Hacer no alcanza, si siempre pagan los mismos

Después de años de abandono, con puentes caídos y rutas detonadas que se cobraron vidas y pusieron en riesgo a muchas más, el gobierno de Mendoza finalmente parece haber comprendido que la infraestructura vial no solo es importante, sino urgente, y que los fondos de Portezuelo del Viento -ese megaproyecto paralizado que nunca se iba a concretar- podían, de una vez por todas, destinarse a algo tangible y productivo para la provincia, como es mejorar la circulación, la logística y los corredores estratégicos que cada día transitan miles de personas.

Hasta ahí, todo bien, porque arreglar rutas como la 40 -que conecta provincias, mueve producción y sostiene parte del entramado económico de Mendoza- no es solo una decisión técnica, sino una necesidad que hace tiempo dejó de ser postergable; sin embargo, lo que no puede naturalizarse es que, una vez más, la mejora llegue de la peor manera posible: cargándole el costo a las familias mendocinas, que ya contribuyen con el impuesto al combustible, el automotor, el presupuesto provincial, y que ahora, además, deberán sumar el pago de un peaje, lo que implica que van a terminar financiando las obras por cuarta vez, como si vivir en Mendoza fuera una penalidad y no un derecho.

Y lo más grave no es solo la multiplicación del esfuerzo económico, que ya de por sí es excesivo, sino la lógica política que respalda esta medida, porque en lugar de exigirle al gobierno nacional que cumpla con sus responsabilidades, como es hacerse cargo de la infraestructura vial federal, el gobierno provincial vuelve a optar por el sometimiento, por la complicidad silenciosa, priorizando el acuerdo electoral con Javier Milei y su espacio antes que la defensa concreta de los intereses de Mendoza, el mismo Mendoza que desde hace años carga con rutas destruidas, falta de mantenimiento y obras inconclusas que hoy, de haber sido atendidas a tiempo, ya estarían resueltas.

Es evidente que las rutas necesitan ser arregladas, porque cada día que pasan en este estado representan un riesgo real para quienes las transitan, pero este plan podría haberse puesto en marcha hace más de dos años, cuando los fondos ya estaban disponibles, y sin embargo, el gobierno provincial eligió la inacción, optó por no molestar al poder central, dejó pasar el tiempo y ahora, con urgencia, busca recuperar lo perdido pero haciéndoselo pagar a quienes ya sostienen el sistema con sus impuestos, con sus tarifas, con sus bolsillos agotados.

No se puede hablar de eficiencia ni de gestión responsable cuando se decide aplicar un peaje sobre rutas que ya fueron cubiertas con recursos públicos, y tampoco se puede hablar de defensa del federalismo si ni siquiera se reclama un reembolso por las obras que la Nación debería haber financiado, porque esa renuncia a reclamar es la que termina trasladando el peso al contribuyente, que hoy paga por circular, por vivir, por producir, por mantener una provincia en la que los servicios básicos se han vuelto un lujo y llegar a fin de mes una meta cada vez más difícil de alcanzar.

Si de verdad existe una voluntad política de avanzar con el mantenimiento de la red vial, entonces esa decisión debe sostenerse con valentía y sentido común, sin castigar a quienes ya están haciendo un esfuerzo descomunal para sostener su día a día, y mucho menos debe convertirse en una herramienta para fortalecer alianzas electorales con sectores que no entienden, no conocen y no priorizan las necesidades de Mendoza; si el gobierno quiere cobrar peaje, que lo haga a quienes atraviesan la provincia sin dejar nada, no a quienes viven, trabajan y aportan todos los días, y si va a invertir en infraestructura, que también exija los fondos a quienes deben pagarlos y que, en lugar de resignarse, defienda con firmeza lo que nos corresponde como provincia.