La Justicia de EEUU suspendió las demandas contra Argentina en el juicio por YPF
La Cámara de Apelaciones de Nueva York frenó los procesos vinculados al caso y el Gobierno calificó la decisión como "histórica".
La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en una decisión que fue celebrada por el Gobierno nacional. La medida fue adoptada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que también dejó en pausa la audiencia relacionada con el proceso de discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios.
Desde la Oficina del presidente Javier Milei calificaron el fallo como una "sentencia histórica y sin precedentes" y destacaron que representa "un hito en la defensa de la República Argentina" en un litigio que lleva más de una década. Según explicaron, la resolución implica la suspensión inmediata del proceso de discovery posterior a la sentencia y de todos los procedimientos pendientes, hasta que se resuelva la apelación de fondo.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 18, 2026
El origen
El conflicto judicial tiene su origen en el fallo de primera instancia dictado en 2023, que condenó al país a pagar USD 16.100 millones más intereses por la expropiación de la petrolera. La apelación presentada por el Estado argentino busca revertir esa decisión, en lo que constituye el eje central de su estrategia legal.
En paralelo, Eton Park había solicitado en enero que Argentina fuera declarada en desacato, al acusarla de demorar la entrega de documentación y comunicaciones oficiales requeridas por la Justicia. El reclamo incluía el acceso a correos electrónicos y mensajes de funcionarios actuales y anteriores.
Desde la Procuración del Tesoro, la defensa del Estado rechazó esas acusaciones y aseguró que el país cumple con las decisiones judiciales vigentes, al tiempo que sostuvo que no corresponde aplicar sanciones antes de que se garantice plenamente el derecho a defensa.
Mientras tanto, los demandantes advirtieron que podrían avanzar con multas, presunciones adversas e incluso nuevos pedidos judiciales si no reciben la información solicitada. La disputa continúa en un escenario atravesado por tecnicismos legales y tensiones en torno a la soberanía del país.
