La razón increíble por la que desplazaron a un gerente informático del Enargas

La hipótesis con la que trabajan los investigadores es que las supercomputadoras minaban criptomonedas con energía del edificio ubicado en pleno centro porteño.

El nuevo interventor del Enargas, Carlos Casares, ordenó una investigación interna tras hallar dos servidores informáticos instalados en forma ilegal en la sala de sistemas de la sede del organismo, ubicada sobre la calle Suipacha en el pleno centro porteño. Las computadoras no estaban declarados en el inventario del ente regulador ni tampoco brindaban ningún tipo de servicio asociado al contralor de la actividad gasífera. De la noticia da cuenta el portal especializado en temas energéticos EconoJournal.

Según informó el periodista Nicolás Gandini, al constatar la existencia irregular del equipamiento en una sala de acceso restringido del edificio, Casares instruyó una acción sumaria para determinar quién instaló y con qué finalidad las dos unidades informáticas que hoy se encuentran en custodia. "Aunque a priori se presente como surrealista o absurdo, la sospecha de los investigadores es que los servidores -que fueron montados bajo la gerencia de Ramiro Pigliapoco, quién hasta fines de diciembre fue titular del área de Tecnología de Comunicación e Información del Enargas- minaban criptomonedas. La hipótesis responde a que son servidores de alta potencia, similares a los que se utilizan para producir monedas virtuales en sistemas descentralizados de encriptación", según indicaron a EconoJournal fuentes privadas al tanto de los acontecimientos.

"Esta intervención tomó conocimiento de la existencia en el ámbito de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación de la presencia de dos equipos no inventariados, que prima facie no guardan relación con las funciones del organismo y que habrían sido utilizados para intereses ajenos a la competencia del Enargas", explicó Casares en los considerando de la resolución 6/2024 que tiene fecha del 6 de enero a la que accedió este medio.

Tras el hallazgo de los servidores irregulares y un día antes de que se oficialice la creación de una comisión investigadora que está a cargo de Claudio De la Fuente, un directivo histórico del Enargas que dirige el área de Recursos Humanos, y de Silvana Onorati, coordinadora de Asuntos Legales del organismo, Pigliapoco presentó su renuncia, lo que impidió que se lo indague en profundidad para saber cómo dos servidores de alta tecnología llegaron a estar instalados dentro del organismo de contralor de la industria del gas. El ex gerente de Tecnología era uno de los pocos que estaba autorizado para ingresar a la sala, cuyo acceso requiere requiere una validación de huella digital en la puerta de entrada.

De la Fuente y Onorati deberán ahora determinar la trazabilidad de los equipos, conocer quién los adquirió (no son propiedad del ente regulador) y quién operaba la red con la que estaban conectados vía Wi-Fi. Si el avance de la investigación arroja pruebas concluyentes, las nuevas autoridades del Enargas llevarán el pedido a la Justicia. Pero aún es temprano para sacar conclusiones. Primero habrá que confirmar que los servidores hayan estado minando criptomonedas, para lo cual expertos informáticos tendrán que auditarlos en detalle y además, se deberá recabar información adicional como por ejemplo el consumo energético del edificio, que según indicaron allegados a la gestión anterior no habría variado en demasía desde que Pigliapoco instaló las computadoras, aparentemente en 2021.

El portal EconoJournal intentó comunicarse telefónicamente con Pigliapoco, pero no obtuvo respuesta. Desde Enargas, en tanto, se excusaron de realizar comentarios.

Lo que se sabe es que Pigliapoco ingresó al Enargas durante la intervención a cargo de Federico Bernal, que llegó al ente en marzo de 2020 con el respaldo de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner (más allá que a fines de 2021 perdió la confianza de Máximo Kirchner y la conducción de La Cámpora). Quien lo recomendó fue la abogada María Tereza Pittorino Díaz, actual secretaria del Directorio del ente regulador e hija de Daniel Díaz, un ex directivo de Odebrecht con probada capilaridad con referentes de la industria del gas de todo el arco político. Pigliapoco es cuñado de Pittorino Díaz y yerno de Díaz, dado que está casado con otra de las hijas del ex ejecutivo de la constructora brasileña, que entre 2020 y 2022 fue asesor de Bernal en el Enargas. Díaz falleció a mediados del año pasado.

Hasta el momento, las fuentes consultadas privadas por este medio aseguraron que aún no existe ningún elemento empírico que vincule de manera directa el accionar de Pigliapoco con sus superiores dentro del Enargas. Ni con Bernal, que hasta el 10 de diciembre pasado se desempeñó como subsecretario de Hidrocarburos (dejó el ente regulador en octubre de 2021), ni tampoco con Osvaldo Pitrau, que lo sucedió como interventor.

El departamento de Seguridad Informática del Enargas ya había estado en el centro de escena en septiembre pasado por una filtración de una base de datos del organismo que se vendió en la red oscura de Internet. Disconforme con las explicaciones técnicas que recibió de Pigliapoco, Pitrau había contratado una auditoría externa a cargo del área de Ciberseguridad de la Universidad Scalabrini Ortiz (ONSO), que depende de Pablo Lázaro, quien fuera subsecretario de esa unidad durante la gestión de Patricia Bullrich en el gobierno de Cambiemos. Los resultados de esa investigación se conocerán en las próximas semanas.

Pitrau dejó el Enargas a fines de diciembre, reemplazado por Casares. Una de sus últimas medidas fue disolver la gerencia de Innovación Tecnológica, que estaba a cargo de Carina Buccieri, hija de Carlos Buccieri, otro histórico de Gas del Estado y a su vez ahijada de Daniel Díaz. El área de Innovación fue una de las que más creció durante la gestión de Bernal, que elevó exponencialmente el personal de planta del ente regulador, que hoy supera las 650 personas, un 30% más que la media histórica. Casares, que el lunes presidió la audiencia pública del gas de cara a aumentar las tarifas residenciales de gas, apunta a regularizar esa situación a lo largo de 2024. 



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