Alejandro Gullé: "Si los extorsiona un inspector de SADAIC o AADI CAPIF, llamen a la Policía"

El procurador general de Mendoza se refirió al decreto 765 y explicó que la ley "se cumple": "Se denuncia a la policía y la policía tiene la obligación de darle novedad al fiscal y conducir al inspector detenido hasta aclarar la situación", explicó en "Tenés que saberlo".

Conte, Argüello y Bitar
Conductores del programa "Tenés que saberlo", de lunes a viernes a las 7 por Radio Jornada

En las últimas horas se conoció que el Ministerio Público Fiscal accionará contra SADAIC y AADI CAPIF en caso de que continúen exigiendo de forma extorsiva el pago de derecho de autor en fiestas privadas. El procurador general de Mendoza Alejandro Gullé habló con Gabriel Conte, Evangelina Argüello y Hernán Bitar en "Tenés que saberlo", por Radio Jornada 91.9, 100.1 de San Martín y FM del Condado 96.9 de Luján, y explicó el alcance del decreto y la obligación de cumplirlo en Mendoza.

"El artículo 149 bis, segunda parte, sanciona con penas que van de 2 a 4 años de prisión al que obligare a otro a hacer algo, tolerar algo, en contra de su voluntad amenazándolo. Si va un inspector a un cumpleaños de 15 y le dice a la gente "si no paga lo que nosotros creemos que corresponde, le cerramos todo, le apagamos la música y no le dejamos entrar a la gente", claramente es una coacción, algo que no corresponde. La ley se cumple, el decreto 765 de este año de la presidencia de la Nación es clarito: no corresponde que se pague ni AADI CAPIF ni SADAIC a quienes realicen una fiesta privada", explicó Gullé.

El procurador general explicó que frente a la situación, se debe dar aviso inmediato a la policía: "Denuncia penal inmediata. Se denuncia a la policía y la policía tiene la obligación de darle novedad al fiscal y conducir al inspector detenido hasta aclarar la situación. Esto no es que yo cumplo la ley si quiero o si me favorece, hay que cumplirla. Ya hay tres causas penales, ayer entraron tres denuncias y esto va a seguir".

Además, Gullé explicó que si SADAIC o AADI CAPIF consideran que se contraviene sus derechos, deberán plantearlo legalmente: "Mientras tanto, está vigente el decreto 765 y la provincia ha hecho lo propio con una ley. No es optativo esto, cumplo si lo quiero, ni tampoco el decir si es competente la justicia federal. Eso lo vamos a discutir después, mientras tanto vamos a actuar".

Gullé también señaló que en algunos casos han existido irregularidades graves con el cobro de los servicios: "En algunos casos nos dicen que ni siquiera les extienden recibos, eso no se puede permitir. Hay gente que ha pagado ya y ahora está diciendo "yo pagué pero no me quisieron dar recibo". Eso es un problema".

Finalmente, señaló que no ha analizado las causas en particular, pero sí que actuarán siempre que sea necesario: "No me he metido en las causas a ver los casos particulares, pero vamos a actuar en todos los casos. Y si se repite la conducta de algunas de las personas involucradas, tendrá que pensar esa persona que existe la reiterancia y que la excarcelación no va a ser viable", concluyó. 

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