De la nada, al todo: la reforma minera concentra el poder en el director de Minería

El texto ingresado este martes elimina el Consejo de Minería y, además, le da un rol protagónico a Impulsa Mendoza SA en el manejo de las áreas mineras.

Una de las muestras más concretas del impacto negativo de la ley antiminera 7.722 en Mendoza, fue el abandono que sufrió la Dirección de Minería durante más de 17 años. Con el tiempo fue desmantelada y pasó a ser una oficina escondida en un edificio de Boulogne Sur Mer. Por eso, el impacto de la reforma que ingresó el Gobierno a la Legislatura es casi refundacional, porque más allá de las cuestiones que apuntan a agilizar los procesos administrativos, directamente instala un nuevo modelo.

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Con este nuevo esquema la Dirección de Minería pasa de la nada a un todo, un cambio que ya se empezó a ver en las oficinas del organismo que volvieron a tener personal. Pero más allá de eso, el proyecto ingresado empodera al director del organismo y le da un rol con amplias atribuciones.

El Gobierno destacó que el objetivo de la reforma es agilizar la actividad, hacerla más transparente, establece mayores controles ambientales y reforzar la Policía Minera. Sin embargo, uno de los cambios fundamentales es que se concentra el poder en el director de Minería. Según artículo 2° del proyecto ingresado señala que será el titular del organismo el que cumpla el rol de autoridad minera y "entederá y resolverá sobre los asuntos, peticiones y cuestiones que versen sobre los derechos mineros en todo el territorio provincial, y dictará las resoluciones definitivas que conceden, deniegan o declaran caducos los derechos mineros de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Minería y el Código de Procedimiento Minero de la Provincia".

Hoy la autoridad minera es ejercida por un Consejo de Minería compuesto por cuatro personas, el cual según la ley 3.790 (que se deroga en el artículo 4° del proyecto ingresado a la Legislatura) "ejercerá la autoridad minera en la concesión, denegación y/o caducidad de derechos mineros. Asimismo entenderá sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones previas dictadas por el director que causen perjuicio".

En la actualidad el Consejo está conformado por dos geólogos (Ana Graciela Defant y Mario Oscar Balod); un representante de los productores mineros como consejero titular (Juan Carlos Pérez Gallardo) y un abogado (Hernán Díaz Moyano). A ellos se suma el director de Minería, cargo que bajo la legislación actual está vacante, porque Jerónimo Shantal no puede firmar en este cuerpo porque no es geólogo, ingeniero en minas o tiene alguna especialización técnica en la materia. 

Por eso, con este nuevo esquema, también se elimina esta restricción que tiene el artículo 8° de la ley que se deroga. Así Shantal podrá asumir con propiedad y con mayor poder que sus antecesores, ya que estará concentrada en su persona todas las atribuciones que hoy maneja el Consejo de Minería.

Impulsa Mendoza

Una cuestión clave en el nuevo esquema de funcionamiento del Código de Procedimientos Mineros de Mendoza es la presencia de la sociedad anónima creada bajo la administración de Rodolfo Suarez. Según el proyecto ingresado a la Casa de las Leyes, Impulsa Mendoza tendrá prioridad sobre las áreas que estén libres, que caduquen o estén vacantes y -según el texto- se encargará de licitar las áreas o minas vacantes.

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El rol de la sociedad anónima está contemplado en el artículo 38° del proyecto que envió el Ejecutivo. Allí señala que "en todos los casos de caducidad, liberación de áreas ocupadas por derechos mineros o declaración de minas vacantes... deberá notificarse a la empresa minera lmpulsa Mendoza Sostenible... para que en el plazo de treinta (30) días hábiles exprese su decisión o no de declarar las áreas como de lnvestigación Geológica Minera"

El documento indica además en otro tramo que "en el caso de que lmpulsa Mendoza Sostenible S.A. -o la empresa del sector público provincial que la reemplace-, ejerciere el derecho de preferencia mencionado en los párrafos anteriores, deberá convocar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, a un concurso o licitación pública a toda persona humana o jurídica, invitándolos a presentar una oferta que deberá contener como mínimo, sus antecedentes, un programa de trabajos y un compromiso de inversión".

Del abandono a la centralidad

En reiteradas ocasiones este cronista hizo hincapié en la importancia de recuperar la Dirección de Minería como un organismo fundamental para el desarrollo minero. 

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Desde 2007, cuando se aprobó la ley antiminera 7.722, la repartición pasó al olvido y se dedicó a tramitar casi exclusivamente expedientes de proyectos de segunda y tercera categoría.

Tan poca importancia se le dio a la Dirección de Minería, que durante los últimos años el Estado provincial destinó más dinero a comprar vestidos de las reinas de la Vendimia que para promoción minera.

En la gestión de Francisco Pérez, con Carlos Molina como director de Minería y Marcos Zandomeni como ministro, se impulsaron dos proyectos que hoy están en exploración, Hierro Indio y Cerro Amarillo. En ese momento el radicalismo en bloque votó en contra de ese impulso y tras un pequeño despertar el organismo volvió al olvido.

Tan olvidada quedó, que llegó la gestión de Cornejo y Molina siguió en su cargo, porque para esa administración era un espacio irrelevante y las requisitos para el nombramiento hacían que fuera un dolor de cabeza buscar a alguien que quisiera ocupar el cargo. Allí estuvo hasta que se nombró a Santiago Fernández, quien estaba al frente de Hidrocarburos (que también tuvo problemas porque su firma tampoco estaba habilitada). Estuvo poco tiempo, se fue a PRC y ahora está en Impulsa Mendoza.

En su lugar llegó Roberto Zenobi, un conocido del sector minero y extitular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM). No contó con más recursos, pero estuvo en el momento que avanzaron Potasio Río Colorado, Hierro Indio, Cerro Amarillo y tres áreas de Geometales S.A. Tenía ganas de continuar, pero no estaba considerado en el plan de reforma de la entidad.

Ahora, con todo el proceso en marcha, resta ver la reacción de los distintos sectores políticos, técnicos y sociales tras analizar en detalle el proyecto que el Ejecutivo pretende aprobar en el corto plazo.

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