La "Oficina de la Verdad" de Milei, bajo fuego: 47% la rechaza
El estudio de QSocial Big Data, basado en 36.000 interacciones digitales y 1.570 encuestas online, muestra una desaprobación mayoritaria y transversal. El 79,8% de quienes tienen postura definida asocia la iniciativa a riesgos de censura o control.
Un relevamiento realizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires evidenció un rechazo predominante a la Oficina de Respuesta Oficial promovida por el gobierno de Javier Milei. El 47% de los consultados manifestó su oposición a la cuenta oficial utilizada para desmentir expresiones de periodistas y voces críticas, mientras que el 33% expresó respaldo y el 20% no adoptó una posición clara.
El trabajo fue elaborado por QSocial Big Data entre el 6 y el 9 de febrero de 2026, con un universo de 36.000 interacciones en redes sociales y comentarios digitales, complementados con 1.570 casos de encuesta online. El margen de error informado es de +/- 2,5%.
Uno de los datos salientes es que incluso entre quienes se identifican como simpatizantes de La Libertad Avanza persiste la incertidumbre: un 17% de ese segmento no definió postura frente a la iniciativa.
Percepciones sobre el periodismo y los objetivos oficiales
El 36% de los encuestados consideró que el periodismo cumple un rol "muy importante" para el funcionamiento democrático, frente a apenas un 7% que le atribuyó relevancia nula.
Consultados sobre por qué el Gobierno instaló el eje de las "fake news", el 35% sostuvo que la Oficina busca desacreditar a medios y periodistas críticos. En contraste, un 19% interpretó que su objetivo es corregir información falsa. Otros motivos señalados fueron defenderse de operaciones políticas (18%) y justificar decisiones polémicas (18%).
Más allá de la postura a favor o en contra, entre quienes sí expresaron una posición definida, el 79,8% atribuyó a la Oficina motivaciones vinculadas a riesgos de censura, propaganda o control, mientras que solo el 20,2% la percibió como una herramienta defensiva frente a la desinformación.
Según explicó María Fernanda Ruíz, directora del área de análisis de redes de la consultora, "el conflicto no es si existen noticias falsas, sino quién tiene legitimidad democrática para definir qué es verdad". El informe subraya que ambos sectores reconocen la existencia de desinformación, pero difieren en quién debe establecer los criterios para abordarla.
Ver: ADEPA criticó la creación de la oficina oficial para desmentir "fake news"
Demanda de regulación, pero sin consenso
Al indagar qué política pública debería implementarse para enfrentar la desinformación, el 74,9% no logró formular una propuesta concreta. Solo el 5,7% planteó la necesidad de una regulación estatal y el 9,2% rechazó cualquier intervención del Estado. El estudio concluye que la ciudadanía reclama mayor claridad y datos verificables, pero no necesariamente un esquema centrado en desmentidas oficiales sobre contenidos vinculados al gobierno de turno.
Polarización en redes
Desde el análisis cualitativo, la Oficina aparece como un factor de intensificación del debate. Para la consultora, no ordena la conversación pública sino que profundiza las divisiones preexistentes.
Los comentarios favorables destacan la transparencia y respaldan la iniciativa como herramienta contra la difusión de noticias falsas. En cambio, los detractores la asocian con censura, control del discurso público y eventuales riesgos para la libertad de expresión. En todos los medios relevados, el volumen de rechazo en los comentarios superó ampliamente al apoyo.
El informe concluye que el impacto comunicacional es ambivalente: consolida la narrativa oficial entre los sectores afines, pero amplifica las alertas de quienes advierten posibles límites a la libertad de expresión. En términos de opinión pública, la medida no logra construir mayorías amplias y refuerza una discusión de fondo: no sobre la existencia de la desinformación, sino sobre quién puede erigirse en árbitro de la verdad en el espacio público.
