Desde el Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza criticaron fuertemente la gestión en el sector

Lo sucedido en las últimas horas en relación a los escándalos destapados en la Agencia Nacional de Discapacidad trajo nuevamente a discusión la situación que atraviesan las personas con discapacidad en el país. Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza, habló con "Tenés que saberlo", por Radio Post 92.1, y señaló que los problemas vinculados al área de discapacidad son transversales a todos los niveles del Estado, apuntando contra el presidente Javier Milei, el exgobernador Rodolfo Suarez y los gobiernos municipales.

"Somos una organización de personas con discapacidad de la provincia de Mendoza, donde tenemos mucha colaboración de familias y de profesionales que acompañan el trabajo territorial que hacemos en el Observatorio. Es importante también saber que la normativa internacional, hablo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 33 habla de que las organizaciones de personas con discapacidad debemos denunciar la vulneración de derechos y el no cumplimiento de la convención en la Argentina, que el país adhiere y le da rango constitucional", contó Bascuñan.

La coordinadora señaló que la organización tiene 11 años y que desde allí se denuncia la vulneración de derechos: "Rápidamente nos dimos cuenta, cuando se puso a cargo del organismo más importante en materia de discapacidad para asesorar al Estado a una persona que no tiene antecedentes en materia de discapacidad como Diego Spagnuolo, ya sabíamos que era para ajustar al sector de discapacidad. Trasladar la Agencia Nacional de Discapacidad, que dependía de Presidencia de la Nación al Ministerio de Salud, es saber que van a haber negocios con la discapacidad y la salud. Y acá están los negocios. Es de público conocimiento los acuerdos que hacía la Agencia Nacional de Discapacidad hace varios meses atrás con los laboratorios que uno de los propietarios es Martín Menem. Esto lo denunciaron los medios nacionales, fue de público conocimiento".

A su vez, señaló que dentro del sector "hay muchas maneras de robar" y que con la discapacidad "se lucra bastante": "Las personas con discapacidad, nuestro sector, necesita un Estado más presente, con más políticas públicas específicas que garanticen la vida de las personas con discapacidad, la calidad de vida y el acceso a la salud con autonomía. Cuando hablamos de acceso a la salud de las personas con discapacidad podemos mencionar que una mujer usuaria de silla de ruedas en Mendoza no puede ir a una consulta ginecológica sola: una balanza para pesar a una persona usuaria de silla de ruedas no existe en Mendoza. Se puede generar mucha industria con la discapacidad porque las personas con discapacidad necesitamos de muchos apoyos. Lo que sucede es que se termina haciendo esto: lucrando de una manera terrible con la discapacidad sin garantizar los derechos de las personas con discapacidad".

A su vez, también apuntó contra la gestión de OSEP: "Tenía dirección de discapacidad dentro de OSEP, donde se atendía específicamente a los afiliados con certificado único de discapacidad y sus familias. Esa dirección se desmanteló, se sacó. Hoy OSEP no respeta la ley 24.901, tiene nomenclador propio, no respeta el nomenclador nacional. Esto hace que quienes prestan servicio a personas con discapacidad por OSEP cobren hasta un 40% menos. Entonces los profesionales de la salud por OSEP no quieren prestar servicio a personas con discapacidad porque se les paga muy poco. Esta es una manera de ajustar y lucrar con la discapacidad. El gobierno de Javier Milei, de la mano de Diego Spagnuolo, dicen los medios nacionales que se levantaban 800.000 dólares por mes con la discapacidad".

En referencia a las irregularidades denunciadas en gestiones anteriores vinculadas a certificado únicos de discapacidad, la coordinadora del Observatorio señaló que es imposible que haya certificados truchos: "Cuando vulneran nuestros derechos, denunciamos. Nosotros no hemos podido ver ningún certificado trucho ni ninguna pensión trucha. Decir que hay una pensión trucha o un certificado trucho es desconocer absolutamente. El Certificado Único de Discapacidad se pasa por una junta interdisciplinaria de tres profesionales y antes se pasa por un profesional de la salud que es su médico de cabecera. La persona con discapacidad no le pagamos a cuatro profesionales de la salud ni ponemos plata para que nos certifiquen, esto es una mentira".

