Superávit en tensión: cómo busca sostenerlo el Gobierno ante la caída de ingresos
Con una recaudación en baja y una meta más exigente de 1,5% del PBI, el equipo económico apuesta a recortes selectivos del gasto, menor peso de subsidios y una mejora en la actividad para sostener el equilibrio fiscal.
El equilibrio fiscal sigue siendo el eje central del programa económico del Gobierno, pero su sostenimiento enfrenta crecientes desafíos. Con una meta de superávit primario del 1,5% del PBI para 2026 -por encima del 1,4% alcanzado en 2025-, la estrategia oficial se apoya en distintos factores más allá del ajuste del gasto.
Uno de los principales condicionantes es la caída de la recaudación. En marzo, los ingresos tributarios retrocedieron un 4,5% real interanual y acumulan ocho meses consecutivos en baja. En el primer trimestre, la merma habría sido del 8,7% interanual en términos reales, según estimaciones del IARAF.
Este deterioro ya se refleja en las cuentas públicas. De acuerdo con la consultora MAP, el superávit primario alcanzó el 0,3% del PBI en el primer bimestre del año, por debajo del 0,4% registrado en 2025 y del 0,6% de 2024, lo que evidencia una mayor dificultad para sostener el resultado fiscal.
Desde el Ministerio de Economía, el titular de la cartera, Luis Caputo, apunta a revertir esta tendencia a través de una mayor formalización del empleo y de los ahorros. En ese marco, vinculó el envío conjunto al Congreso de la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal como herramientas para ampliar la base tributaria.
El ministro también atribuyó la caída en los ingresos a la reducción de impuestos y a un incremento de la informalidad laboral. Hasta noviembre de 2025, la baja en la recaudación estuvo asociada a la eliminación del impuesto PAIS, los cambios en Bienes Personales y la reducción de retenciones al agro. Sin embargo, en los últimos cinco meses, según MAP, la caída se volvió más generalizada.
A pesar de este escenario, algunos indicadores muestran señales de mejora. La consultora Quantum Finanzas destacó que ciertos tributos vinculados a la actividad comenzaron a repuntar en marzo. El IVA DGI -que representa el 25% de la recaudación- creció un 0,4% real interanual, mientras que el impuesto al cheque -con un peso del 8%- avanzó un 4,8% en la misma comparación.
Otro elemento que juega a favor del Gobierno es el crecimiento económico. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en enero un aumento del 1,9% interanual y del 0,4% respecto de diciembre. No obstante, este repunte no se traduce de manera homogénea en la recaudación, en parte por la composición sectorial: actividades como minería, agro, petróleo, gas e intermediación financiera lideran la expansión, mientras que comercio e industria -más intensivos en empleo- permanecen rezagados.
En este contexto, los analistas coinciden en que sostener el superávit no depende únicamente del ajuste, sino también de una recuperación más amplia de la economía. Desde la consultora LCG, el economista Antonio Navarro sugirió que, sin resignar el equilibrio fiscal, podría evaluarse una reasignación del gasto hacia sectores con mayor impacto en la actividad, como la obra pública.
Del lado del gasto, el margen de maniobra es limitado. Según MAP, cerca de la mitad de las erogaciones -como jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo- están indexadas a la inflación. El resto de las partidas se encuentra en niveles mínimos desde 2009, con excepción de los programas sociales.
Por eso, el ajuste se concentra en los componentes discrecionales, incluyendo recortes en transferencias y postergación de pagos. En el primer trimestre, el gasto habría caído un 3,3% interanual, de acuerdo con la consultora Analytica.
Entre las herramientas disponibles, los subsidios energéticos aparecen como uno de los principales "ases" del equipo económico. Desde 2023, este rubro se redujo a un ritmo de aproximadamente 0,5% del PBI por año, tendencia que podría profundizarse tras el nuevo esquema implementado en febrero. En 2025, estos subsidios alcanzaron un piso de 0,7% del PBI.
Aun así, los especialistas advierten que el ajuste adicional será complejo. La caída de la recaudación y la presión de nuevas iniciativas legislativas -como la reforma laboral, el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad- podrían tensionar la meta fiscal, en un escenario donde el objetivo de superávit es más exigente que el del año pasado.
