Mendoza se suma a un programa del BID por US$40 millones para modernizar el gasto público
El plan es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutado por la Nación. La Provincia no recibe fondos directos, pero asume compromisos de gestión y control fiscal.
El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó su incorporación a un programa internacional orientado a mejorar la administración del gasto público, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo por un total de 40 millones de dólares.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1560, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que aprueba tanto el acta de adhesión como el convenio específico firmado entre la Provincia y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.
La iniciativa, denominada "Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público", apunta a optimizar los sistemas de información financiera y mejorar la calidad de los datos utilizados para la toma de decisiones dentro del Estado.
La adhesión de Mendoza se concretó a partir de un acuerdo firmado en septiembre de 2024 por el entonces ministro Natalio Mema, mientras que el convenio operativo fue rubricado en febrero de 2025 por el titular de Hacienda provincial, Víctor Fayad, junto a autoridades nacionales.
A diferencia de otros esquemas de financiamiento, este programa no implica el desembolso directo de dinero a la Provincia. Los recursos son administrados por la Nación, que se encarga de contratar bienes y servicios vinculados a la ejecución del proyecto.
En ese contexto, la participación de Mendoza no supone el pago de deuda en términos tradicionales, sino el cumplimiento de una serie de condiciones. Entre ellas, se destaca la obligación de sostener operativos los sistemas que se implementen, cubriendo con fondos propios los costos de mantenimiento, funcionamiento y actualización.
Además, la Provincia deberá mantener su adhesión al régimen de responsabilidad fiscal y presentar reportes periódicos sobre el estado de los bienes adquiridos y la continuidad de las mejoras introducidas.
El acuerdo también prevé sanciones en caso de incumplimientos. Estas van desde la suspensión parcial o total de las actividades hasta la cancelación del programa en el ámbito provincial. En situaciones más graves, incluso se contempla la rescisión del convenio si no se corrigen las observaciones en los plazos establecidos.
El objetivo central del programa es avanzar en una administración más eficiente, con mayor transparencia y acceso a la información presupuestaria, tanto para la gestión interna como para el control ciudadano.
