COVIAR judicializa la pelea con Sturzenegger por el fin del aporte obligatorio
La entidad vitivinícola presentó un amparo para frenar la decisión del Gobierno nacional de eliminar la contribución que financia el Plan Estratégico Vitivinícola. Desde la corporación aseguran que una resolución no puede modificar una ley vigente.
La disputa entre el Gobierno nacional y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) sumó un nuevo capítulo. Tras la decisión impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar el aporte obligatorio que realizan las bodegas para financiar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), la entidad resolvió avanzar judicialmente para intentar frenar la medida.
La definición fue tomada por el directorio de COVIAR durante una reunión realizada el viernes 8 de mayo, apenas dos días después de que se conociera la resolución oficial. Desde la corporación calificaron la iniciativa del Gobierno como "inconsulta, inoportuna e improcedente" y confirmaron la presentación de una medida cautelar junto a un recurso de amparo.
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Según detallaron desde la entidad, la decisión fue respaldada por cámaras empresarias y representantes de provincias vitivinícolas como San Juan, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Entre Ríos.
El presidente de COVIAR, Fabián Ruggeri, sostuvo que el objetivo es impedir que se interrumpa el sistema de financiamiento del PEVI. "La contribución no puede dejar de ser obligatoria porque, de otro modo, algunos pagarían mientras todos se benefician", argumentó.
La controversia se originó luego de que Sturzenegger justificara la eliminación del aporte señalando que el Estado estaba actuando como recaudador de fondos para el sector privado. El funcionario aseguró que la decisión busca terminar con el esquema de financiamiento de COVIAR y del PEVI.
Desde la corporación respondieron con dureza. Ruggeri cuestionó al ministro y consideró que la medida suma tensión a un sector que atraviesa una situación crítica. Además, lo acusó de tener una mirada "parcial y elitista" de la actividad vitivinícola, al considerar que sólo escuchó a una parte de la industria.
El eje central de la estrategia judicial de COVIAR está apoyado en la Ley Nacional 25.849, sancionada en 2004, que dio origen al PEVI y estableció el funcionamiento de la corporación como una entidad de derecho público no estatal encargada de ejecutar el plan estratégico de la vitivinicultura argentina.
Para la conducción de la entidad, ese marco legal sigue plenamente vigente y no puede ser alterado mediante una simple resolución administrativa. "Una resolución no puede modificar una ley", remarcaron desde COVIAR, al explicar los fundamentos del recurso que será presentado ante la Justicia dentro de los próximos días.
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Mientras tanto, el conflicto promete profundizarse. En el sector descuentan que el Gobierno nacional sostendrá la medida y defenderá en tribunales la política de desregulación impulsada por Sturzenegger, en una pulseada que podría abrir un nuevo frente de tensión con parte de la industria vitivinícola argentina.