El Parlamento Europeo congela el acuerdo Mercosur-UE y abre una revisión judicial
Por una votación ajustada, el bloque legislativo europeo decidió enviar el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para evaluar su legalidad. El proceso de ratificación queda en suspenso y vuelve a exponer las fuertes resistencias internas, en especial del sector agropecuario.
El Parlamento Europeo resolvió este miércoles frenar el avance del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el sábado 17 de enero en Asunción. La medida fue aprobada tras una votación muy reñida: 334 legisladores se pronunciaron a favor de la moción, 324 en contra y 11 se abstuvieron.
La iniciativa aprobada pone bajo la lupa la compatibilidad del tratado con los tratados fundacionales de la Unión Europea. En concreto, los eurodiputados cuestionan si el marco legal elegido para su aprobación respeta el derecho comunitario y si ciertos mecanismos incluidos en el acuerdo -como el de reequilibrio- cuentan con sustento jurídico suficiente.
La reacción de la Comisión Europea fue inmediata. Desde el entorno de la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen -quien participó de la firma del acuerdo en Paraguay- rechazaron los argumentos del Parlamento. "Según nuestro análisis, los cuestionamientos planteados en esta moción no están justificados", afirmó el portavoz de la Comisión, Olof Gill.
El gobierno nacional mira al acuerdo UE-Mercosur como apuesta estratégica
En términos prácticos, la decisión del Parlamento implica que el acuerdo será remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá expedirse sobre su validez y su encuadre legal. Hasta que haya un fallo, el proceso de ratificación queda paralizado. Fuentes europeas estiman que la revisión podría extenderse entre 18 y 24 meses, aunque existe la posibilidad de que los jueces prioricen el caso si el contexto político lo amerita.
Uno de los puntos más sensibles del debate es la base legal utilizada para aprobar el tratado, que permitiría ratificar partes sustanciales del acuerdo sin necesidad de que pase por los parlamentos nacionales de cada Estado miembro, un atajo institucional que genera resistencias dentro del propio bloque.
Las razones del rechazo: el agro europeo, en el centro de la disputa
El acuerdo Mercosur-UE apunta a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado integrado por cerca de 700 millones de personas. Tras más de dos décadas de negociaciones, el tratado quedó finalmente listo para su firma, pero su implementación sigue lejos de contar con consenso pleno en Europa.
La oposición está liderada por Francia, junto con Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, donde los agricultores mantienen una fuerte resistencia. En cambio, Italia -que inicialmente se mostraba reticente- terminó respaldando el acuerdo luego de que el gobierno de Giorgia Meloni alcanzara un entendimiento con Bruselas para implementar medidas de alivio económico destinadas al sector rural.
Desde el punto de vista comercial, el pacto prevé la eliminación gradual de la mayoría de los aranceles en un plazo de 15 años y habilita un mayor acceso al mercado europeo para productos del Mercosur como carne vacuna, pollo, azúcar y soja. Ese escenario despierta temores profundos entre los productores europeos, que ven amenazada su competitividad.
Las tensiones sociales se intensificaron en los días previos a la firma. En Francia, cientos de tractores volvieron a bloquear zonas clave de París, incluida la avenida de los Campos Elíseos y los alrededores del Parlamento. Protestas similares se replicaron en Irlanda, donde productores rurales cortaron rutas en la ciudad de Athlone con consignas contra el tratado, y en países como Polonia, Hungría y Austria.
El núcleo del conflicto reside en la diferencia de condiciones productivas. Los agricultores europeos sostienen que operan bajo regulaciones mucho más estrictas en materia ambiental, sanitaria y de bienestar animal, lo que eleva significativamente sus costos. En ese marco, advierten que los productos importados desde Sudamérica podrían ingresar al mercado europeo con estándares menos exigentes y precios más bajos, generando una competencia que consideran desigual y poniendo en riesgo la sustentabilidad del sector agropecuario local.
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