Sadop asegura que tiene herramientas legales para accionar si el Gobierno los obliga a volver a clases

El gobernador Rodolfo Suarez anunció la vuelta a clases presenciales de modo voluntario y para alumnos específicos. La justicia, por un amparo realizado por SUTE, exigió al estado mendocino el llamado a paritarias. El Gobierno acató diciendo, antes que nada, que no hay dinero para aumentos pero se sentarán a dialogar.

Ahora, el Sindicato argentino de docentes privados (Sadop) emitió un comunicado en el que cierra diciendo, en mayúsculas, que "las condiciones de bioseguridad no están garantizadas para el regreso a la presencialidad". En el medio, el periodista Marcelo Torrez le hizo una entrevista a la titular de dicho gremio que terminó con un pedido de repudio para él en change.org por parte la comunicad educativa.

Concretamente, el escrito que está haciendo circular hoy Sadop va dirigido al gobernador Suárez. En él, citan desde el decreto que hace referencia al apoyo escolar presencial y voluntario hasta el artículo de la ley de Contrato de Trabajo que habla de la protección de la salud de la/el trabajador deben estar garantizadas por el empleador.

Al respecto, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) dijeron a Memo que  tiene normas que están editadas y además algunas de ellas ya se modificaron. Respecto a los que sí están vigente, según el Gobierno, son los artículos de la ley de Trabajo que rigen para todas las actividades que sí están funcionado entonces "no tienen porque no hacerlo las instituciones educativas".  

También, el sindicato de los docentes privados cita dos resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación. Una, habla de que mientras dure la suspensión de clases "se considerará justificada la inasistencia de la persona adulta responsable a cargo cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente". El otro, recuerda cuáles son los grupos de riesgo que están exentos. 

En la parte final, Sadop exige que se cumpla todo lo que tales leyes, decretos y protocolos establecen. Caso contrario, señalan, tienen las herramientas para poner en práctica "las acciones legales que correspondan, en caso de coerción hacia las o los trabajadores y/o amenaza de despido". 

A lo que Sebastián Boulin, director de Asuntos Jurídicos de la DGE, respondió: "No es cierto que haya coerción ni ningún tipo de amenaza de despido a los trabajadores de la educación privada. No es verdad lo que dicen, los comunicados de la DGE establecen que el regreso es voluntario y cumpliendo todos lo protocolos. A todos les hemos dado la oportunidad de aceptar o no dar clases en forma presencial".