Piden revisar la lista de presos políticos que reciben pensiones en Mendoza

Lo solicitó un diputado del PRO. Quiere verificar que ninguno reciba más de una pensión y, de ser posible, que la pague el Gobierno nacional y no la Provincia.

Desde 2012, los mendocinos que estuvieron detenidos durante la última dictadura por motivos políticos cobran una pensión por parte del Estado mendocino, luego de la sanción de la Ley 8.395 en la gestión de Francisco Pérez. Ahora, un diputado del PRO, Gustavo Cairo, pidió revisar esta lista por posibles incompatibilidades.

Así lo planteó Cairo en un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo "el listado con nombres y DNI de beneficiarios de pensiones otorgadas según la Ley 8.395, reglamentada por el decreto 514/12, y un resumen de las razones por las que se otorgó este beneficio a cada persona: días, fecha y lugar de detención".

Gustavo Cairo, diputado del PRO.

Gustavo Cairo, diputado del PRO.

En primer lugar, el diputado quiere que se revise nuevamente si corresponde la pensión como detenido político, pero además busca verificar si esa persona cobra otro resarcimiento por parte del Estado nacional. En este punto, las distintas leyes que fueron sancionándose aclaraban que nadie podía cobrar más de una pensión.

En diálogo con Memo, Cairo aclaró que en caso de detectarse una incompatibilidad -que una persona cobre dos pensiones como preso político- debería mantenerse la nacional, lo que "generaría un ahorro a las arcas del Estado provincial". 

Con respecto a la Ley de Paco Pérez, esta fue sancionada en 2012. Estableció que para acceder a la pensión no se tomaría en cuenta el mayor o menor tiempo de detención y en caso de fallecimiento de beneficiario sería trasladable a sus cónyuges, convivientes, hijos menores o con discapacidad.

Si bien esta pensión podía ser cobrada aún por quienes hubieran percibido la indemnización nacional de 1991, se estableció que no se podría recibir ningún otro resarcimiento vitalicio. Sin embargo, en 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se aprobó la ley nacional 26.913 que también estableció una pensión para ex presos políticos.

A raíz de esto, el legislador del PRO quiere revisar que no haya personas que cobren a la vez pensiones por la Ley provincial 8.395 y la Ley nacional 26.913.

Hasta fines de 2015, cuando terminó la gestión peronista y asumió Alfredo Cornejo como gobernador, eran aproximadamente 300 las personas que cobraban la pensión de Mendoza por haber sido detenidos políticos durante la última dictadura. Desde entonces, la lista se habría ampliado, aunque hubo rechazos de solicitudes.

Un caso emblemático de una persona que pidió recibir la pensión como preso político y le fue negada (por Cornejo y Rodolfo Suarez) es el del dirigente peronista de Las Heras Roberto Lucas.

Volvieron a negarle la indemnización a un peronista que estuvo en el D2

De acuerdo con el exconcejal de Las Heras, entre fines de marzo y comienzos de abril de 1982 estuvo retenido ilegalmente en el comando policial D2, que durante la dictadura funcionó como un centro clandestino de detención y torturas. Y aportó como prueba el testimonio de otra persona que presuntamente estuvo junto a él.

Sin embargo, la respuesta que obtuvo fue negativa. En agosto de 2020, Suarez justificó: "Se verifica en el sistema informático policial que el Sr. Roberto Bernardo Lucas estuvo detenido/aprehendido o demorado en fecha 09 de marzo de 1982, recuperando la libertad el mismo día, sin especificar causa o motivo, con lo cual esa fecha no coincide con las demás declaradas".

 Hoy en día, la pensión para presos políticos que corresponde a la Provincia de Mendoza es cercana a $20.000 (equivalente a un salario Clase 10) y la nacional asciende al doble: casi $40.000 (salario de planta permanente Clase D Nivel 0).  

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