Oficina Anticorrupción

La vicepresidente y otros exfuncionarios están imputados por otorgar a Lázaro Báez obras con sobreprecio o que no se terminaron, pero cobró.

Básicamente, quieren saber si trabajaron para empresas o grupos de interés específico antes de ser funcionarios, y si lo hacen una vez concluida la función. Se institucionaliza la sospecha de que hay intereses particulares que "ponen" funcionarios por encima o en acuerdo con el decisor político, o bien podría pensarse que algunos pueden ser "premiados" por empresas privadas tras su paso por la gestión pública.

El registro abarcará "desde tres años antes de asumir" el cargo "y hasta un año posterior al ejercicio de sus funciones".

Los casos de corrupción que llegan a juicio son pocos, ya que la mayoría se cae por falta de mérito, sobreseimiento, archivo o prescripción durante la investigación. Sólo dos de cada 100 investigados por corrupción tuvieron una sentencia condenatoria.

La aparición de una factura por "asesoramiento en materia penal" emitida por Fernández en 2017 por $435.000 a Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, despertó todo tipo de suspicacias. La Oficina Anticorrupción le requirió información sobre su pasado reciente y se negó a responder, según informa La Nación.

Los hijos de Báez y del detenido abogado Jorge Chueco reclamaban que la OA fuera apartada, tal como ocurrió en las causas Hotesur y Los Sauces.

Aquí, un listado de viajes y regalos recibidos por parte de funcionarios públicos y referentes gremiales, de acuerdo a las exigencias de la Oficina Anticorrupción de Mendoza.