¿Qué pasará con los fallos judiciales por reclamos jubilatorios?
La colocación fue celebrada por el oficialismo como un regreso a los mercados internacionales tras siete años. A cambio de divisas, se entregó un título en pesos con vencimiento en 2030 y una tasa efectiva de más del 30% anual. El análisis de Ismael Bermúdez.
El Gobierno nacional concretó una operación clave para sus finanzas al captar US$1.000 millones provenientes de fondos del exterior mediante la colocación de un bono en pesos con vencimiento en 2030. La operación, según detalló el periodista Ismael Bermúdez en su columna radial por Radio Post, implica una tasa de interés del 29,5% anual nominal, que, al ser pagada en forma semestral, se traduce en una rentabilidad efectiva superior al 30%.
La emisión fue interpretada por el Ejecutivo como un paso relevante en el regreso al financiamiento externo luego de siete años sin acceso al crédito internacional. Los dólares ingresados por esta vía se destinarán al pago de compromisos de deuda durante el resto del año, lo que, sumado a los recursos disponibles del FMI y otras fuentes, permitiría "despejar totalmente" el calendario de vencimientos de 2025.
Uno de los aspectos llamativos de la operación fue el tipo de cambio implícito resultante de la colocación: 1.148 pesos por dólar. Ese valor contrasta con los 1.000 pesos por dólar a los que el Banco Central autoriza intervenir a los exportadores, lo que, de hecho, configura una suerte de compra de divisas más cara por parte del Estado.
Además, el instrumento incluye una cláusula de rescate anticipado: los inversores podrán retirarse a partir de 2027, sin necesidad de esperar hasta 2030. Esta opción resulta especialmente atractiva para los fondos especulativos que podrían reconsiderar su posición en función del resultado de las próximas elecciones presidenciales.
Fallos judiciales por haberes jubilatorios
En otro plano, Bermúdez advirtió sobre el avance de fallos de cámaras federales en distintas jurisdicciones que ordenan recomponer los haberes jubilatorios del período 2020-2023, correspondiente a la gestión de Alberto Fernández. Tribunales de Mendoza, Salta, Mar del Plata y Bahía Blanca han coincidido en que debe reconocerse el deterioro por inflación durante ese lapso, lo que podría significar ajustes de hasta un 40% en favor de los beneficiarios.
Sin embargo, pese a los fallos favorables de primera y segunda instancia, la Corte Suprema mantiene los expedientes sin resolver. "La Corte no da pistas de que quiera pronunciarse, y eso es grave: los jubilados no tienen tiempo para esperar", denunció el periodista, quien señaló que las demoras judiciales pueden extenderse entre cinco y diez años. "Es como si hubieran guardado el expediente en una caja de seguridad con doble candado, y ahora nadie encuentra la llave", ironizó.
Editó: Carina Pérez