En Casa Rosada preparan la estrategia judicial y revisarán otras 13 jubilaciones

El Gobierno ya preparó la defensa legal para enfrentar la respuesta de Cristina Kirchner, después de decidir retirar su jubilación de privilegio y la pensión de Néstor Kirchner. La estrategia consiste en alegar que la ratificación de la sentencia contra la expresidenta en la Causa Vialidad constituye un caso de "mal desempeño" y "violación del honor de la magistratura", de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Nacional.

Adicionalmente, se están revisando dos artículos de la Ley 24.018 para la defensa del Ejecutivo. Uno de ellos es el artículo 29, que indica que las asignaciones vitalicias "no son aplicables a los beneficiarios que, tras un juicio político o sumario, sean destituidos por mal desempeño de sus funciones".

El artículo 5 establece que las jubilaciones de privilegio son "incompatibles con el disfrute de cualquier jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal". Esto significa que, según expertos en derecho constitucional, el Ejecutivo podría argumentar que CFK incumplió la "prohibición de acumular" su asignación presidencial con la pensión de Néstor Kirchner, que también recibe.

ANSES mantiene que el pago de asignaciones de privilegio es "jurídicamente incompatible para aquellos que hayan cometido un delito en el ejercicio de la función pública que les otorgó dicho privilegio, en detrimento del Estado Nacional".

El organismo también argumenta que Cristina es "indigna" y subvierte el sistema democrático al actuar contra el Estado para su beneficio personal. Como precedente, en Casa Rosada citan la anulación de los beneficios concedidos a los expresidentes de facto entre 1976 y 1983.

La defensa del Ejecutivo, liderada por el secretario de Legales de ANSES, Andrés Mariano Bousquet, se prepara para actuar si el caso llega a los tribunales. ANSES notificará a la exmandataria en su residencia de Río Gallegos en los días venideros.

Cristina Kirchner recibe mensualmente una asignación de $21.000.000. Este monto, que el Gobierno resolvió retirar, se compone de su jubilación de privilegio, obtenida tras ser jefa de Estado dos veces, y de la pensión de su esposo. De acuerdo con juristas constitucionales, la administración libertaria está facultada para tomar esta medida basándose en el principio de legalidad, un pilar del derecho público que exige que tanto autoridades como ciudadanos se sujeten a la ley. De lo contrario, se puede pedir la anulación de dichos beneficios.

Por otra parte, serán revisadas 13 jubilaciones de privilegio, aunque ya se adelantó que no sera el caso la referida a Carlos Menem porque, el gobierno nacional entiende que "es un caso distinto" al de Cristina Kirchner; asegura que no tiene en carpeta la baja de los $9.000.000 que percibe Zulema Yoma por la asignación especial del exjefe de Estado, que tuvo condena firme en 2018.

"No se toca porque Menem está muerto. La línea política es quitarle el beneficio al condenado, no al beneficiario", expresó un alto funcionario. La viuda del expresidente de facto Roberto Levingston, Betty Nelly Andrés, cobra $7.200.000 y la hija del exmandatario José María Guido, Amalia Carmen Guido, $5.600.000.

tn