Las razones de un radical para pedir el juicio político a Milei y a Adorni

Hace un tiempo que varios referentes del gobierno central de Javier Gerardo Milei, por ejemplo, Luis Petri, vienen instalando el valor moral en la acción oficialista. También los críticos a la administración libertaria plantean la moralidad, pero inversamente, y sus dardos van directos a los casos $LIBRA y el pago con dinero público de viajes personales y el uso del avión presidencial. Eso ha originado un clima de cuestionamiento cruzado entre las facciones en pugna y de un nuevo planteo de inconstitucionalidad contra el presidente y su ministro jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El demandante es Juan Fernando Armagnague, reconocido radical puro, abogado de 77 años que tuvo mucho predicamento en el tiempo que fue diputado nacional por Mendoza entre 1987 y 1991. Luego fue convencional constituyente en el proceso de redacción de la Constitución Nacional de 1994. Hoy representa el sector interno Dignidad Radical dentro de la UCR. En su época de mayor influencia fue un referente capaz de disputarle el poder al peronismo bordonista, dominante con aquel Equipo de los Mendocinos.

La presentación acusatoria de Armagnague analiza la ética en la función pública, describe casos de corrupción, además de privilegios y responsabilidades del gobierno central. Y fija su demanda de juicio político sobre el presunto caso de abuso de poder y posición de privilegio para usar para beneficio propio un bien del Estado como es el avión presidencial, trasladando familiares con gastos solventados con recursos públicos.

El punto en cuestión es la credibilidad y viabilidad política del planteo del dirigente radical y de los militantes que lo acompañan. 

Por ejemplo a favor de la acusación cuentan los varios los recursos de inconstitucionalidad contra leyes promovidas por el jefe de Estado o planteos judiciales ordinarios, por políticas definidas por el Ejecutivo nacional. Eso conforma un abanico de cuestionamientos institucionales con peso propio. 

Los motivos de estas demandas es por la gestión en la causa Malvinas, por la administración económica y por un caso más específico que actualmente concita la atención pública de la criptoestafa de $LIBRA.

La presunción oportunista contra el denunciante es que se puede interpretar como un acto institucional usado para sobresalir personalmente en un escenario político convulsionado por los escándalos que se suceden con frecuencia apuntando a la cúpula mileísta.

Un dato llamativo es que el abogado mendocino pide citar al periodista porteño Eduardo Feinmann como testigo del caso del uso del avión oficial. El pedido es por la entrevista que el conductor periodístico le hizo a Adorni, estando el funcionario en Estados Unidos.

La comisión en veremos

El contexto político se extiende hasta la Cámara de Diputados de la Nación, que desde el inicio de la gestión libertaria no se ha conformado la Comisión de Juicio Político y ahora el Ejecutivo está en plena tarea de designar un congresal que presida la comisión y sea un defensor fiel del presidente y su entorno cercano, pero con un perfil técnico, con la idea de que se transforme en vocero de estas causas.

El mismo denunciante mendocino advirtió que esa comisión no está activada y es la única que tiene rango constitucional porque ahí se analizan estos planteos contra funcionarios en ejercicio. Y si la Cámara baja vota un despacho favorable de esa comisión sobre el expediente 0020P-2026 que ingresó por mesa de entradas el jueves 19, entonces puede haber enjuiciamiento y la Cámara de Diputados será la cámara acusadora y el Senado la cámara juzgadora.

Aspectos del pedidio de juicio de Armagnague  

(...) En nuestro criterio, sería Kant el primer filósofo que propondría la ética. El campo moral, señalaba Kant, ofrece al ser humano un campo vastísimo para que la razón humana se despliegue sin condicionamiento. Ya no sería la "razón pura", sino la razón práctica la base de la conciencia moral. El famoso imperativo categórico propuesto por el filósofo para deslindar el bien del mal en nuestras acciones constituye un principio trascendente: "Haz que tus actos sean de tal excelsitud que se conviertan en ley universal de la humanidad".

El párrafo corresponde a la presentación del pedido de juicio contra el presidente y Adorni. Y es una de las bases conceptuales en que se basa el demandante para pedir la medida.

Veamos un resumen de los lineamientos principales del planteo del radical.

• Ética y moral en la función pública. Menciona propuestas filosóficas de virtud, salvación, contractualismo y conciencia, destacando a Kant y su imperativo categórico. Critica el uso del avión presidencial para viajes familiares, considerado privilegio y violación de principios republicanos. Resalta la importancia del ejemplo ético de los funcionarios y la necesidad de control y responsabilidad.

• Casos de irregularidades y escándalos políticos. Denuncia el uso indebido del avión presidencial en marzo de 2026 para viajar a EE. UU. con la esposa del Jefe de Gabinete, Bettina Angeletti. Investiga viajes al exterior en misión oficial y privados del Presidente y funcionarios, con posibles violaciones a la ley de ética y administración. Menciona fraudes cripto en febrero de 2025, con pérdidas millonarias, y casos de coimas y lavado de dinero en causas judiciales. Se pide información oficial y pruebas, incluyendo entrevistas y registros de vuelos y gastos.

• Responsabilidad y control institucional. Reafirma la necesidad de mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar abusos de poder. Cita principios constitucionales y legales, como igualdad ante la ley, austeridad y prudencia en el ejercicio del cargo. Impulsa juicio político y destitución por mal desempeño y delitos, con base en evidencias y normativas vigentes. Se busca fortalecer la transparencia y la ética en la gestión pública para recuperar la confianza ciudadana.

Textual de la demanda ante la Cámara de Diputados

Mariano Moreno señalaba que "El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca obren mal". Más aún, el numen de la Revolución de Mayo también en el Decreto de Supresión de Honores del 6 de diciembre de 1810 eliminó los privilegios y el trato de superioridad de los funcionarios, estableciendo la igualdad absoluta entre ellos y con los ciudadanos. Además, indicaba el mencionado Decreto que los honores se debían al Estado y no a las personas, constituyéndose en una norma liminar de la decencia pública.

De allí que nos preguntamos dónde se ubica la señora esposa del Jefe de Gabinete de Ministros ante tal calidad de ejemplo republicano dado en los albores del grito de libertad y cuál ha sido la actitud del Presidente de la Nación en evitar tal usurpación de títulos y honores? 

De allí que la democracia exige que el control republicano de sus funcionarios no sólo sea un instrumento para evitar los abusos de poder, sino para reclamar rendiciones de cuentas que son necesarios para construir una ética al servicio de los ciudadanos. 

En la época actual adquiere especial relevancia la responsabilidad de los funcionarios y los mecanismos de control. Esta idea del control, esto es, la instauración de procedimientos de responsabilidad efectivos no hace, sino reafirmar la advertencia de Montesquieu, luego ratificada por Acton: "Quien tiene poder, tiende a abusar de él". 

De allí que el constitucionalismo se caracterizó por articular el garantismo en el convencimiento que toda sociedad necesita seguros y reaseguros frente al poder. Es por ello que la seguridad jurídica integra con inusual fuerza el plexo de los derechos humanos.