El Gobierno de Mendoza recuperó un inmueble ocupado desde hace 40 años

La Suprema Corte revocó una sentencia de Cámara y ordenó a la familia que ocupaba el terreno que lo desaloje en los próximos días.

Gabriela Guilló

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó a una familia que devuelva al Gobierno de Mendoza un inmueble que ocupan desde hace 40 años, que está ubicado en luján y que está destinado a Vialidad.

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El Gobierno demandó a Rafael y su hijo Carlos Márquez por ocupar un inmueble ubicado en la ruta 82 de Luján de Cuyo que consta de 2 hectáreas y el cual fue expropiado por el Estado en 1966. Desde ese momento, de acuerdo con la demanda, el lugar es utilizado para actividades de diferentes entidades públicas como la Dinaf y Vialidad provincial.

El predio consta de un galpón para depósito de maquinarias y una vivienda donde reside el cuidador o sereno. Es allí donde se instalaron Márquez  y su familia (ellos alegan en los 70, mientras que los papeles indicarían diez años más tarde), en principio a modo de préstamo ya que era trabajador de Vialidad.

Si  bien Márquez se jubiló en 2012 de la DPV, y el gobierno solicitó la restitución del inmueble, el hombre se negó originando la primera acción judicial en 2018, momento en el que la familia alega tener la posesión del lugar.

Durante este tiempo, desde la Administración Pública enviaron a la familia de cartas documentos, intimaciones, denuncias penales y hasta inspecciones en el lugar, pero los Márquez seguían ahí instalados.

En su defensa, la familia asegura que el gobierno nunca tomó posesión el inmueble y que solo delimitó parte del terreno conocido como "Campamento Álvarez Condarco", que está fuera de "su propiedad", por lo que ellos hicieron posesión del lugar desde 1970.

En relación a su contrato con la DPV asegura que debido a que era vecino lindante fue contratado por la dependencia pública en 1981, cuando llevaba casi diez años viviendo en el lugar.

La posesión de Márquez del terreno fue verbal por parte de una mujer quien sería la propietaria, y a cambio, le pidió que cuidara los terrenos ubicados frente y detrás de donde viviría.

Fue entonces que en estos años, el hombre construyó kioscos, campamentos, camarines y hasta piletas en el terreno. Los años pasaron y si bien a fines del 2021 la Justicia Civil y Comercial falló a favor de los actuales ocupantes, el gobierno concurrió a la última instancia.

A más de 40 años del hecho, esta semana la Suprema Corte revocó la sentencia de Cámara y condenó a los Márquez a que en los próximos 10 días restituyan el inmueble debido a que los ocupantes actuales no tienen en su poder papeles que acrediten su posesión.

 




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