En esa línea, aclaró que las pensiones no contributivas por invalidez laboral no son por discapacidad, sino por invalidez laboral: "Para obtener esa pensión tenés que tener un certificado médico CMO, el Certificado Médico Oficial, obligatorio y digital, que lo firma un médico con la firma digitalizada y autorizada. ¿Ustedes creen que las personas con discapacidad conocemos a ese médico y le pagamos para que nos llene el papel? La radiografía del perro, todo eso y toda la persecución que le están haciendo a las personas con discapacidad que cobran pensiones es todo mentira para robar, absolutamente todo mentira. No existen pensiones truchas. La discapacidad no es trucha, vos tenés una discapacidad o no la tenés, no podés ir a mentir a una junta interdisciplinaria para que te de un certificado único de discapacidad. Son tres profesionales que pertenecen al gobierno".

Además, señaló que la discapacidad en Argentina siempre estuvo mal: "No se sabe cuántos hay, nunca nos incluyeron en el censo, nunca nos incluyeron en los puestos de trabajo. Lo que hicieron fue ajustarnos muy fuertemente y vulnerar nuestros derechos muy fuertemente. Por este motivo nosotros llevamos a la justicia al exgobernador Rodolfo Suárez, al exintendente Tadeo García Salazar. Cornejo ajusta fuertemente a las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza y su gestión anterior fue la que desmanteló la dirección de discapacidad de OSEP. Todos los gobiernos, algunos nos trataron un poquito mejor otros nos trataron un poquito peor y vino este, el de Javier Milei, a arrasar con las personas con discapacidad. Tenía una resolución el gobierno de Javier Milei, que la tuvo vigente ocho meses, donde trataba a las personas con discapacidad igual que en la Edad Media: como imbéciles, idiotas y débiles mentales".

Además, señaló que la normativa establece que los medios de comunicación deben acompañar a las personas con discapacidad para denunciar y visibilizar la vulneración de derechos. A su vez, Bascuñán también apuntó contra las gestiones municipales en discapacidad: "Esa licenciada que está en el área de discapacidad de diferentes municipios, que no sabe nada de discapacidad como Stagnuolo, que nunca se capacitó en discapacidad y que no sale al territorio, también está robando con su sueldo. La normativa de discapacidad dice que para ocupar un cargo en discapacidad vos tenés que tener trabajo en el territorio comprobable. La universidad no enseña sobre discapacidad, ninguna carrera enseña sobre discapacidad: ni psicología, ni trabajo social. Entonces, cuando un profesional, y más si es de la salud, toma un cargo en discapacidad y no tiene antecedentes en la materia, lo digo sin filtro: se está cagando en las personas con discapacidad. Esto sucede en todos los municipios".

Finalmente, señaló que incluso en algunos cambios de gestión y de color político en los municipios, los funcionarios del área permanecen: "El municipio da por sentado que sabe un montón y ese profesional no hace nada por las personas con discapacidad, tampoco asesora al intendente o al gobernador en materia de discapacidad. El asesor en accesibilidad de Ulpiano Suarez estuvo en Dubai con la plata de la discapacidad una semana, lo hizo con fotos y con videos. Me parece que nos toman el pelo a las personas con discapacidad. Me parece que nos toman como que nosotros no sabemos de qué se trata, y personalmente sé muchísimo de qué se trata. Nuestra organización es reconocida por el Congreso de la Nación por el trabajo en el gobierno de Cristina y en el de Macri, por el trabajo que hacemos. Somos una organización del territorio que vamos desde Lavalle hasta Malargüe. Esto tiene que ver por la falta del Estado, el Estado no sale al territorio a buscar a las personas con discapacidad. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que dice la normativa", concluyó.