Mendoza quiere decirle adiós a los basurales a cielo abierto
El Ejecutivo presentó una ley que impulsa la separación en origen, la inclusión de recuperadores y la trazabilidad digital. Una apuesta por un modelo de gestión más limpio, justo y sustentable.
El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para transformar la gestión de los residuos sólidos urbanos (GIRSU), con una mirada integral que contempla desde la erradicación de basurales hasta la inclusión social de recuperadores y la trazabilidad digital de todo el sistema. Se trata de una iniciativa que busca aggiornar el marco normativo, ordenar las competencias provinciales y municipales, y garantizar estándares mínimos en todo el territorio.
"Este es un hito ambiental para Mendoza, pero también una inversión en salud y desarrollo productivo", aseguró la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, al ingresar el texto legislativo junto a la vicegobernadora Hebe Casado y la senadora provincial Yamel Ases. Según detalló, la norma es el resultado de un año de trabajo técnico y territorial con los equipos de ambiente de los 18 departamentos.
Sistema provincial con criterios comunes
El proyecto propone la creación de un Sistema Provincial de Residuos articulado con los municipios, con principios rectores, mecanismos de planificación regional, herramientas de control y participación ciudadana. Además, cada municipio deberá elaborar su propio Plan Municipal de Gestión Integral (PMGIRSU), alineado con el plan provincial.
La norma también establece al Ministerio de Energía y Ambiente como autoridad de aplicación, con funciones que incluyen la fiscalización de infraestructuras, la asistencia técnica a los municipios, la elaboración de lineamientos mínimos, el seguimiento digital de los residuos y la producción de informes anuales.
Cierre de basurales y disposición certificada
El proyecto parte de una experiencia concreta: el reciente cierre del basural a cielo abierto de Puente de Hierro, en Guaymallén, considerado el pasivo ambiental más importante de la provincia. A partir de esta acción, el 100% de los residuos del municipio ya se dispone de forma certificada en el relleno sanitario de El Borbollón, el único con habilitación ambiental en el Área Metropolitana.
"La disposición certificada de todos los residuos, incluso los estériles, es una decisión histórica que se venía estudiando hace años. No solo es importante para Guaymallén, sino para todo el sistema provincial", destacó Latorre.
Educación, trazabilidad e inclusión social
La ley prevé campañas permanentes de educación ambiental y participación comunitaria, así como la creación de un sistema de trazabilidad digital público para monitorear cada etapa de la gestión: desde la generación hasta la disposición final.
Uno de los puntos destacados es la incorporación de los recuperadores urbanos al sistema formal mediante capacitación, acceso a equipamiento y la creación de centros de economía circular en articulación con el sector privado.
Regionalización, financiamiento y sanciones
La gestión se dividirá en cuatro regiones (Metropolitana, Este, Centro y Sur), con la figura de Agentes de Gestión que coordinen recursos y acciones en cada zona. Además, se creará un Fondo GIRSU financiado con partidas provinciales, tasas específicas, multas ambientales y recursos de acciones judiciales. Estos fondos serán destinados a infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y fortalecimiento institucional.
En cuanto al control, la ley establece sanciones para los infractores que van desde multas y clausuras hasta la confiscación de vehículos. También se contempla la conmutación de sanciones por acciones de resarcimiento ambiental como mejoras de infraestructura o programas educativos.
Derogación del marco vigente
La iniciativa deroga la Ley Provincial 5970, en vigor desde 1992, y se articula con las leyes nacionales de ambiente y residuos domiciliarios. En su fundamentación, el Ejecutivo recuerda que la Constitución Nacional otorga a las provincias competencia plena para dictar normas de protección ambiental y garantizar el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sustentable.
El proyecto establece al Ministerio de Energía y Ambiente como Autoridad de Aplicación, con amplias competencias, que incluyen:
• Diseño e implementación de políticas GIRSU provinciales.
• Asistencia técnica y legal a los municipios.
• Coordinación de planes municipales y consorcios.
• Elaboración de lineamientos de base mínimos e instrumentos digitales.
• Control de impactos ambientales y fiscalización de infraestructuras.
• Generación de informes anuales, monitoreos y trazabilidad.
• Promoción de programas de inclusión y campañas educativas.
