La motosierra sigue: el Gobierno volvió a recortar gasto social y fondos a provincias

Con el objetivo de preservar el superávit fiscal en medio de una fuerte caída de los ingresos tributarios, el Gobierno nacional volvió a endurecer el ajuste sobre las cuentas públicas durante abril. Según datos relevados por la consultora Analytica, el gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional cayó un 5,7% interanual en términos reales.

El gasto devengado refiere a los compromisos de pago autorizados por el Estado, aunque no necesariamente implica que esos desembolsos hayan sido efectivamente abonados en el mismo momento.

De acuerdo con el informe, el recorte acumulado en el primer cuatrimestre de 2026 alcanzó el 3,9% interanual medido a precios constantes.

Las partidas que registraron los mayores desplomes durante abril fueron las transferencias a provincias, con una baja real del 53,7%; los programas sociales, que retrocedieron 37,3%; y la obra pública, que cayó 15,7%.

Ver: Superávit en tensión: cómo busca sostenerlo el Gobierno ante la caída de ingresos

En contraste, algunos rubros mostraron incrementos. El gasto en personal subió 3,1% interanual real, mientras que las asignaciones familiares y la AUH crecieron 3,8%. Dentro de ese universo, la Asignación Universal por Hijo avanzó 6,2%, aunque el resto de las asignaciones familiares descendió 0,7%.

Analytica también señaló que, entre enero y abril, los subsidios económicos aumentaron 38,7% en términos reales. El principal impulso provino de los subsidios energéticos, que se dispararon 112,9%, mientras que los destinados al transporte mostraron una reducción del 29,4%.

En paralelo, continuó el ajuste sobre las partidas sociales. Las transferencias a provincias acumularon una baja del 51,7% en el primer cuatrimestre y los programas sociales retrocedieron 31,6%.

Dentro de esos programas, la Prestación Alimentar cayó 24,8%; "Acompañamiento Social" y "Volver al Trabajo" -los esquemas que reemplazaron al Potenciar Trabajo- descendieron 27,5%; y las Becas Progresar sufrieron un recorte del 44,3%.

Mientras tanto, comenzó a crecer con fuerza la denominada deuda flotante, es decir, los compromisos asumidos por el Estado que todavía no fueron pagados.

Durante el primer trimestre, la deuda exigible de la Administración Central -que incluye Presidencia, ministerios y los poderes Legislativo y Judicial- aumentó 14% real frente al mismo período de 2025.

El salto más importante se produjo en marzo, cuando esa deuda pasó de $1,94 billones en febrero a $4,04 billones. En la práctica, eso implicó la postergación de pagos por casi $2 billones.

Incluso, el monto acumulado quedó por encima del registrado un año atrás: en marzo de 2025, la deuda flotante equivalía a $3,5 billones ajustados por inflación.

El endurecimiento del ajuste ocurre además en un contexto de caída de la recaudación. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los ingresos tributarios se redujeron 6,7% real durante el primer cuatrimestre de 2026.

Ese deterioro obliga al equipo económico a administrar con mayor precisión la relación entre ingresos y gastos para cumplir las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

Tras la última revisión del acuerdo con el FMI, la exigencia de superávit primario se redujo de 2,2% a 1,4% del PBI. De acuerdo con cálculos privados, esa flexibilización representa un alivio cercano a los u$s4.700 millones.