Milei apuesta al Presupuesto 2027 para reformar los fondos universitarios
La Casa Rosada busca incorporar una nueva ley en el Presupuesto 2027 para redefinir el esquema de recursos de las universidades. Mientras tanto, avanza una negociación con los rectores para mejorar salarios, gastos de funcionamiento y becas.
Aunque el Gobierno nacional está cerca de sellar un acuerdo con las universidades públicas para recomponer salarios y actualizar partidas durante 2026, la discusión por el financiamiento del sistema universitario está lejos de cerrarse. En la Casa Rosada ya anticipan que volverán a impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario durante el tratamiento del Presupuesto 2027.
La estrategia oficial responde a un escenario que sigue abierto en los tribunales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene vigente la demanda presentada ante la Corte Suprema para exigir la aplicación de la ley aprobada por el Congreso, una norma que el Ejecutivo cuestiona por considerar que incrementa el gasto público sin establecer de dónde provendrán los recursos para sostenerlo.
En el Gobierno entienden que, si el máximo tribunal falla en favor de las universidades, la administración de Javier Milei podría verse obligada a implementar una legislación que impactaría sobre las cuentas públicas en un contexto marcado por el ajuste fiscal y la búsqueda de mantener el equilibrio presupuestario.
Por ese motivo, el oficialismo pretende que cualquier discusión sobre los fondos destinados a las universidades quede integrada al debate general del Presupuesto Nacional, donde se analizan de manera conjunta ingresos, gastos y prioridades del Estado.
Mientras tanto, las negociaciones entre Nación y los rectores continúan avanzando. El entendimiento que ambas partes buscan formalizar contempla una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes universitarios. El esquema incluye un incremento del 21,33% a partir de junio sobre los salarios vigentes en mayo y una nueva actualización del 3% en octubre.
La propuesta también incorpora la recuperación de parte del deterioro salarial acumulado durante 2025, el reconocimiento de la inflación registrada hasta mayo de este año y una mejora adicional destinada a recomponer poder adquisitivo.
Otro de los puntos incluidos en el borrador es la convocatoria periódica a negociaciones paritarias. Según el texto en análisis, las reuniones entre el Gobierno y los gremios universitarios no podrán espaciarse más de tres meses, una demanda que los sindicatos vienen planteando desde hace tiempo.
En materia presupuestaria, el acuerdo prevé un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026. Además, contempla una asignación adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios y una actualización del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Sin embargo, desde el CIN aclaran que el eventual acuerdo económico no implica abandonar la vía judicial. Las universidades sostienen que continuarán reclamando ante la Corte la plena vigencia de la ley sancionada por el Congreso, por lo que el conflicto de fondo seguirá abierto.
La discusión se produce además en medio de una política de ajuste que incluyó recientemente una reducción presupuestaria cercana a los $2,5 billones. Ese recorte alcanzó áreas vinculadas a educación, infraestructura universitaria, subsidios y distintos programas estatales. En el oficialismo señalan que el costo de aplicar la actual Ley de Financiamiento Universitario tendría una magnitud similar, argumento que refuerza su intención de revisar el esquema dentro de la discusión presupuestaria del próximo año.
