Subsidiazo: Ética Pública investigará el caso y su titular se negó a preopinar

El Auditor General de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró, analizará el acuerdo entre el Gobierno y el exsenador Bonarrico que le otorgaba $18 millones a su fundación.

Ana Montes de Oca

El senador provincial peronista, Lucas Ilardo, confirmó hoy que denunciarán ante la oficina de Ética Pública de la Legislatura el subsidio que se le pretendía otorgar a la fundación Acción Social, presidida por el exsenador Héctor Bonarrico, en el marco de lo que el propio pastor dijo que se trataba de un "acuerdo político". 

"Vamos a ver cómo actúa la oficina de Ética Pública, que es parte del Gobierno también", punzó Ilardo en una conferencia de prensa que dio el PJ esta mañana.  En paralelo, Anabel Fernández Sagasti confirmó que también harán una denuncia ante la Justicia.

Al respecto, el Auditor General de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró, un radical que puso en funciones al frente de esa oficina el exgobernador Alfredo Cornejo, dijo a Memo, a través de su jefe de prensa,  que "no va a preopinar".

Desde su oficina confirmaron que estaban analizando el tema y que esperaban que entrara la denuncia formal para investigar cómo fueron los hechos y si todo el proceso, tanto el acuerdo como la derogación del decreto, constituyen una falta a la ética. 

Gabriel Balsells Miró, al frente de la oficina de ética, no quiere preopinar sobre el subsidio a la fundación de Bonarrico.

El subsidio de al menos $18 millones para la fundación Acción Social, presidida por Bonarrico, fue oficializado ayer en un decreto en el que se adjuntaba el polémica convenio. Hoy, ante la repercusión del caso, el gobernador Rodolfo Suarez lo derogó.

Sin embargo, el peronismo se vale de las declaraciones de Bonarrico para sostener que puede haber un delito, ya que el pastor dijo que el subsidio respondía a un acuerdo político por la pertenencia del exsenador a Cambia Mendoza.

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