Reforma tributaria

Tras la apertura de sesiones del 1° de marzo, el Gobierno buscará consolidar sus mayorías para avanzar con la reforma tributaria, judicial y educativa, además de impulsar un entendimiento comercial con Washington y modificar el régimen ambiental.

Con 24 tributos reducidos o eliminados, la Casa Rosada defiende el gradualismo, pero el Congreso fragmentado y el peso de los impuestos provinciales condicionan un cambio más profundo.

Sin margen fiscal ni político para un paquete completo, el Ejecutivo opta por dividir la reforma en etapas y supeditar las bajas impositivas al crecimiento y al equilibrio de las cuentas públicas.

El Presidente regresará por la mañana de su gira por Oslo y, antes del mediodía, formalizará el ingreso de los proyectos que el oficialismo pretende empezar a discutir de inmediato: Presupuesto 2026, reforma laboral y blanqueo de dólares, entre otros.

La Casa Rosada busca avanzar con su reforma impositiva, pero cada cambio que afecte a los tributos coparticipables choca con la resistencia de los gobernadores. Por eso, mientras la baja del IVA parece inviable, el Impuesto al Cheque aparece como la alternativa más sencilla de suprimir.

El presidente de la Unión Industrial de Mendoza advirtió en diálogo con Radio Post sobre la incertidumbre económica, cuestionó la falta de reglas claras para proyectar inversiones y reclamó reformas laborales, tributarias y previsionales para modernizar la Argentina.

El proyecto que prepara el oficialismo eleva a $100 millones el mínimo para considerar evasión simple y crea un Régimen Simplificado de Ganancias con menos controles, pero impone multas más altas por incumplimientos formales.

El Gobierno avanza con una reforma tributaria para simplificar el sistema y reducir impuestos menores

El organismo consideró que aumentar los ingresos públicos por medio de una reforma tributaria "integral" es un plan "ambicioso pero factible".

El gobierno de Gabriel Boric impulsa una reforma en la que se considera una figura similar a la que propuso el kirchnerismo en el proyecto que tiene la firma de la senadora mendocina. Acá se buscaba recuperar los dólares fugados y allá perseguir a los evasores fiscales.

Aseguran que el royalty ad-valorem que se pretende aplicar es un impuesto regresivo que afecta más a las mineras pequeñas y a las de costo más alto disminuyendo la competitividad del sector.

A poco más de un año de terminar su mandato, Iván Duque impulsó la medida pero ha enfrentado obstáculos para defender la iniciativa en un Congreso sin mayorías claras.