presos políticos

Mientras más de 2000 personas fueron alcanzadas por la nueva ley impulsada por el oficialismo, el gendarme argentino permanece en El Rodeo I y reclama asistencia consular y la intervención de la Cruz Roja.

Organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores advierten que la ley aprobada por la Asamblea Nacional deja afuera a numerosos presos políticos. También hay incertidumbre sobre los argentinos detenidos y el alcance real de las liberaciones.

La ONG Foro Penal confirmó que alcanzaron a 444 los presos políticos liberados en Venezuela. Además, persiste la tensión por las demoras con la ley de amnistía.

La Asamblea votó a favor de la primera lectura y ahora debe ser sometido a una segunda y definitiva discusión; el texto deja afuera a los acusados de varios delitos graves, y los especialistas temen que eso dé lugar a discrecionalidades

El Ejecutivo supedita cualquier negociación formal a la sanción de una ley de amnistía en Venezuela y mantiene cautela frente al proceso político interno. El caso del gendarme Nahuel Gallo encabeza la agenda.

Germán Giuliani es uno de los argentinos detenidos en Venezuela y Virginia Rivero, su esposa, contó acerca de su detención y la necesidad de obtener una fe de vida acerca del paradero de su esposo.

El abogado y preso político venezolano liberado de la cárcel del Tocorón relató el "secuestro" de las fuerzas de seguridad, las condiciones infrahumanas de detención en la cárcel y advirtió que la transición es una farsa.

Entre las personas liberadas hay dos italianos y un dirigente juvenil. Varias ONG cuestionan el número proporcionado por las autoridades de Caracas.

Entre los ciudadanos nicaragüenses liberados se encuentran 13 miembros de la organización Mountain Gateway, con sede en Texas, junto con laicos católicos, estudiantes y otras personas

José López solicitó el beneficio vitalicio porque asegura haber sido detenido el 24 de marzo y liberado un día después. Para el Gobierno no hay pruebas que demuestren sus declaraciones.

Lo solicitó un diputado del PRO. Quiere verificar que ninguno reciba más de una pensión y, de ser posible, que la pague el Gobierno nacional y no la Provincia.

Dentro del propio Gobierno, hay funcionarios que ratificaron que en Argentina hay presos políticos, contradiciendo al Presidente. Hubo voces a favor del indulto de Alberto Fernández.