con las normas de prevención del suicidio, luego de dos casos fatales en una prisión de Georgia.
Un negocio en auge con la política migratoria de Trump
La promesa de Trump de llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos representa una oportunidad sin precedentes para estas empresas. Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que el 90% de los detenidos por el ICE se encuentran en prisiones privadas, de las cuales CoreCivic y Geo Group controlan el 80%.
El CEO de Geo, George Zoley, celebró la victoria de Trump en una reunión con inversores, asegurando que la postura del entonces presidente electo permitiría una expansión sin precedentes de sus servicios. En 2019, durante la administración Trump, ambas compañías alcanzaron ingresos récord, con 1.980 millones de dólares para CoreCivic y 2.480 millones para Geo. Con Biden, en 2023, las cifras se mantuvieron casi iguales, lo que evidencia la estabilidad del negocio, independientemente del gobierno en turno.
Ahora, con el regreso de Trump al poder, estas empresas han presentado nuevas propuestas de contrato al ICE para ampliar la capacidad de detención. Recientemente, Geo obtuvo un acuerdo por 20 millones de dólares y CoreCivic otro por 6 millones, sentando las bases para lo que podría ser una detención masiva de hasta 11 millones de inmigrantes.
Condiciones insalubres y corrupción en los centros de detención
Las inspecciones y reportes de diversas organizaciones han señalado deficiencias graves en estas instalaciones. Un informe de la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes en 2022 halló falta de personal médico, condiciones insalubres y fallas en la planificación de emergencias en el SLIPC, el mismo centro donde Carhuancho sufrió sus lesiones.
Además, en el Centro Correccional del Condado de Cibola, gestionado por CoreCivic en Nuevo México, el FBI detectó un tráfico de drogas de gran magnitud dentro de las instalaciones. En una demanda por homicidio culposo, un guardia admitió haber dormido en su auto entre turnos de 16 horas debido a la falta de personal, lo que pone en evidencia las condiciones precarias dentro de estas prisiones privadas.
El futuro incierto de los inmigrantes detenidos
Mientras el modelo de detención privada sigue en auge, la situación de personas como Dulce Carhuancho queda en un limbo migratorio. Sus abogados afirman que, aunque el ICE no ha iniciado su deportación, su estatus aún no está definido. Sin embargo, con la nueva administración de Trump, el panorama podría cambiar drásticamente.
El creciente poder de las prisiones privadas y sus contratos multimillonarios con el gobierno ponen en tela de juicio la capacidad de Estados Unidos para manejar la crisis migratoria de manera ética y justa. Con las denuncias en aumento, la gran pregunta es: ¿quién rendirá cuentas por los abusos dentro de estas cárceles privadas?
Forbes EEUU
