Semana decisiva para Milei: inflación, protesta sindical y pulseada parlamentaria

El Indec difundirá el IPC de enero en medio de cambios internos, la CGT marchará contra la reforma laboral y el Congreso debatirá dos proyectos centrales del plan oficial: empleo y régimen penal juvenil.

El Gobierno de Javier Milei afronta desde este lunes una secuencia de definiciones que pondrán a prueba su estrategia política y económica. En pocos días se cruzarán tres frentes sensibles: la publicación del índice de inflación de enero, una movilización sindical frente al Congreso y el inicio de debates legislativos clave durante las sesiones extraordinarias.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el IPC del primer mes del año, en un clima atravesado por la renuncia de Marco Lavagna y la decisión oficial de frenar la implementación de una nueva metodología de cálculo. En paralelo, el miércoles la CGT volverá a manifestarse frente al Parlamento para rechazar la reforma laboral, justo cuando el Senado comience a discutir el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

Ese mismo día también se pondrá en marcha una intensa agenda parlamentaria: el oficialismo buscará avanzar con la media sanción de la reforma en la Cámara Alta y abrir en Diputados el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

Inflación en foco y ruido estadístico

El primer test de la semana llegará desde la economía. Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, los analistas proyectan una inflación cercana al 2,4% para enero, con estimaciones privadas que se mueven entre el 2,4% y el 2,8%. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó en Radio Mitre que el dato "seguramente esté en torno del 2,5%" y aseguró que la inflación "va a tender a bajar".

De confirmarse esas previsiones, enero marcaría el quinto mes consecutivo por encima del 2% y superaría el registro del mismo período de 2025, cuando el IPC había sido de 2,2%.

El índice se difundirá con la canasta vigente, luego de que el Gobierno resolviera postergar la actualización metodológica tras la salida de Lavagna. Economistas que compararon ambos esquemas señalaron que la diferencia habría sido acotada: mientras la inflación oficial de 2025 fue de 31,5%, con la nueva medición habría llegado a 32,4%, según cálculos privados.

La discusión técnica se combina con señales de presión en los precios de alimentos. Consultoras detectaron subas en carnes, verduras, bebidas y panificados durante la primera semana de febrero, un comportamiento que agrega incertidumbre a las expectativas de corto plazo y vuelve a colocar en primer plano uno de los rubros más sensibles para el Gobierno.

La CGT se moviliza sin paro

En simultáneo, el frente sindical volverá a tensarse. La CGT resolvió marchar el miércoles al mediodía frente al Congreso, coincidiendo con el arranque del debate de la reforma laboral en el Senado. La decisión fue tomada por su Consejo Directivo, donde no prosperó la idea de convocar a un paro general.

La interna cegetista quedó expuesta: el sector dialoguista impulsó una protesta sin huelga para mantener abiertos los canales políticos, aunque la conducción rechaza "íntegramente" el proyecto del oficialismo y busca modificar los artículos más sensibles, en especial los vinculados al financiamiento de las obras sociales.

Los gremios más duros -sobre todo los del transporte- presionaron por un paro de 12 o hasta 48 horas, pero no lograron el respaldo necesario. En ese marco, la central obrera reclamó a los senadores y gobernadores que "cumplan con los compromisos con las provincias y los ciudadanos".

Desde la CGT admiten preocupación por el respaldo de varios mandatarios provinciales al Gobierno. En Balcarce 50, en cambio, aseguran que cuentan con los votos para avanzar.

El cotitular de la central, Cristian Jerónimo, advirtió que si los reclamos no son atendidos "puede escalar la conflictividad", mientras la amenaza de una huelga general sigue latente.

En la oposición, Unión por la Patria presentó su propio proyecto laboral, elaborado por la diputada Kelly Olmos, que propone reducir la jornada, regular el trabajo en plataformas digitales y facilitar los convenios colectivos. También surgieron advertencias judiciales: el exdiputado Claudio Lozano sostuvo que la reforma "es también reforma tributaria" y alertó que "el Senado, al tratar este proyecto, que es una reforma tributaria, viola la Constitución Nacional".

El Congreso, en el centro de la escena

El tercer frente será legislativo. Con las extraordinarias vigentes hasta el 27 de febrero, el Ejecutivo apuesta a aprobar la reforma laboral en el Senado esta semana. La Libertad Avanza confía en reunir los votos para avanzar en general, aunque las negociaciones se vuelven más complejas en el tratamiento artículo por artículo, sobre todo en el capítulo fiscal.

Uno de los principales focos de conflicto con los gobernadores es la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en la coparticipación. Estimaciones privadas calculan que la baja de alícuotas implicaría una merma de $3,1 billones en 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias.

Según trascendió, el Gobierno analiza mecanismos de compensación a partir de 2027. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anticipó que esos puntos se discutirán directamente en el recinto.

En paralelo, Diputados se prepara para debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con apoyos del PRO, la UCR y sectores del massismo. El oficialismo también intentará sumar al temario el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

El proyecto se tratará en un plenario de comisiones y podría continuar su recorrido en marzo, ya en sesiones ordinarias. Aunque la iniciativa original del Ejecutivo planteaba llevar la edad a 13 años, en la Casa Rosada reconocen que el consenso político hoy se ordena en torno de los 14.

Desde bloques dialoguistas advirtieron sobre la falta de infraestructura para aplicar la reforma, mientras que el peronismo anticipó que dará pelea para frenarla. Casos recientes de delitos cometidos por menores volvieron a instalar el tema en la agenda pública y son utilizados por el oficialismo para acelerar la discusión.

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