Por qué la minería no es un tema cerrado en Mendoza

Por el momento la discusión sobre el desarrollo de la minería metalífera es un tema que para el espectro político es mejor dejar a un lado, pero hay puntos que inevitablemente nos indican que es un tema que deberá tratarse nuevamente.

Aunque se derogó la ley 9209, la cual permitía el desarrollo de la minería metalífera en Mendoza, el tema está lejos de pasar al olvido porque el potencial de la provincia sigue existiendo y hay cuestiones pendientes con algunos proyectos de los cuales es necesario hacerse cargo.

Claramente para el mundo político es un tema muy difícil de volver a tocar en el corto o mediano plazo, pero hay cuestiones que no pueden evitar y que necesariamente harán que se vuelva a poner sobre la mesa. La pregunta que surge es cómo hará en ese momento, enfrentando nuevamente la discusión o evitándola por el costo político que tuvo la fallida reforma a la Ley 7722. Sin ir más lejos, la minería no puede ser un tema terminado si en el corto plazo es posible que se cree un empresa provincial dedicada a la materia.

PRC en manos mendocinas

En el corto plazo, por ejemplo, lo que nos hará volver a hablar de minería es el (posible) traspaso de Potasio Río Colorado desde Vale a la provincia. La finalidad es intentar buscar que el proyecto ubicado en el departamento de Malargüe -en algún momento- se ponga en marcha aunque no a la escala que se iba a desarrollar en un principio. 

Por eso, a pesar del revés que tuvo la reforma a la Ley 7722, en el Ejecutivo provincial mantuvieron los planes que tenían para la Dirección de Minería y se concretó el traspaso de Santiago Fernández desde la Dirección de Hidrocarburos a las oficinas de la entidad ubicada en la avenida Boulogne Sur Mer.

Esa dependencia del Estado lleva mucho tiempo casi en el olvido y uno de los objetivos de la ley 9209 era potenciarla, pero ante las manifestaciones y la marcha atrás del Ejecutivo ahora se tendrán que ajustar a los recursos que les derramen desde el Ministerio de Economía.

Además de ocuparse de cuestiones que pueden parecer menores en la dirección, como contar con abogados que se ocupen de los procesos que necesitan tramitar, el organismo jugará un rol fundamental en los próximos meses en el proceso de análisis de los resultados del "due dilligence" que se está realizando en las cuentas de PRC y Vale. El objetivo de esa acción es determinar en qué condiciones está el proyecto y los pro y los contra de su posible traspaso a la provincia.

La empresa que está a cargo del análisis tiene fecha de entrega alrededor del 20 de marzo, siempre y cuando no se pida alguna extensión del plazo. En ese momento se analizarán los resultados y las opciones existen para que el Estado tenga la propiedad de Potasio Río Colorado después de muchos años de idas y vueltas.

De darse las condiciones para que Mendoza se haga de la propiedad de PRC, se avanzaría con la creación de una empresa provincial de minería. Esa opción corre con ventaja por encima de la de ampliar el objeto de Emesa, que era la otra posibilidad para conseguir la propiedad. Todo eso considerando que es necesario que sea una empresa con participación del Estado la que se haga cargo de PRC, ya que la Provincia como tal no puede tener una concesión minera.

Después de tener la propiedad de la empresa, se tendrá que pensar qué hacer con el proyecto. La opción más cercana -en la teoría- es una planta piloto china. Sin embargo, en medio de la crisis por el coronavirus y la caída de la bolsa de ese país, hay que esperar para ver hasta dónde llegan los efectos de la situación en las compañías de la segunda mayor economía del mundo.

Cuando hablamos de PRC en su formato original estamos hablando de un proyecto muy importante, o como le llaman los manifestantes, megaminería. Sin embargo, el contexto del potasio a nivel mundial no ayuda para que eso se haga realidad y lo que se podría hacer es una planta de menor escala,

Del "due dilligence" saldrán datos tan importantes como el estado de la infraestructura de los pozos (que en teoría no tendría problemas), la infraestructura de servicios y también los materiales que quedaron en el lugar sin ensamblarse, como cañerías y tuberías. En este último punto se debería determinar si ese material puede ser utilizado en un proyecto que apunte a una producción menor a la original. Después de analizar ese "due dilligence" la Provincia tomará la decisión final para determinar si es un activo o un pasivo y en qué condiciones.

Minería con 7722 vigente

Curiosamente la minería apareció ya en varias oportunidades como una opción para ampliar la matriz productiva de Mendoza. Cuando se sancionó la 7722, cuando PRC apareció como la gran apuesta de empleo y ahora con la extinta ley 9209.

Sin embargo, y con 7722 en plena vigencia, aún hay expedientes en la Dirección de Minería que pueden avanzar sin tener choques con la normativa. Es que antes de que el Ejecutivo impulsara la reforma ya se había iniciado el trámite de proyectos como San Jorge, el cual volvió a la denominada "foja cero" durante la administración de Alfredo Cornejo.

El proyecto de flotación para producir concentrado de cobre sigue su trámite y se realizan las actualizaciones solicitadas por el Gobierno, apuntando a la realización del proyecto que en un momento fue archivado por otra decisión política -y no técnica- durante la campaña que ganó Francisco Pérez. 

Luego vino la idea del proyecto biprovincial, sacando el material en Uspallata para llevarlo a través de un tren a San Juan y tratarlo allí. Sin embargo, la administración anterior decidió que el expediente debía volver a foja cero y volver a empezar.

Con todas esos idas y vueltas el expediente sigue su camino y en algún momento el Ejecutivo -tarde o temprano- tendría que enfrentarse a la encrucijada sobre qué hacer con el proyecto, porque es finalmente en Casa de Gobierno donde se decide en qué momento se lleva una Declaración de Impacto Ambiental para su ratificación legislativa.

Las opciones no son muchas y esa cuestión volverá a poner a la decisión política ante una decisión que puede resultar incómoda. Entonces, con todos los temas mencionados en una circulación paralela a la de los actores políticos, es difícil pensar que la minería es un tema terminado, más aún considerando en que en la provincia se sigue desarrollando en segunda y tercera categoría y que es altamente probable que exista una empresa provincial.

Ahora, sólo queda esperar y ver qué pasará con los temas mineros que aún están rondando.

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