Acceso Este y Tren de Cercanías: inversiones récord y ruido en el sector constructor
Se esperan las adjudicaciones del Acceso Este y el Tren de Cercanías, dos proyectos estratégicos financiados con el fondo extraordinario. Persisten cuestionamientos por la concentración de contratos y las fuertes diferencias entre ofertas.
Mientras continúan los cruces con las cámaras de la construcción, el Ejecutivo provincial se encamina a cerrar adjudicaciones clave como la remodelación del Acceso Este en Guaymallén y el Tren de Cercanías.
De acuerdo a fuentes oficiales, los anuncios se concretarían hacia mediados de marzo. El primer contrato en resolverse sería el del Tramo II del Acceso Este, que comprende el sector urbano entre el Nudo Vial y calle Arturo González. El presupuesto oficial asciende a 50,3 millones de dólares.
En paralelo, avanza el proceso del Tren de Cercanías, cuya apertura de sobres se realizó en diciembre con 18 propuestas presentadas por 10 empresas. El proyecto prevé una inversión estimada de entre 130 y 150 millones de dólares para desarrollar 33 kilómetros de vías que unirán Gutiérrez (Maipú) con San Martín.
El contexto: críticas por concentración de fondos
Las adjudicaciones se producen en un clima de malestar dentro del sector empresario. Las cámaras vienen cuestionando la reiterada asignación de contratos a un número reducido de firmas y la marcada diferencia entre algunas ofertas y los presupuestos oficiales.
Un relevamiento basado en datos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial indicó que más de la mitad de los recursos ya asignados del Fondo del Resarcimiento se concentraron en dos constructoras: CEOSA (30,33%) y José Cartellone Construcciones Civiles (20,65%).
En total, de los 339 millones de dólares destinados hasta ahora a obras en ejecución o adjudicadas, una porción mayoritaria quedó en manos de esas compañías, lo que alimentó los reclamos por falta de mayor distribución.
Acceso Este: ofertas con brechas de hasta 15%
El Tramo II del Acceso Este implica la intervención de 11,6 kilómetros de uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza, con un flujo promedio anual de 120.000 vehículos diarios, más otros 80.000 que se suman desde el Acceso Sur.
Se presentaron siete ofertas. Tres quedaron por debajo del presupuesto oficial y cuatro lo superaron. La propuesta más baja fue la de José Cartellone Construcciones Civiles, con $59.738 millones, un 15,28% menos que el cálculo oficial y más de $10.700 millones por debajo de la estimación inicial.
La segunda oferta más competitiva correspondió a la UTE Ayfra SRL-Green SA, que cotizó $63.899 millones, también inferior al presupuesto oficial, aunque por encima de la propuesta de Cartellone.
En el extremo superior, la oferta más elevada superó el cálculo oficial en más de un 11%. La distancia entre la propuesta más baja y la más alta ronda los $18.800 millones, lo que refleja diferencias sustanciales en la estructura de costos y en la valoración de riesgos por parte de las empresas.
El esquema de evaluación otorga un peso determinante al precio -equivalente al 80% del puntaje-, dado que se trata de recursos extraordinarios provenientes del resarcimiento por la promoción industrial. El Ejecutivo también contempla mecanismos para recuperar parte de la inversión.
Con este escenario, el Gobierno se dispone a tomar decisiones que no solo impactarán en la infraestructura vial y ferroviaria, sino también en su vínculo con el sector privado y en la discusión política sobre el destino de los fondos extraordinarios.
El malestar empresario y la réplica oficial
Las cámaras que nuclean a constructoras locales volvieron a expresar inquietud por la distribución de los contratos financiados con el Fondo del Resarcimiento. Desde la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim), su titular Dalmiro Barbeito advirtió en declaraciones radiales sobre la reiterada asignación de obras a "las dos grandes constructoras que tiene la provincia" y reclamó que se asegure una mayor participación del entramado de firmas mendocinas.
En ese marco, cuestionó también las ofertas que se ubican muy por debajo de los presupuestos oficiales. "Que una oferta esté muy por debajo de lo presupuestado distorsiona y le quita valor al trabajo que el equipo comitente realizó al momento de su elaboración. Por eso le pedimos al Gobierno esa observación y que permita la participación de la amplia red de empresas que existe en Mendoza", planteó.
Desde el Gobierno provincial rechazaron los cuestionamientos. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, respondió que "si las empresas, en vez de hacer lobby, se dedican a sacar números, las obras se van a adjudicar a quienes trabajen bien y sean competitivos".
El funcionario defendió la transparencia de los procesos y señaló: "Nosotros hemos hecho el proceso más abierto y transparente posible: 45 días con los pliegos colgados en borrador. Todo el mundo puede acceder, sugerir modificaciones y pedir aclaraciones".
En tono crítico hacia las firmas que reclaman, agregó: "O se ponen a hacer números finos y a acomodarse a la economía que tenemos, planificando bien las obras, o se van a quedar afuera. En definitiva, se quedan afuera porque son malas empresas, no por una cuestión nuestra".
Según Mema, pese a las observaciones del sector privado, la asignación de contratos ha sido "bastante diversificada" y el esquema vigente garantiza competencia abierta en cada licitación.
