Escándalo por espionaje ruso: el Gobierno veta a periodistas en Casa Rosada
La medida fue presentada como "preventiva" mientras se investiga una supuesta operación de desinformación contra el presidente. La decisión también se replicó en Diputados, mientras que el Senado anticipó que no aplicará restricciones similares.
El Gobierno nacional decidió limitar el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados pertenecientes a medios que publicaron artículos vinculados con una presunta campaña de espionaje ruso destinada a perjudicar políticamente al presidente Javier Milei. La decisión fue comunicada como una medida "preventiva" mientras se intenta esclarecer lo ocurrido.
Durante la mañana del lunes, varios cronistas que habitualmente cubren la actividad oficial en Balcarce 50 se encontraron con un control más estricto en los accesos. Personal de seguridad verificó las acreditaciones y revisó listados de periodistas, lo que derivó en que algunos profesionales no pudieran ingresar a la sede del Ejecutivo.
Desde el Gobierno indicaron que la restricción alcanza a medios que difundieron contenidos vinculados con la supuesta operación de influencia extranjera. "Es una medida preventiva hasta que se esclarezcan los hechos", señalaron fuentes oficiales, aunque evitaron precisar públicamente el listado completo de medios alcanzados.
La decisión no se limitó a la Casa Rosada. En la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, presidida por Martín Menem, también se dispuso suspender las acreditaciones de algunos medios señalados en la investigación. Según se comunicó al Círculo de Periodistas Parlamentarios, la medida afectó a La Patriada, El Destape, A24 y Gritos del Sur. Desde el entorno de la presidencia de la Cámara aclararon que la decisión no está dirigida contra periodistas individuales sino contra los medios involucrados.
En contraste, desde el Senado de la Nación Argentina, conducido por Victoria Villarruel, indicaron que no aplicarán una restricción similar. La postura marca una diferencia respecto de la decisión adoptada por la Casa Rosada y Diputados.
Dentro del Gobierno también analizan profundizar la respuesta institucional. Según fuentes oficiales, existe la posibilidad de convocar en las próximas horas a los responsables de los medios mencionados para que brinden explicaciones sobre lo ocurrido. Incluso, desde el entorno oficial deslizaron que podría investigarse si existieron responsabilidades penales vinculadas con la intervención de un actor extranjero en la política local.
La controversia se desató tras la publicación de una investigación periodística basada en documentos filtrados de inteligencia rusa. Según ese material, un grupo conocido como "La Compañía" habría desplegado durante 2024 una campaña destinada a desacreditar al gobierno libertario mediante distintas acciones de influencia política y mediática.
Entre las estrategias mencionadas se incluyen la difusión de información -tanto verdadera como falsa- sobre la gestión de Milei, intentos de profundizar divisiones internas dentro del oficialismo, iniciativas para fortalecer a sectores opositores y maniobras orientadas a generar tensiones con países vecinos.
Los documentos también describen actividades de análisis político, encuestas, reuniones informativas y elaboración de perfiles de dirigentes políticos, sindicales y especialistas. En ese marco, se habrían realizado contactos con referentes opositores, politólogos y economistas.
La filtración abarca 76 documentos de inteligencia que fueron obtenidos por un consorcio internacional de medios de investigación. Entre las organizaciones que participaron del análisis se encuentran The Continent, openDemocracy, Dossier Center, iStories, All Eyes on Wagner, Forbidden Stories y Filtraleaks, el proyecto impulsado por el periodista Santiago O'Donnell.
Según el material difundido, la operación incluyó la construcción de una red de distribución de contenidos en medios y redes sociales en la Argentina. El informe menciona más de 250 artículos periodísticos, análisis y columnas de opinión publicados entre junio y octubre de 2024 en más de 20 medios digitales, con un costo estimado de al menos 283.100 dólares.
De acuerdo con esa investigación, la Argentina habría sido el país de América Latina y África donde Rusia destinó más recursos a este tipo de acciones.
La administración de Milei ya había advertido sobre posibles actividades de influencia extranjera. En junio de 2025, el Gobierno denunció a cinco ciudadanos rusos residentes en el país por presuntas tareas de inteligencia vinculadas con el Kremlin. Entre ellos señaló a Lev Konstantinovich, a quien identificó como responsable de gestionar financiamiento y establecer contactos con colaboradores locales, y a su esposa Irina Iakovenko.
Mientras avanza la investigación sobre la presunta operación, la decisión de restringir el acceso a periodistas abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y parte del sistema de medios.
