Desregulación al INV: "El productor había perdido el control sobre su actividad productiva"

A través del Boletín Oficial de este viernes, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura para de esta manera simplificar tareas burocráticas y favorecer la producción vitivinícola de la Argentina. Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública de la Nación, habló en "Tenés que saberlo", por Radio Post 92.1, y se refirió al trabajo realizado sobre las normas del organismo rector del vino en el país.

"Lo importante es arrancar desde el origen. Hace un par de meses, diferentes productores de vinos de Mendoza y de San Juan se nos acercaron y nos empezaron a contar que dentro de sus pequeños viñedos a veces tenían uno, dos o tres trabajadores solamente destinados a completar los formularios, los inventarios y la gran cantidad de normativas que establecía no solamente el INV, sino también los diferentes organismos nacionales. Cuando empezamos a tirar del hilo y empezar a investigar un poco más nos encontramos con cosas que eran totalmente disparatadas", señaló Fariña.

El funcionario puso como ejemplo la exigencia de control de inventario permanente, algo que no sucede en el mundo: "Hay viñedos que han recibido el año pasado más de cuatro controles físicos de inventarios donde tuvieron que frenar su fábrica simplemente para verificar que las declaraciones juradas que tenían de cada cantidad eran exactas. Para cada permiso, para cada traslado de uva, el viñedo tiene que informar y solamente el año pasado se emitieron más de 140.000 permisos de traslado. El productor había perdido el control sobre su actividad productiva porque no se estaban controlando elementos de salubridad, sino se estaba controlando básicamente la producción entera de lo que era el vino".

Fariña marcó que en la resolución se derogan más de 900 normas y que el INV se dedicará exclusivamente a su tol fundamental: "Hicimos un digesto muy simple con 90 páginas, que lo que establece justamente es que el INV se enfoca en su control y en su rol fundamental: controlar la salubridad del vino, garantizar que sea un producto apto, que sea un producto genuino, que sea un producto que no esté alterado. Esto justamente se va a poder hacer con una mayor calidad y con una mayor eficiencia, porque si tenemos a los inspectores concentrados en la tarea que es la elemental de la salubridad, y no dando una autorización de inicio de cosecha, que es algo que no tiene sentido que el productor está avisando en cada momento del organismo cuándo inicia la cosecha, va a poder permitir enfocarnos en verificar que el vino realmente sea salubre y no haya un riesgo para la salud".

Además, el funcionario explicó que el consumo de vino a nivel mundial y local está cambiando, lo que implica un desafío para los productores y que con esta simplificación podrán abocarse de lleno a eso: "Si cada uno de estos viñedos en vez de tener dos trabajadores simplemente para completar formularios, declaraciones juradas todos los días y se puede enfocar en colocar su producto en el mundo, en generar nuevas ventas, las exportaciones van a aumentar. Sobre la trazabilidad, nosotros consideramos que lo que es calidad tiene que ser una decisión del sector privado: qué tipo de certificación tiene, qué tipo de varietal tiene. Todas esas alternativas van a seguir estando vigentes, van a seguir brindándose certificados de exportación, no se va a dejar de realizar y va a quedar de forma optativa para cada uno de los productores".

A su vez, afirmó que el INV "tiene que existir", pero cumpliendo las normas para las que fue pensado: "Los controles de insalubridad se tienen que realizar y tienen que ser con la calidad necesaria que amerita el producto. El INV tiene que seguir existiendo y no solamente para la insalubridad, sino que también tiene un rol muy importante sobre todo para los pequeños viñedos en lo que son las exportaciones: para algunos pequeños viñedos, los certificados de exportación del INV son elementos muy importantes para poder llevar su producto al mundo y demostrar que esos productos tienen las condiciones necesarias para poder ser consumidos. Al INV lo vamos a enfocar en esas dos tareas".

Reforma laboral y la batalla legislativa

Por otra parte, Fariña señaló que hay un montón de sectores que se pueden seguir desregulando, aunque el desafío que se viene es el legislativo: "Va a ser el desafío que va a arrancar en enero, con la reforma tributaria y con la reforma laboral. Siempre Javier (Milei) desde el día número mencionó que había reformas de primera generación, segunda generación, y ahora tenemos que avanzar con reformas que son importantes para poder incluir a todos los trabajadores dentro del sector formal: no podemos tener un país donde el 50% de los trabajadores estén en la informalidad y ese es el camino al que estamos apuntando".

A su vez, señaló la necesidad de modernizar y federalizar la legislación laboral: "Tenemos una ley de contrato de trabajo que tiene más de 50 años, que lo que no tiene en cuenta es la característica de cada provincia. En Argentina tenemos convenios colectivos nacionales que no tienen en cuenta y ponen la misma vara para una pequeña pyme y un pequeño viñedo de Mendoza, que para una empresa multinacional que está asentada en Buenos Aires. Lo que tenemos que empezar es a buscar una norma laboral moderna, pero que también tenga en cuenta la realidad de cada provincia, y ese es el camino que está iniciando el Gobierno y que lo va a proponer en el Congreso para que podamos hacer un cambio disruptivo también en el sector laboral y así mejorar la rentabilidad y la eficiencia de nuestras empresas".

Además, aclaró que las fake news que circulan sobre extensión de jornada laboral u otras no son ciertas: "Nuestra propuesta y nuestra reforma lo que está apuntando es no solamente a mejorar al empresario, porque lo que buscamos es darle mayor certidumbre en la relación laboral y que pueda tener una claridad mucho más clara y no depender de decisiones arbitrarias de la Justicia, pero por otro lado también queremos beneficiar al empleador y al trabajador: hoy la mitad de los trabajadores no tienen ningún derecho, están fuera del margen de la ley. Eso es una muestra clarísima de que la legislación actual no sirve, es anticuada y no brinda una solución. Es necesaria una modernización y lo que nosotros buscamos es que ese 50% que está afuera, que no tiene obra social, que no tiene ningún tipo de derecho, lo podamos meter dentro del mercado formal", concluyó.