El Senado avaló cambios en la Ley 6722 y redefine el uso de armas de la Policía

La Cámara de Senadores de Mendoza dio media sanción a una reforma de la Ley 6722 que introduce modificaciones en los criterios de uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial y actualiza distintos aspectos vinculados al servicio de seguridad. La iniciativa fue aprobada por 26 votos a favor y 6 en contra, y regresó a la Cámara de Diputados en segunda revisión.

El proyecto, impulsado por el diputado Gustavo Cairo junto a Enrique Thomas, busca adecuar la normativa local a los lineamientos establecidos para las fuerzas federales a nivel nacional en marzo de 2024. Según explicó el senador David Sáez, miembro informante, el eje central de la reforma es ampliar y precisar los supuestos en los que los efectivos pueden hacer uso del arma reglamentaria, particularmente en situaciones de peligro inminente.

La modificación incorpora nuevos incisos al artículo 2 y reformula disposiciones del artículo 9, con el objetivo de definir con mayor claridad cuándo se configura un riesgo grave para la vida o la integridad de terceros. Entre otros puntos, se contemplan escenarios como la fuga de una persona que represente ese peligro o la protección de establecimientos de detención. También se establece que, en determinadas circunstancias, no será obligatorio que el policía se identifique previamente si ello pone en riesgo el procedimiento.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a brindar mayor seguridad jurídica al personal policial y a reducir "zonas grises" en la interpretación del accionar frente a hechos violentos. En ese sentido, se incorpora el inciso 8 bis, que prevé evitar sanciones administrativas anticipadas contra efectivos que actúen conforme al protocolo, mientras no exista una resolución judicial firme en contrario. No obstante, se mantienen los controles de la Inspección General de Seguridad y del Ministerio de Seguridad.

Durante el debate, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba, recordó que la Ley 6722 fue sancionada en 1999 junto con la Ley 6721, en el marco de una reforma estructural del sistema policial. A casi tres décadas de su entrada en vigencia, consideró que la experiencia acumulada y el aumento de situaciones de violencia justifican una actualización normativa que otorgue mayor precisión y respaldo legal a los efectivos.

El oficialismo remarcó que la ampliación de facultades debe estar acompañada por capacitación, responsabilidad y controles posteriores, y que el uso de la fuerza debe mantenerse dentro de parámetros de racionalidad, necesidad y proporcionalidad, en línea con estándares internacionales.

Convocatoria de personal retirado

La iniciativa también incorpora el artículo 322 bis, que habilita la convocatoria de policías retirados con alta calificación para desempeñar tareas específicas dentro de la fuerza. La medida permitirá reincorporar a efectivos para funciones directivas, con conducción de personal y disponibilidad permanente, quienes podrán percibir hasta el 100% de la asignación correspondiente a su grado al momento del retiro.

Asimismo, se prevé la posibilidad de convocar personal para funciones técnicas -especialmente en áreas tecnológicas, sistemas y manejo de bases de datos- con una retribución de hasta el 80% de la asignación de clase.

La reforma no estuvo exenta de cuestionamientos. Senadores del Partido Justicialista y del Partido Verde votaron en contra y expresaron reparos sobre el alcance de las modificaciones. En cambio, bloques aliados acompañaron la propuesta y defendieron la necesidad de actualizar el marco legal frente a nuevos escenarios delictivos.

Con el aval del Senado, el proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá definirse su sanción definitiva. De aprobarse, la provincia avanzará en una redefinición de los criterios de uso de la fuerza policial y en un esquema que busca combinar mayor respaldo legal para los efectivos con controles institucionales y estándares de derechos humanos.