Ley de Glaciares

En momentos en que la crisis hídrica golpea a Mendoza con una intensidad sin precedentes, sorprende que se intente reinstalar la idea de que el problema del agua proviene de "agitadores profesionales" más que de decisiones públicas que condicionarán el futuro de toda la provincia.

Un geólogo explica cómo la inclusión del ambiguo "ambiente periglacial", impulsada por el ecologismo extremista, generó inseguridad jurídica y fue el "tiro de gracia" para detener el desarrollo de la minería en la Cordillera.

La ministra de Energía de Mendoza Jimena Latorre aclaró que no existe una iniciativa provincial para impulsar una nueva normativa, sino que el planteo apunta a reglamentar la ley vigente y definir con mayor precisión las facultades entre Nación, provincias y organismos técnicos. También reconoció que "no está relevada de la misma forma" la zona periglaciar.

Con respaldo de provincias y señales del sector privado, el Gobierno prepara un giro en la Ley de Glaciares para dar certidumbre técnica y jurídica a proyectos por hasta u$s15.000 millones. El presidente exige devolver "federalismo" a las provincias y evalúa desde un proyecto de ley hasta un DNU.