Insólito: fue a cobrar una asignación del Estado y le dijeron que había muerto
El Gobierno de Mendoza emitió un certificado de defunción de un hombre que no había fallecido. A pesar de los problemas que esto le causó, la Justicia cree que no hay responsables del hecho.
Un hombre fue dado por muerto y recién se enteró cuando quiso cobrar una asignación del Estado. Debido a que fue dado de baja de todas las reparticiones públicas, no pudo trabajar ni conseguir dinero para mantenerse. Demandó al Estado por los daños y perjuicios sufridos, pero la Justicia sostuvo que es un hecho del que no puede hacerse cargo el Gobierno de Mendoza.
Este miércoles comenzaba la carrera policial, pero la detuvieron con droga
Todo comenzó en marzo del 2017 cuando Walter Campero fue a una oficina del Anses para cobrar la asignación por sus hijos menores de edad y cuando presentó su DNI en la oficina de Las Heras le dijeron que no podía cobrar ya que figuraba como muerto.
Debido a que Camparo efectivamente seguía vivo, concurrió al Registro Civil para interiorizarse sobre lo ocurrido, donde le dijeron que debía ser un error en el sistema, pero no le brindaron ningún tipo de solución.
Un año después, en Casa de Gobierno le dieron un certificado para presentar frente a cualquier autoridad que lo requiriera mientras el Departamento Jurídico del Registro Nacional de Personas resolvía la situación.
Los días pasaban, pero la situación no se regularizaba, por lo que en mayo Campero obtuvo su propia acta de defunción en la que decía que había muerto en marzo del 2017 en el Hospital Central producto de un shock séptico por una neumonía bilateral.
Como en ese entonces realizaba catering para eventos, su trabajo se detuvo ya que no podía trabajar como monotributista por haber sido dado de baja en la AFIP. A esto se le sumaba que no podía acceder a ninguna asignación o ayuda del estado, cuenta bancaria o préstamo.
En el Hospital Central confeccionaron el acta de defunción.
Mientras tanto en el Registro Civil le ofrecieron darle el DNI de un extranjero fallecido mientras se arreglaba su situación, lo que Campero tomó como una burla.
Finalmente en enero del 2019 recibió una notificación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) donde constaba, legalmente, que estaba vivo.
En ese momento, la Justicia Federal archivó la causa concluyendo que existieron dos personas homónimas y que el fallecido fue erróneamente asentado en el acta de defunción. Al parecer, la persona que falleció había estado asentada con datos que no le pertenecían por una especie de "error administrativo".
Por esta razón, Campero demandó al Gobierno de Mendoza a pagarle $10 millones por los daños y perjuicios ocasionados.
El caso cayó en el Tribunal Civil Nº 3 que consideró que los errores fueron cometidos por personal que no depende de la Administración Pública provincial y que debería haber demandado al RENAPER, a pesar de que el acta de defunción fue confeccionada en el Hospital Central y con todos los daos remitida al organismo nacional para que diera de baja la matrícula.
Con esto, la Justicia determinó que el Gobierno de Mendoza no se encuentra legitimado para responder por los daños reclamados, por lo que el órgano nacional es el responsable de emitir el DNI que causó la confusión y el problema para la víctima.
