La Legislatura dio sanción definitiva a las modificaciones en la Ley de Seguridad Pública
La iniciativa fue aprobada en Diputados tras su revisión en el Senado y busca establecer un protocolo para el uso de armas por parte de la Policía, como así también la figura de "peligro inminente".
Este miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción final al proyecto impulsado por Gustavo Cairo (LLA) y Enrique Thomas (PRO Libertad), que introduce modificaciones a la Ley 6722 de Seguridad Pública, estableciendo reglas más claras para el uso de armas por parte del personal policial.
Luego de una primera aprobación en Diputados, la iniciativa fue tratada en el Senado, donde recibió algunas incorporaciones por lo que la Cámara Baja sancionó este miércoles el texto final de la norma.
La ley precisa funciones del personal de seguridad, incorporando nuevas disposiciones vinculadas a la protección de las personas y los bienes ante situaciones de peligro, así como tareas de observación, vigilancia y prevención de conflictos en espacios públicos.
Asimismo, establece pautas respecto al uso de armas de fuego por parte del personal de seguridad en situaciones de peligro inminente, contemplando casos de legítima defensa, protección de terceros o cuando exista riesgo grave para la vida o la integridad física.
Los cambios clave de la reforma
Definición de "peligro inminente": se establecen criterios concretos para determinar cuándo un efectivo puede usar su arma.
Advertencia previa: el agente deberá identificarse y advertir antes de disparar, salvo que hacerlo incremente el riesgo para él o para terceros.
Medidas disciplinarias: cuando verosímilmente el obrar del personal de seguridad haya sido ajustado a la ley y no haya una resolución judicial firme que resuelva lo contrario, el Ministerio de Seguridad, la Inspección de Seguridad o las Jefaturas respectivas deberán abstenerse de adoptar medidas administrativas o disciplinarias.
Convocatoria de retirados: además, la norma habilita la posibilidad de convocar a policías retirados para cumplir funciones dentro de la fuerza.
Debate y controversias
Gustavo Cairo, uno de los impulsores del proyecto, explicó que la norma se atiene a principios y estándares internacionales, como lo es el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sancionado por la ONU en 1979. Además, explicó que las modificaciones introducidas vienen a aclarar muchos espacios grises existentes dentro de la ley.
Por su parte, el representante del PJ Germán Gómez señaló que al aprobar esta iniciativa "habrá consecuencias jurídicas" que generará "grises", considerando al respecto que "avanzamos sobre cuestiones poco claras, y son realmente muy peligrosas de no corregirlas". Además, marcó que no existe la figura del "presunto delincuente", mencionada en el artículo 2, inciso 7 bis de la nueva norma.
