Cornejo y otros dos gobernadores se presentaron como querellantes en la causa por el ingreso de Eskenazi a YPF

Este lunes, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo se presentó junto a sus colegas Ignacio Torres de Chubut y Claudio Vidal de Santa Cruz en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 de Comodoro Py para participar del proceso que investiga la compra de acciones realizada por el Grupo Petersen en 2007 y que derivó en la causa judicial internacional que enfrenta el Estado argentino por la expropiación de YPF.

"Queremos frenar el atropello de malas gestiones kirchneristas por las que hoy todos los argentinos estamos sometidos a un juicio que compromete la soberanía nacional y el futuro de nuestras provincias productoras de petróleo", afirmó Cornejo durante la conferencia de prensa que brindaron en Buenos Aires luego de su paso por los tribunales.

Además, el mandamás afirmó: "Argentina atraviesa una situación crítica, un embargo por 16.000 millones de dólares que está en plena ejecución en un tribunal de Nueva York", y subrayó que como gobernador de Mendoza, una provincia petrolera y socia de YPF, no puede permanecer indiferente frente a una injusticia que calificó como "consecuencia directa de la gestión irresponsable del kirchnerismo".

Sin perjuicio de la querella penal, las provincias presentaron también este mismo lunes un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender su participación accionaria en YPF en el marco del juicio que lleva adelante la jueza Preska. "El fallo de la magistrada neoyorkina no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado argentino", manifestó el gobernador chubutense, Ignacio Torres.

La causa

En diciembre de 2007, el grupo Petersen (liderado por el empresario argentino Enrique Eskenazi) firmó un acuerdo con Repsol YPF para adquirir el 25% de las acciones a través de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, radicadas en España. En 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26741 y aprobó la ley declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, con el objetivo de retomar el control de la compañía.

El fondo Burford Capital compró el derecho de litigio durante el proceso de quiebra del grupo Petersen, y en abril de 2015 presentó una demanda contra la Argentina ante la Justicia de Nueva York reclamando una indemnización. El argumento de la demanda se basó en que el Estado argentino violó el artículo 7° del Estatuto de YPF, que prevé que si alguien compraba más del 15% de la empresa, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas, algo que en este caso no ocurrió.

En marzo de 2023, la jueza del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska hizo lugar al pedido de los demandantes y señaló que la Argentina "incumplió el contrato" por no ofrecer una compensación a todos los accionistas. No obstante, excluyó de responsabilidad a YPF. En septiembre del mismo año, la magistrada puso fin al litigio al ordenar al Gobierno el pago de U$S 16,1 mil millones por la reestatización de YPF.

En junio de 2025, Preska le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización. Sin embargo, un mes después, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió preventivamente la orden de la jueza, eximiendo por el momento a la Argentina de entregar las acciones de la petrolera.