Ley de Glaciares

En vísperas de las sesiones extraordinarias del Congreso, el periodista de investigación Matías Avramow analizó en Radio Post el trasfondo de la reforma de la Ley de Glaciares. Quiénes son los gobernadores más interesados, el impacto real en los proyectos mineros y el temor de la comunidad científica por la subjetividad en la protección de los recursos hídricos.

Con giros de ATN, negociaciones con gobernadores y un entendimiento clave con la Ciudad de Buenos Aires, la Casa Rosada busca blindar apoyos para una semana decisiva en el Congreso, marcada por debates extensos y votaciones ajustadas.

El proyecto enviado al Congreso busca redefinir qué áreas quedan protegidas, acotar el alcance del inventario y habilitar evaluaciones caso por caso, con el objetivo de compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo.

En momentos en que la crisis hídrica golpea a Mendoza con una intensidad sin precedentes, sorprende que se intente reinstalar la idea de que el problema del agua proviene de "agitadores profesionales" más que de decisiones públicas que condicionarán el futuro de toda la provincia.

Un geólogo explica cómo la inclusión del ambiguo "ambiente periglacial", impulsada por el ecologismo extremista, generó inseguridad jurídica y fue el "tiro de gracia" para detener el desarrollo de la minería en la Cordillera.

La ministra de Energía de Mendoza Jimena Latorre aclaró que no existe una iniciativa provincial para impulsar una nueva normativa, sino que el planteo apunta a reglamentar la ley vigente y definir con mayor precisión las facultades entre Nación, provincias y organismos técnicos. También reconoció que "no está relevada de la misma forma" la zona periglaciar.

Con respaldo de provincias y señales del sector privado, el Gobierno prepara un giro en la Ley de Glaciares para dar certidumbre técnica y jurídica a proyectos por hasta u$s15.000 millones. El presidente exige devolver "federalismo" a las provincias y evalúa desde un proyecto de ley hasta un DNU.