Mientras avanzan las reformas, el gobierno no define cambios en política cambiaria y monetaria
La falta de decisiones en materia cambiaria y monetaria genera incertidumbre porque el gobierno pierde la oportunidad de liderar al mercado. El análisis de Rodolfo Cavagnaro.
Después del resultado electoral positivo en octubre, el gobierno de Javier Milei se ha perdido en temas internos, pero no ha definido nada en materia cambiaria y esto comienza a preocupar a la sociedad en su conjunto. Empresas tradicionales que cierran, extranjeras que se van del país y todos con el mismo argumento: el atraso del tipo de cambio.
Milei está convencido que el triunfo fue un aval, pero no tiene claro para qué. Y ese aval es para que avance, cosa que hasta ahora no se ha hecho, porque el avance debe producirse en varios frentes. En principio, se está negociando la aprobación del presupuesto, algo que se conseguiría después del 10 de diciembre, cuando ya hayan asumido los nuevos legisladores.
Otros temas en lo que se ha venido avanzando es en las reformas laboral y tributaria, algo que se trató en el Consejo de Mayo, desde donde saldrían los proyectos para mandar al Congreso. Pero la preocupación está relacionada con la falta de determinaciones acerca de la política cambiaria. Concretamente, Argentina necesita aumentar sus reservas y para eso el gobierno debe participar activamente del mercado, pero se han quedado es una posición estática, como de miedo.
El mercado esperaba una reacción de liderazgo, que actúe como guía y que marque un horizonte claro, pero al no hacerlo permite que esos horizontes los dibujen los especuladores. Al parecer no tenían nada planificado para después de ganar porque, quizás, no esperan ganar. Lo real es que no se nota una clara dirección y tampoco se toman decisiones en materia de gasto, ya que hay muchos bolsones de ineficiencia que se podrían corregir.
Esta quietud, como si fuera un nuevo gradualismo, no es aconsejable porque ya sabemos lo que pasó a Mauricio Macri por no hacer los ajustes que había que hacer para evitar conflictos sociales. Si no se quiere cambiar el tipo de cambio, hay que acelerar la baja de gastos mientras no se termina de consolidar las reformas, sobre todo laboral y previsional.
La posible reforma laboral
Después de varias discusiones ya estaría terminado el proyecto de reforma laboral, aunque no tendría acuerdo total ya que el representante de la CGT, Gerardo Martínez, se habría manifestado en contra de algunas cláusulas. De todos modos, se supone que este proyecto, dado que requiere acuerdos legislativos, podría tener que someterse a algunos cambios para garantizar las mayorías requeridas.
Entre algunas de las normas que contiene el proyecto figura en de dar prioridad a los convenios colectivos por empresa por sobre los convenios generales. Además, se deberá atender a las características de cada región. Un tema que genera controversia con los gremios es que el proyecto prevé que se terminen las cuotas compulsivas para el sindicato. Quieren que la contribución sea voluntaria y que no deduzca del sueldo, sino que el trabajador se haga cargo del pago.
Otro tema que se busca implementar es el de "salarios dinámicos" es decir, que no todos los salarios sean iguales, sino que la empresa pueda generar incentivos por productividad. Un tema que puede ser controversial es que la empresa puede extender el horario de trabajo hasta 12 horas, siempre respetando las 12 horas de descanso. Además, crearían un "banco de horas" para que se computen las horas en exceso y se puedan compensar con jornadas de menor actividad. Siempre se deberá respetar el máxima de 45 horas semanales. Todo esto requiere una reglamentación muy clara y controles también muy estrictos para evitar abusos que perjudiquen al trabajador.
Otro de los temas son las vacaciones. Si bien el proyecto no tocaría, en principio, la forma de calcular los días de vacaciones, se plantea la posibilidad de fraccionarlas (algo que suele ser habitual en muchas empresas). El proyecto prevé que se puedan fraccionar en periodos de 7 días, y uno de ellos deberá ser otorgado en verano.
También se plantea volver a los tickets de consumo (antiguamente eran ticket canasta, para compra de alimentos) o de restaurantes (sobre todo para trabajadores que hacen horarios corridos y deben almorzar fuera del hogar). Este tema puede ser polémico porque la Cámara Federal ya los declaró inconstitucionales y se prohibieron usar como parte del salario.
El proyecto prevé una serie de condicionantes al derecho de huelga, ya que las actividades que se consideran esenciales (salud, educación, telecomunicaciones, aeronáutica comercial y control de tráfico aéreo, transporte marítimo y fluvial, y transporte de combustibles, entre otros) deberán asegurar un 75% de presentismo para la prestación de servicios. Además, otras actividades caracterizadas como "actividades o servicios de importancia trascendental" (transporte, diversas ramas industriales, bancarios, gastronómicos, producción de alimentos y hasta servicios de radio y televisión, entre otros) deberán asegurar un 50% de prestación de servicios.
Se prevé simplificar los trámites mediante la digitalización de todo, para que cualquier interesado lo pueda hacer sin tener que recurrir a un abogado o contador. También el proyecto quiere eliminar la inscripción obligatoria de profesionales en los Colegios Profesionales para que les administren la matrícula.
Esto es una parte y, además, habrá que ver cómo queda después de las negociaciones, ya que sea por quitas, agregados o modificaciones. Por ese motivo es que es fundamental que ingrese al Congreso, pero debe ir acompañado por la reforma tributaria. Es que el tratamiento que se les de a los impuestos para bajar la presión impositiva será fundamental para mejorar la competitividad, lo mismo que los denominados "impuestos al trabajo" que traban la creación de nuevos trabajos. No hay ninguna normativa que proteja a las empresas de la "industria del juicio", que causa la quiebra de miles de pymes anualmente.
La reforma tributaria
Es el tema complicado porque cualquier impuesto que se elimine o rebaje afecta a las finanzas provinciales y como las provincias y municipios no han hecho ningún ajuste de personal ni de gasto, no se podrá acordar con ellos ninguna modificación. En este caso, los gobernadores e intendentes prefieren que el gobierno nacional devalúe y eso les daría más recursos.
El Gobierno nacional mucho no puede hacer porque tampoco avanzó en nuevos ajustes, por lo que no tiene muchos márgenes para bajar impuestos. Por ahora se venía negociando un súper IVA, que incluiría el IVA nacional y los Ingresos Brutos provinciales. La idea será que este super IVA sea recaudado por las provincias y que éstas lo coparticipen a la Nación, pero se llena de suspicacias, ante eventuales incumplimientos.
De todos modos, esto no soluciona el problema. Si bien el IVA es mejor que el Ingreso Bruto, porque elimina el efecto cascada. De todos modos, si se quiere ir a sistemas modernos, las provincias deberían tener su propio IVA a la última venta, evitando todo el engorro de calcular acreditaciones. Todos los comerciantes, desde una gran industria hasta un quiosco o almacén deberían emitir un comprobante con el cobro de este impuesto, que deberían ingresar a fin de mes. Eso bajaría el costo y sería más fácil de controlar. Así la nación podría prescindir del IVA, pero el problema es que siguen los gastos. La única alternativa sería que baje el IVA nacional y no se coparticipe.
Todo esto lo veremos cuando los proyectos se presenten y se pongan sobre la mesa.